Posibles restos de sangre, marihuana y pizarras con el nombre de personas extranjeras y objetivos de ganancias. Eso es parte de lo que se ha encontrado la Fiscalía de Jalisco en los dos cateos realizados este fin de semana en dos establecimientos distintos: el call center de Zapopan, Jalisco, en el que desaparecieron siete jóvenes el pasado lunes, y otro inmueble al que llegaron después de las primeras investigaciones. La primera de las desapariciones se produjo el sábado 20 de mayo: la familia de Carlos Benjamín García Cuevas no tenía noticias de él. A los días, declaraban desaparecidos a los hermanos Iztel Abigail y Carlos David Valladolid. Después, la tragedia se ampliaba, al mismo tiempo que las preguntas: se declararon como desaparecidos Arturo Robles, Jesús Alfredo Salazar, Mayra Karina y Jorge Velázquez. Todos rondaban los 30 años y todos trabajan en el supuesto call center que está en el centro de las miradas. Las autoridades apuntan a que el negocio se trataba de una tapadera que servía para encubrir una red vinculada al crimen organizado.
Este fin de semana, agentes de la Fiscalía catearon el establecimiento ubicado en la calle Víctor Hugo, en la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan, donde se vio a varios de estos jóvenes por última vez. El call center estaba vacío, pero en su interior encontraron unas hojas de marihuana, un trozo de tela y un trapeador con manchas rojizas (probablemente sangre). También encontraron pizarrones con nombres de extranjeros, anotaciones de membresías y metas económicas. El lugar no contaba con ninguna licencia para funcionar. Según la Fiscalía, cualquier actividad que se estuviera realizando en el interior estaba “fuera del marco de la legalidad”.
El dueño del espacio es Francisco Javier, que alquiló dicho inmueble en noviembre de 2022, más o menos en el momento en el que empezaron a trabajar algunos de los jóvenes. La operación la llevo a cabo a través del abogado César Javier, que está relacionado con otras dos investigaciones por fraude que tuvieron lugar en 2014 y 2015. Las autoridades también han encontrado el coche de una de las víctimas en las proximidades de la supuesta empresa, y tienen el testimonio de varias personas que vieron a varios sujetos armados realizando un despliegue “con todas las características del crimen organizado”, dijo el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez.
Las investigaciones llevaron a los agentes hasta otro lugar, en la calle Johannes Brahm, también en Zapopan. El cateo que hicieron allí la tarde del sábado 27 de mayo reveló varios documentos: listados de nombres y datos de contacto, más pizarras con nombres extranjeros, una bolsa con marihuana, discos duros, ordenadores sin la CPU y cables cortados por todas partes. La Fiscalía espera recabar más pistas utilizando la información que tienen hasta ahora, pero hasta el momento no han encontrado a los desaparecidos en ninguno de los lugares, una semana después de su desaparición. El fin de semana, para apoyar en las labores de búsqueda, más de 100 agentes participaron en labores de rastreo en otros puntos importantes del Estado: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Huaxtla.
La línea de investigación en la que trabaja la Fiscalía está respaldada, según Milenio, por una publicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El 27 de abril emitieron un comunicado en el que establecían una relación entre una red de negocios fraudulentos de call centers y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El grupo criminal presuntamente se servía de este negocio para encubrir esquemas de fraude con los que estafaban a personas mayores al norte de la frontera. Los familiares de las víctimas han referido que sus desaparecidos trabajaban en una empresa de venta de paquetes vacacionales por teléfono.
“El fraude de campañas vacacionales en la zona de Puerto Vallarta, a menudo dirigida a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada, es una importante fuente de ingresos que apoya la empresa criminal del CJNG”, asegura el comunicado. El objetivo es defraudar a las víctimas y quitarles todos sus ahorros. Estados Unidos quiere frenar estas prácticas y ha señalado y sancionado a 19 empresas que presuntamente forman parte del entramado del cartel. También fueron sancionadas varias personas físicas. El más importante de todos ellos es Eduardo Pardo Espino, fugitivo de la justicia estadounidense y operador financiero, según el Departamento del Tesoro, del CNJG basado en Puerto Vallarta, uno de los enclaves turísticos por excelencia en México.
Las desapariciones de los siete jóvenes ha desatado el fantasma de un problema que atenaza Jalisco. Es el Estado con más desapariciones y personas no localizadas de México, y esa losa pesa en casos como estos. La desesperación de las familias les llevó a manifestarse el viernes pasado. Reclamaban que la Fiscalía, después de una semana desde la desaparición de los jóvenes, no les daba información. En un intento de mostrar compromiso con un caso que ya ha desbordado los límites del Estado, su gobernador, Enrique Alfaro, sostuvo este domingo una reunión con el fiscal general y el secretario de Gobernación. Tras conocer los avances de las investigaciones, abonó a la teoría que ha tomado fuerza en estos últimos días: el call center no eran más que una tapadera donde se realizaban “operaciones de otra naturaleza”.
Información de: El País
