Tres jóvenes han sido asesinados en Chalco, en el Estado de México, en un linchamiento. El ataque se produjo en la madrugada del domingo al lunes presuntamente en represalia a una serie de robos que habían tenido lugar en el municipio, según la Fiscalía estatal. Las víctimas tenían 22, 21 y 17 años. Sus cuerpos se encontraron tirados en un canal de riego: tenían quemaduras y golpes por todo el cuerpo. La dependencia ha abierto una investigación.

A unos metros de la avenida de Los Pinos y de la unidad habitacional de Los Álamos, al sureste de Chalco, se localizaron los cadáveres de los tres jóvenes. Los paramédicos llegaron al lugar, pero ya no tenían signos vitales. Cerca de ellos, los agentes encontraron dos vehículos, una camioneta Ford Explorer, color blanco, con placas del Estado de México, y una moto de color rojo. Los tres fallecidos eran originarios del poblado vecino de Santa María Huexoculco, también dentro de Chalco.

Los linchamientos se han convertido en un fenómeno recurrente en esta zona del país como una respuesta violenta ante la falta de resolución de los delitos. En el Estado de México se han producido 104.000 robos hasta septiembre de 2022, según los datos del Secretariado de Seguridad Pública. Es la cifra más alta de todo el país, que duplica la de sus vecinos de la capital —con 56.000— o se dispara con respecto a la de Puebla (22.000) o Morelos (11.000). Dentro de esa situación, Chalco, situado en la zona conurbada de Ciudad de México y pegado a Puebla, es uno de los municipios de México donde más delitos de alto impacto se registran.

La ciudad, de 400.000 habitantes, está sumergida en una fuerte dinámica delictiva desde los años 90. La entrada de la Familia Michoacana en el Valle de Chalco desde el 2006 disparó la inseguridad de toda esta área; y el robo a comercios y transeúntes se volvió uno de los mayores temores de la localidad, así como las continuas ejecuciones por la disputa del control de la venta de droga.

Ante la sensación de impunidad, los linchamientos se han vuelto frecuentes. Hace solo unos meses que 200 vecinos de Papatlazolco, en la sierra de Puebla, torturaron y quemaron vivo a Daniel Picazo, un asesor del Congreso de 31 años, después de que se dispararan por WhatsApp los rumores de que un hombre estaba secuestrando niños. La policía municipal no impidió el brutal asesinato de Picazo, . La Fiscalía del Estado detuvo días después a cinco personas, pero fueron decenas las que participaron en su muerte.

Un estudio de la Universidad Iberoamericana de Puebla relacionó los linchamientos con la pobreza, la desigualdad y el abandono históricos de estas comunidades, donde estos actos se convierten casi en un ritual. El Estado ausente y el estrés social son factores, sostiene el documento, que incrementan estos sucesos, que se van quedando en el imaginario social como una forma legítima de defensa ante los peligros que acechan.

Una encuesta sobre percepción de seguridad ciudadana y convivencia social de 2017 revela que el 77% de los mexicanos estaba de acuerdo con golpear a una persona sorprendida en un acto delictivo. La ejecución pública es la respuesta simbólica que busca la mayor visibilidad, “un mensaje que pueda ser visto por la colectividad”, porque se trata de “castigar y educar a la comunidad”, convirtiéndose, dice el estudio de la Iberoamericana, en “performances culturales espectaculares”.