Fue, de hecho, la embajada de Estados Unidos en San Salvador la primera que advirtió que Crook había sido liberado en circunstancias poco claras y pidió explicaciones al gobierno salvadoreño, las cuales los funcionarios de Bukele nunca dieron.

En mayo de 2022, el periódico El Faro publicó audios en los que se escucha a Carlos Marroquín, secretario de Reconstrucción del Tejido Social en la casa presidencial de Bukele, confesar que él había llevado a Crook hasta Guatemala. Otro líder pandillero que habló con El Faroconfirmó que el gobierno de Bukele facilitó la huida de Canales Rivera. La liberación del Crook “fue un transe (arreglo) que se hizo. Imagínese cómo hicimos eso: fue puro poder del Estado. ¿Ve la chuquedad (suciedad) de cómo lo sacaron con carros del sistema?”, dijo el pandillero a los periodistas.

Luego de huir de El Salvador, con ayuda de Bukele y los suyos, Crook se instaló un tiempo en el sur de México y luego en la capital, donde desde hace meses se mueve en el sector de Santa Úrsula, al sur de la ciudad, según confirmó un agente federal estadounidense que ha seguido la pista a los criminales salvadoreños y a las negociaciones de las pandillas MS13 y Barrio 18 con el gobierno de Nayib Bukele desde que el presidente asumió su cargo en 2019. Infobae confirmó la información con un funcionario diplomático estadounidense en Washington.

La liberación de Crook ocurrió en el marco de ese pacto que Bukele negoció con los liderazgos de las dos pandillas más importantes en el país centroamericano para garantizar gobernabilidad y lograr la reducción de homicidios a cambio de, entre otras cosas, blindar a algunos de sus líderes de la extradición a los Estados Unidos, donde la corte neoyorquina los reclama para que respondan por una acusación de terrorismo y otros crímenes que el Departamento de Justicia hizo a principios de 2021.

Bukele cumplió buena parte de su trato y no solo bloqueó la extradición de algunos de esos líderes sino que, como en el caso de Élmer Canales Rivera, el Crook, los ayudó a escapar.

Durante meses, Bukele y sus funcionarios han negado las negociaciones con las pandillas y, por medio de su aparato de propaganda, han intentado esparcir la narrativa de que las investigaciones periodísticas que han revelado detalles del pacto son mentiras publicadas por lo que ellos llaman medios opositores. Lo que no suelen decir los representantes del presidente salvadoreño es que la instancia que ha investigado y confirmado ese pacto es el gobierno de los Estados Unidos.

En septiembre de 2022, la embajada de El Salvador en Washington incluso mintió a miembros del Congreso de los Estados Unidos que dirigieron una audiencia en la Cámara de Representantes para escuchar sobre el régimen de excepción que el gobierno Bukele instaudró en El Salvador en marzo del año pasado. En los textos de presentación de la audiencia, los congresistas se refirieron al pacto de Bukele con las pandillas e invitaron a los testigos convocados a abordar el tema.

El 9 de septiembre de 2022, unos días antes de la audiencia, un diplomático adscrito a la embajada salvadoreña escribió esto al congresista republicano Christopher Smith, uno de los que estarían presentes en la audiencia sobre El Salvador: “Se establece que el 27 de marzo de 2022 la explosión de violencia fue causada ‘según se reporta por la ruptura de negociaciones entre el gobierno de El Salvador y líderes pandilleros’. Aparentemente, la principal fuente de esa información es el reporte de un periódico digital”.

Bukele y los suyos saben, sin embargo, que agentes federales de Estados Unidos investigan el pacto con las pandillas al menos desde 2019, y que la embajada estadounidense en San Salvador estaba enterada de esas investigaciones y de las pruebas recabadas por miembros de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en El Salvador que confirmaban el trato con los pandilleros. El gobierno de El Salvador sabe, también, que su similar en Washington creó una fuerza de tarea a la que llamaron Vulcano para continuar con esas investigaciones luego de que Bukele impuso a un fiscal general afín para, entre otras cosas, evitar que la fiscalía salvadoreña ahondara en las investigaciones sobre el pacto.

Ha sido el grupo Vulcano, según confirmó uno de los agentes federales consultados, el que ha dado seguimiento a la huida de líderes pandilleros salvadoreños hacia México, y el que se ha mantenido al tanto del paradero de Crook.

En septiembre de 2022, apoyado en las investigaciones de Vulcano, el Departamento de Justicia hizo una nueva acusación en una corte de Nueva York contra los pandilleros de El Salvador, en la que ahonda en detalles sobre las negociaciones de Bukele con la MS13 y el Barrio 18. Ese documento ha llevado a sede judicial la versión del gobierno estadounidense sobre el pacto. En la acusación no se menciona al presidente Nayib Bukele, pero si a Marroquín, el secretario presidencial que llevó al Crook a México, y a Osiris Luna Meza, director de prisiones y otro funcionario cercano a Bukele.

A Luna Meza y Marroquín los agentes de Vulcano llevan meses siguiéndoles la pista. En diciembre de 2021, una fuente del gobierno estadounidense confirmó a la agencia Reuters que tenían lista una acusación penal contra ambos funcionarios. Ese mismo mes, el Departamento del Tesoro designó a Luna Meza como objetivo de investigación por, entre otras cosas, negociar con las pandillas en nombre de Bukele.

La acusación que los fiscales estadounidenses hicieron en septiembre de 2022, y que recién fue hecha pública el 22 de febrero pasado, deja claro que Élmer Canales Rivera, el Crook, fue liberado por el gobierno de Bukele. “El gobierno de El Salvador lo liberó… a pesar de un código rojo de Interpol y de que había pendiente una solicitud de extradición de los Estados Unidos”.

Otra de las cosas que confirma esta nueva acusación es que el pacto de Bukele con los pandilleros incluía la reducción de homicidios. Aunque, según el Departamento de Justicia, estos crímenes no se redujeron como el gobierno alega, ya que las pandillas continuaron escondiendo y deshaciéndose de cadáveres para que el gobierno no los contara.

Una megacárcel en la que no caben los líderes de la MS13

A la publicación de la nueva acusación de los fiscales estadounidenses contra líderes de la MS13, en la que el gobierno de Estados Unidos confirma todos los tratos de Nayib Bukele con las pandillas, el gobierno de El Salvador respondió con un estruendoso despliegue publicitario para mostrar el traslado de cientos de pandilleros a una megacárcel recién construida.

Con una elaborada producción audiovisual publicada en redes sociales y en medios oficialistas, y siguiendo el guion de cajas de resonancia protagonizado por diputados y funcionarios bukelistas, el gobierno desplegó imágenes de personas tatuadas, rapadas y vestidas únicamente con un pantalón corto que eran trasladadas y depositadas en la nueva cárcel. El líder de la promoción era el mismo presidente, que desde su cuenta de Twitter acompañaba las fotos y vídeos con sentencias grandilocuentes sobre sus políticas de seguridad y el régimen de excepción que limita garantías constitucionales a los salvadoreños y está por cumplir un año.

El asunto de la megacárcel, que el gobierno salvadoreño construyó sin transparentar datos sobre sus costos, le sirvió a Bukele incluso para armar una polémica en Twitter con el presidente colombiano Gustavo Petro, quien cuestionó los métodos del salvadoreño. Aprovechando la ola tutiera de esta trifulca diplomática, diputados bukelistas increparon al mandatario colombiano por “negociar con criminales” en referencia a la pláticas de paz del gobierno Petro con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Nada dijeron los bukelistas de los pactos propios de su presidente con las pandillas MS13 y Barrio 18.

Esta vez, sin embargo, la propaganda de Bukele tuvo que competir con la cobertura internacional que varios medios del mundo dieron a las acusaciones del gobierno estadounidense y con otras noticias que anunciaban las capturas en México de otros tres líderes de la MS13 a los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio el trato que Bukele se ha negado aplicar a los jefes pandilleros: la extradición a Estados Unidos.

“El 22 de febrero, Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias Vampiro de Monserrat Criminales, Walter Yovani Hernández Rivera, alias Baxter de Park View, y Marlon Antonio Menjívar Portillo, alias Rojo de Park View, fueron localizados por autoridades mexicanas y expulsados hacia los Estados Unidos”, dice un comunicado del Departamento de Justicia publicado dos días antes del traslado masivo de reos al megapenal de Bukele en El Salvador.

Al enviarlos a Estados Unidos, México hizo lo que Rodolfo Delgado, el fiscal general de El Salvador y uno de los abanderados de la supuesta guerra del gobierno salvadoreño contra las pandillas, se había negado a hacer: mandar a los lideres de la MS13 a una corte en la que pueden rendir testimonio sobre el pacto con el gobierno salvadoreño.

El 29 de septiembre de 2022, cuando estaba a punto de vencerse el plazo para extraditar a Estados Unidos a otro líder de la pandilla llamado Eliú Melgar Díaz y conocido como Blue, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador negó la petición de expatriación con un argumento que les había dado el fiscal Delgado unos días antes. Por ley, la corte tiene que consultar al fiscal general en casos de extradición; pues en el caso de Blue, Delgado alegó que no era conveniente extraditarlo porque Estados Unidos no garantizaba la protección de los derechos del reo. El fiscal salvadoreño sabía, cuando escribió eso, que estaba mintiendo, pues su antecesor, el fiscal general Raúl Melara, ya había acordado con autoridades estadounidenses que estas homologarían las penas aplicables al extraditable en este caso a la legislación salvadoreña.

Ni Blue ni Crook, al que el gobierno de Bukele ayudó a escapar a México, están en el megapenal de máxima seguridad que hace las rondas por las televisoras de todo el mundo y puebla las redes sociales del presidente salvadoreño y sus acólitos. Tampoco estaban en esa cárcel los otros tres líderes a los que México acaba de extraditar a Estados Unidos, ni otros cinco prófugos.

Entre todos ellos, el Crook es uno de los más importantes. Él es miembro de la ranfla nacional histórica, como se llama en jerga pandilleril al grupo que ha dirigido a la MS13 durante décadas. Crook es uno de los líderes que ha negociado treguas y pactos con gobiernos salvadoreños que antecedieron al de Bukele y, a juzgar por las pruebas recabadas por agentes y fiscales estadounidenses, fue esencial en la negociación con el gobierno salvadoreño actual, tanto que uno de los funcionarios más cercanos al presidente fue, personalmente y en carros oficiales, a traerlo para llevarlo a México.

Uno de los agentes estadounidenses consultados por Infobae, que confirmó que Crook ha sido ubicado en la Colonia Santa Úrsula de Ciudad de México, dijo que su captura y extradición a Estados Unidos es una cuestión de días si el Departamento de Estado en Washington toma la decisión política de proceder. Este agente no descartó que Estados Unidos pida a los pandilleros arrestados y extraditados más información sobre la participación del gobierno Bukele en el pacto con la MS13 y el Barrio 18.

Hay un antecedente reciente de criminales extraditados que rindieron testimonio que involucraba a un mandatario centroamericano con organizaciones delictivas, el de Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras. Esa historia terminó con Hernández preso en una cárcel de Nueva York en espera de un juicio.