La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez de la primera fracción de normas que constituyen el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con lo que sólo quedaron vigentes cuatro de las seis leyes que fueron modificadas por el Congreso de la Unión.

El pleno de la Suprema Corte consiguió los ocho votos requeridos, aunque fueron nueve en total, para invalidar la norma, con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes han dejado ver anteriormente su afinidad al gobierno del presidente López Obrador.

De esta forma, las modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022 y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre.

El proyecto estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, quien admitió las acciones de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, 30, 31, 37, 38, 43 y 47/2023. En su proyecto, el ministro sustentó hasta tres irregularidades de la norma, la primera de ellas en cuanto al Congreso constituido como un Parlamento Abierto; la consulta popular a poblaciones indígenas, al tratarse de una ley electoral; y los vicios legislativos en los que se incurrió en la Cámara de Diputados.

El pleno determinó por unanimidad que no había ningún impedimento para que el ministro Pérez Dayán participará en la discusión, con lo que se dio paso a la discusión del proyecto.

Entre los puntos que más causó controversia fue en torno a la violación de los procedimientos legislativos, pues el proyecto detalló que, aunque la iniciativa fue presentada a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) 6 de diciembre, por la noche el proyecto se dio trámite para su discusión y se llamó a un receso.

Una hora después, Morena informó que hizo suya las reformas del ejecutivo y realizó cambios, dando paso inmediato a la votación, un hecho que generó descontento y la solicitud de diversas mociones suspensivas.

Para las 02:08 hrs del 7 de diciembre, la iniciativa ya había sido aprobada en lo general y en lo particular, con lo que el dictamen fue enviado al Senado de la República para su análisis y posterior aprobación.

Este tipo de irregularidades señaladas por el ministro dieron materia para una larga discusión en el pleno de la Corte, argumentos que fueron respaldados por los ministros Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar, Alfredo Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo y el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán.

Mientras que, en contraste, quien se pronunció a favor de la validez de esta fracción del Plan B electoral fue la ministra Yasmín Esquivel, quien consideró que la violación a los procedimientos electorales no están debidamente justificados, pues la Junta de Coordinación Política —que congrega a todos los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos— se reunió previo a la sesión y se acordó el procedimiento que se daría a las iniciativas.

Enseguida se pronunció la ministra Loretta Ortiz, quien consideró que el hecho de que el hecho de que la mayoría parlamentaria, liderada por Morena, haya hecho suya la iniciativa presidencial y le realizara modificaciones, ello forma parte de las prácticas parlamentarias y no puede ser juzgado por la Corte. En ese sentido, se pronunció en contra de la invalidez del proyecto.

Al final de la discusión judicial, la ministra presidenta Norma Piña Hernández señaló que su voto iba a ser a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán, ya que consideró que el Plan B fue aprobado sin observar algunas de las reglas constitucionales y legales del proceso, lo que dio paso a que éste fuera invalidado.