El comercio en pequeño anticipa una ola de amparos que podrían superar el millar, al estimar que entre 300 mil y 800 mil micro negocios como tiendas de abarrotes, vinaterías, minisúpers, tabaquerías o estanquillos son los afectados por la entrada en vigor del nuevo reglamento para el control del tabaco, dijo Gerardo Cleto López Becerra de ConComercio en Pequeño.
“Ante el desdén que tuvieron las autoridades del gobierno a nuestros argumentos y propuestas, ya que la COFEPRIS desechó todas las aportaciones realizadas en las dos consultas públicas y ni la Secretaría de Economía ni la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República nos recibió, iniciaremos la convocatoria para que los comerciantes en pequeño de las tiendas de abarrotes, misceláneas, minisúper independientes, tabaquerías, estanquillos o vinaterías, así como todos aquellos negocios que tienen entre la venta de sus productos, los cigarros, se amparen ante esta medida arbitraria y prohibicionista”, señaló.
Promotores por parte de ConComercio en Pequeño visitarán los establecimientos para proveer información sobre sus derechos para evitar abusos de autoridad, intentos de extorsión o visita de falsos inspectores poniendo a su disposición el número 8006490787 o enviar un mensaje al WhatsApp 5537293493.
Si bien el universo afectados ronda entre 300 mil y 800 mil, una vez informados se anticipa que defenderán su derecho al libre comercio ante una medida “arbitraria y prohibicionista” y presenten un volumen de más de mil amparos durante los 30 días de plazo tras haber entrado en vigor la ley.
“Podrán ser 300, 500, 800 o más de mil amparos los que se puedan generar en esta etapa de aplicación de la norma. El mensaje que vamos a mandar a las autoridades es que no vamos a dejar que pasen por encima de nuestros derechos y el de comercializar productos legales con libertad, de lo cual depende la subsistencia de más de 800 mil negocios a nivel nacional que generan el ingreso de más de 8 millones de personas de manera directa”, dijo el dirigente de micronegocios formales.
¿Qué determina la Ley General para el control del Tabaco?
A partir de este lunes 16 de enero entró en vigor el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco por la que entre otras cosas; reducirán los servicios en las áreas de no fumar en hoteles, restaurantes y centros de espectáculos, se impone la prohibición total en oficinas públicas y privadas, así como en el transporte y se deberá de quitar todo lo que pueda ser considerado como publicidad en medios tradicionales y redes sociales.
Para el pequeño comercio organizado se prohíbe la exhibición de los productos, las cajetillas no podrán estar a la vista del público consumidor para que pueda elegir el cigarro de su gusto o presupuesto. A cambio, sólo podrán exhibirse listas de precios sin logos ni tipografía que distinga una de otra y las cajetillas de cigarros tendrán que estar ocultas o escondidas hasta el momento que sean entregadas al consumidor.
“En la realidad los funcionarios del sector salud imponen el reglamento por la ausencia de programas educativos de prevención y atención de los hábitos de consumo así como por la falta de inversión en clínicas y hospitales. Lo decimos de una manera muy simple: dicen querer arreglar problemas de salud pública, afectando a sectores del comercio en pequeño”, señaló López Becerra.
¿Qué argumentarán los amparos contra la Ley para el control del Tabaco?
La serie de amparos que se preparan tienen el fundamento de que el tabaco es un producto legal, cuya comercialización está regida por una normatividad de concertación acuciosa y es uno de los principales productos que los giros del sector abarrotero –mayoritario en porcentaje de existencia en el comercio en pequeño-, tiene para comercializar y tener ingresos de ello.
“Estamos defendiendo los derechos que tiene todo comerciante formal, para exhibir y vender sus productos y servicios, cuando estos son legales y cumplen con las autorizaciones y normas que especifican las autoridades. Prohibir la exhibición de un producto legal, únicamente lo pondrá al mismo nivel de productos ilegales y provocará que marcas que no cuentan con las autorizaciones correspondientes sean comercializadas más fácilmente poniendo en riesgo a los consumidores”, puntualizó.
Información de: El Financiero
