El paquete de 20 propuestas de reformas a diferentes ámbitos que envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador causó escepticismo a expertos, quienes coinciden en que tienen una finalidad más política rumbo a las elecciones de junio próximo.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, indicó que la coalición de Morena no cuenta con los votos suficientes para pasar estas reformas, sin embargo, es un tema del que ya está consciente el presidente de México.

“Lo que busca es discutir estos temas para obtener reflectores y réditos políticos al proponer reformas financieramente inviables que la oposición rechace. También es una manera de marcar la agenda de su posible predecesora”, aseguró.

A modo de ejemplo, indicó que la reforma de pensiones no fue seria, ya que “propone financiar con ingresos extraordinarios el gasto recurrente que implica el sistema de pensiones complementario que propone. No tiene viabilidad financiera”, indicó.

Por su parte, Víctor Gómez Ayala, director de analítica de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que, desde un punto de vista económico, hay varias propuestas que llaman la atención por la dificultad con la que lograrían llevarse a cabo.

“Por ejemplo, con la iniciativa que aborda el uso de las vías férreas para transporte de pasajeros, significará un cambio mayúsculo para la industria, debido a la forma en la que están estructuradas las concesiones en el sector ferroviario, el presidente debe entender la manera en la que estas iniciativas impactarán a los mercados y la forma en la que operan”, dijo.

Consideró que la mayoría de las iniciativas tienen un punto de interés político, ya que el objetivo del presidente consiste en tener un control muy riguroso de la agenda legislativa y de cara a las próximas elecciones.

“El involucramiento de la oposición será clave para que las iniciativas puedan ser aprobadas en este periodo, pero difícilmente veremos una aprobación de una reforma constitucional si esta contraviene los derechos de los trabajadores o afecta económicamente a las personas, será difícil que en un proceso electoral como el que tenemos, la oposición respalde estas modificaciones”, apuntó.

En este sentido, señaló que económicamente, hay algunas propuestas que prenden algunas ‘alarmas’, como la de ligar el salario mínimo o las pensiones contributivas a la inflación.

“Esa propuesta puede generar complicaciones en el entorno macroeconómico, porque podrían ocasionar problemas de cómo se comportan los precios, así como como generar conflictos en el proceso de formación de empresas en la economía”, apuntó.

Falta estructura

Mario Di Costanzo, consultor financiero y expresidente de la Condusef, consideró que las reformas presentadas tienen un tinte “electorero” a propósito de los comicios que se llevarán a cabo a mitad del año. Por ejemplo, la relacionada a pensiones y salario mínimo las calificó como muy limitadas.

Por un lado, sobre las pensiones anotó que se deja fuera a muchos trabajadores, pues está enfocada en el régimen 97 y los que están por jubilarse; así como para quienes tienen 65 años. Opinó que si se busca apoyar a los trabajadores se tendrían que reducir las semanas de cotización, lo cual chocaría con los cambios establecidos en 2020.

Descartó el riesgo de que desaparezcan las Afores, pero cuestionó el funcionamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que no está claro en la iniciativa.

En relación al incremento del salario mínimo que no esté por debajo de la inflación apuntó que “está muy mal redactada”, pues establece que la fijación anual de los salarios nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia, pero debería ser de un periodo antes.

“Son iniciativas que les falta mucha claridad, mucha técnica. No viene establecido el impacto presupuestario. Son electoreras, tienen poca credibilidad. Son muy limitadas en cuanto a los trabajadores que se pudieran beneficiar de esto”, dijo.

Al respecto, Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, expuso que “el aumento del salario mínimo sí tendría que ser de acuerdo a la inflación, pero no más allá de eso, debido a que ya se les está terminando el espacio para hacer los aumentos bien grandotes que se han hecho los últimos años”. Advirtió que los aumentos pueden tener un impacto inflacionario.

“Todo debería estar alineado a aumentos a la inflación, precisamente para no perder el poder adquisitivo”, recomendó.

Víctor Ayala, del IMCO, añadió que la propuesta de emplear al menos un año en el sector público a todos los jóvenes que no estudian ni trabajan involucran un uso cuantioso de recursos públicos, y la parte más ausente del discurso es la interrogante acerca “de qué manera está pensando el presidente que se van a fondear todas estas actividades”.

Con información de Héctor Usla, Ana Martínez y Felipe Gazcón. vía El Financiero