Claudia Ortiz era la única mujer visible en la comisión de hacienda del Congreso salvadoreño que se reunió el 8 de noviembre pasado en San Salvador para discutir la propuesta de presupuesto nacional que el gobierno de Nayib Bukele ha presentado para el ejercicio fiscal de 2023. La mesa la presidían dos hombres, diputados leales al presidente, quienes, flanqueados por cuatro colegas de su partido y afines, también hombres, intentaban desechar, con desdén y mal disimulada arrogancia, los cuestionamientos de la diputada Ortiz.
En aquella reunión, Ortiz increpó a los diputados oficialistas por no transparentar el gasto público y bloquear los portales de transparencia que, por ley, el gobierno debería de mantener activos. “El mejor portal de transparencia es ver las obras”, respondió, molesto, el diputado William Soriano de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, a una de las preguntas de la diputada. Christian Guevara, jefe de la bancada bukelista a quien Estados Unidos ha señalado como actor corrupto y antidemocrático, servía de escudero mientras su colega confrontaba a Ortiz.
Soriano, un diputado que antes de recalar en los círculos de Bukele había trabajado para las empresas salvadoreñas financiadas con dinero del petróleo venezolano y luego investigadas por lavado de dinero, también había acudido a los ataques personales contra Ortiz para intentar frenar los cuestionamientos de la diputada.
Claudia Ortiz les respondió, serena. “Si la presencia de esta diputada les incomoda, mi recomendación es que se acostumbren. Es fácil asumir que no nos importan los datos, que no nos importa la ejecución presupuestaria cuando el dinero no es nuestro, pero aquí estamos cuidando el dinero de la gente haciendo las preguntas que corresponde”, les increpó.
En una entrevista con Infobae, Ortiz explica que estas comisiones, a las que los funcionarios del gobierno de Bukele deben de llegar obligados por ley, son las únicas oportunidades que la oposición en el Congreso tiene para buscar información sobre el gasto y otros temas de interés público. Por no dar, los diputados oficialistas ni siquiera dan a sus colegas de oposición las agendas de las sesiones plenarias semanales. Diputados como Claudia Ortiz trabajan a ciegas en el parlamento salvadoreño.
“En cosas tan básicas como esa hay una total desfachatez de no dar cuentas. Los momentos clave donde podemos obligar a la rendición de cuentas son cuando en las comisiones tenemos frente a frente a un funcionario y ahí les podemos hacer las preguntas frente al escrutinio público”, explica la parlamentaria.
Una voz en el silencio
Claudia Mercedes Ortiz Menjívar nació el 10 de septiembre de 1987 en San Salvador. Graduada del Colegio Sagrado Corazón, uno de los institutos católicos más importantes de la capital, y como abogada de la Universidad Centroamérica, la UCA de los jesuitas, Ortiz hizo carrera en el mundo de los centros de pensamiento salvadoreños, como analista jurídica y de políticas públicas. En 2021, cuando la ola bukelista arrasó en las elecciones legislativas, fue elegida como diputada por Vamos, un pequeño partido de oposición recién formado.
Ortiz empezó a hacerse visible desde el principio de la legislatura, marcada muy temprano por el silencio abrumador de los partidos tradicionales, que desde la llegada de Nayib Bukele al poder, emprendieron, por voluntad propia o forzados por el presidente, un camino hacia la irrelevancia del que parece no haber retroceso.
La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el partido de derecha que gobernó 20 años el país desde las postrimerías de la guerra civil en 1989, apenas sentó a 11 diputados en el congreso unicameral de 84 sillas en 2021, después de haber sido mayoría durante años. El FMLN, el partido de izquierdas en el que Bukele inició su carrera y del que fue expulsado en 2017, solo logró 4 diputados, muy lejos de las bancadas compuestas por decenas diputados cuando también tuvo mayorías.
Los diputados de ARENA, otrora combativos ante Bukele, terminaron sumidos en el silencio, sangrados por las renuncias de sus alcaldes en el territorio, por faltas de liderazgos y por el retroceso de sus principales financistas, empresarios que terminaron abrazando al presidente. Al FMLN lo dividió, desde adentro, José Luis Merino, el capo que durante años controló al partido gracias a su gestión del dinero venezolano a través del conglomerado Alba Petróleos. Durante la campaña, Merino apoyó a Bukele, según han confirmado a Infobae dirigentes efemelenistas.
En ese desierto opositor, la voz de Claudia Ortiz, la única de su partido y una de los 20 legisladores de oposición, empezó a hacerse más sonora.
“¿Cuál es el papel de una diputada de oposición en una Asamblea Legislativa como esta, en un país como este, abrumado por el dominio de Nayib Bukele?”, exploró Infobae el rol de una diputada cercada por la supermayoría de diputados leales al presidentes, quienes controlan la agenda, todos los medios de comunicación oficiales del Congreso y la supermayoría de 64 sillas que les permite aprobar presupuestos, elegir funcionarios de segundo grado como el fiscal general o magistrados de la Corte Suprema de Justicia e incluso apagar los micrófonos en las comisiones legislativas cuando son importunados.
“El objetivo es representar con lo que tengamos a la mano, con el espacio de poder que se nos ha otorgado, aunque sea bastante restringido. Hay un aparataje y malas prácticas constantemente buscando reducir el espacio de influencia… Pero nuestro objetivo es ese, representar y hacer rendir cuentas, evidenciar las falacias y las mentiras del discurso gubernamental… evidenciar ante la gente la propaganda gubernamental”, dice Ortiz.
La pregunta, luego, parece obligada: “Nayib Bukele logró el control del Congreso gracias al apoyo popular masivo. Sus diputados no pierden oportunidad para decir que son ellos quienes representan al pueblo, ¿no legitima eso su mandato?”
“Es importante hacer la diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Un diputado o una bancada pueden ser legítimos porque llegaron por elecciones libres, democráticas competitivas y transparentes. Pero si ese poder dado no se ejerce siguiendo los intereses de sus electores, cuando no se ejerce rindiendo cuentas, cuando abusa, cuando oculta información, cuando violenta derechos humanos a través de las decisiones que toma o limita la independencia de los funcionarios, entonces ese poder deja de ser legítimo, porque ya no se ejerce de forma democrática”, responde Ortiz.
Algunas encuestas parecen dar la razón a la diputada. Si bien Nuevas Ideas (NI), el partido formado por Nayib Bukele y gerenciado por sus familiares, se mantiene al tope de la preferencia popular, sus números se han reducido a la mitad. En 2021, año de las últimas elecciones legislativas, NI cosechaba entre el 44% y el 47% de las preferencias. Un año y medio después, el número se redujo al 27% según una encuesta de opinión de la Universidad Centroamericana del pasado octubre. Ese último sondeo cifra en 65% el porcentaje de salvadoreños que no tienen preferencia por ningún partido político.
Además, cuando se las examina con detenimiento, las encuestas también arrojan datos que indican que buena parte de los ciudadanos no está de acuerdo con algunas de las políticas insignia del gobierno Bukele, como la adopción del Bitcoin como moneda de circulación legal o el régimen de excepción decretado en marzo y que ya el congreso bukelista extendió ocho veces.
En general, según la misma encuesta de la UCA, el 75% de la población aprobaba el régimen de excepción en octubre, diez puntos menos que la cifra registrada el mes anterior. Además, cuando opinan sobre medidas concretas del régimen, como detenciones por periodos mayores de 72 horas o las capturas sin orden judicial, 8 de cada 10 salvadoreños desaprueban.
La diputada Ortiz votó, el 15 de noviembre pasado, contra la octava renovación del régimen de excepción propuesta por el ministerio de seguridad de Bukele, como lo ha hecho cada vez que la bancada oficialista, sin discusión y a petición del Ejecutivo, aprueba una prórroga más. Este régimen, cree Ortiz, ha terminado favoreciendo al crimen organizado y provocando detenciones arbitrarias y muertes en las cárceles salvadoreñas.
Aunque las cifras de homicidios han bajado durante la gestión de Bukele, Claudia Ortiz cree que es imposible saber hasta dónde eso se debe a las medidas implementadas durante el régimen de excepción o al reportado pacto del gobierno con las pandillas MS13 y Barrio 18. Al final, reflexiona, el gobierno mantendrá el régimen como un argumento electoral.
“Tal parece que se va a tratar de hacer todo lo posible por mantener el régimen de excepción y ahora también están legalizando para que queden de forma más permanente las medidas más peligrosas del régimen de excepción, y lo que veo con preocupación es que hay disposiciones en esas reformas que podrían estarle dando privilegios procesales a pandilleros que sí forman parte de esas estructuras”, asegura.
Uno de los grandes problemas con estas medidas, cree Ortiz, es la discrecionalidad que dan al fiscal general de la república, en este caso a Rodolfo Delgado, el abogado al que los diputados oficialistas impusieron en el principal despacho del Ministerio Público en mayo de 2021.
“El fiscal va a definir a quién se va a perseguir… y cuando pensamos en el contexto actual y los antecedentes de quienes están al frente de estas instituciones vemos que se están abriendo espacios que podrían dar lugar a mantener sus beneficios a los líderes del crimen organizado en detrimento de quienes han sido detenidos en el régimen de excepción siendo inocentes”, asegura la diputada.
El contexto del que habla Ortiz vuelve a arrojar elementos que ilustran sus preocupaciones. Delgado, el fiscal general, ha bloqueado la extradición de al menos dos líderes pandilleros de la MS13 a Estados Unidos, donde son reclamados, junto a otra docena de jefes criminales, por delitos de terrorismo, homicidio y tráfico de armas. Delgado, además, fue abogado de un presunto lavador de dinero de la MS13 antes de ser fiscal general, según una investigación periodística reciente.
La oposición en el país del miedo
Claudia Ortiz no utiliza aún la palabra dictadura para describir la situación política de El Salvador, pero identifica, sí, el camino que lleva hacia ella. La falta de independencia de algunas instituciones como la fiscalía general respecto al Ejecutivo es, dice, uno de los síntomas. “La cooptación casi total de las instituciones por una sola fuerza y el temor de la ciudadanía de organizarse, de alzar la vos, de denunciar abusos” es parte de eso, dice.
“La calidad de la democracia en El Salvador nunca ha sido plena, pero hoy las condiciones para mejorar esa calidad son exiguas. El espacio para la participación de partidos políticos con un signo ideológico o con ideas o con una agente diferente a la oficial es muy complicada”, continúa.
Hubo un momento, a finales de 2021, en que el rumbo de la protesta popular a algunas políticas del presidente Bukele parecía navegar hacia otro lado, uno de más presencia callejera y de voces más claras de oposición.
El 15 de septiembre del año pasado, decenas de miles de personas se volcaron a la calle para protestar contra Bukele, contra su política Bitcoin, recién implementada, y contra sus avances autoritarios. La protesta había crecido de forma abrumadora en pocos meses. Pero llegó marzo de 2022, con la matanza de casi un centenar de personas en pocas horas por el rompimiento del pacto entre el gobierno y las pandillas, y luego el régimen de excepción que dura ya ocho meses. Entre otras cosas, ese régimen cercenó la protesta y alimentó el miedo.
El régimen de excepción, considera Claudia Ortiz, ha sido el instrumento más importante del gobierno para consolidar el miedo. Es, cree, un paso más de un gobierno que camina a pasos agigantados la senda del autoritarismo y que ya hizo suyo un modelo de acoso que inició con el escarnio público y la persecución de personas inocentes y opositores.
El final de ese camino, dice Claudia Ortiz, es previsible: “Se va configurando el escenario de un régimen autoritario en que las condiciones están dadas para que empeore si no hay un cambio radical en la manera en la que se están sucediendo los hechos”.
“¿Qué hace una diputada de oposición, de una oposición disminuida, para empezar a pensar siquiera en un cambio radical?”, pregunta Infobae de cara a las elecciones generales de 2024, cuando los salvadoreños volverán a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes, y a las que Bukele, a pesar de las prohibiciones constitucionales, se presentará a la reelección, según lo anunció el 15 de septiembre pasado, a un año de las manifestaciones masivas en su contra de 2021 y en plena vigencia del régimen de excepción.
“Generar una alternativa, un proyecto alternativo de gobierno”, responde Ortiz, quien entiende la importancia de 2024 y la de 2027, cuando ocurran los próximas legislativas. Pero no es lo electoral, dice, lo más importante. “Es un momento muy prematuro, pero en El Salvador la gente ha luchado durante muchos años y a veces toma tiempo que la gente pase de la lucha social a la lucha política. Sin duda esto no es solo de cara a 2024, va mucho más allá, porque no estamos peleando por una elección, sino por el país”.
Información de: Infobae
