Dos reuniones privadas entre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, posibles retornos y desmarques dentro de su círculo político forman parte de las acciones que se han realizado tras las acusaciones que llegaron desde EUA de tener vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con el periodista especializado en crimen organizado José Luis Montenegro, quien estuvo las últimas semanas en Badiraguato, Batequitas, Batopito, Las Majadas, Elota, El Limón de los Ramos, Jesús María y Culiacán.
De acuerdo con su investigación, a partir de testimonios de políticos en funciones y otros testigos que pidieron el anonimato por temor a represalias, la primera reunión ocurrió el 29 de abril en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, después de que se difundiera en México la acusación de la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Una fuente de alto nivel aseguró a Montenegro que la conversación se prolongó hasta la madrugada y que Rocha e Inzunza analizaron opciones para salir “bien librados”, así como las ventajas y riesgos de enfrentar posibles procesos judiciales en México o Estados Unidos.
El segundo encuentro habría ocurrido el 21 de mayo en la casa de Rocha Moya, ubicada en Isla Musalá. Según una fuente cercana al gobierno estatal, Inzunza preguntó si había comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum o con autoridades estadounidenses y qué harían frente a la situación. Montenegro relata que Rocha respondió “cada quien se rasca donde tiene comezón”, advirtió que sería la última vez que se reunirían y cerró la conversación con la frase “se vienen tiempos difíciles”.
El periodista también informó que integrantes de Morena discutieron a principios de junio el posible regreso de Juan de Dios Gámez Mendívil a la presidencia municipal de Culiacán, con la intención de evaluar posteriormente la reanudación de las actividades de Rocha Moya. El plan fue descartado, según uno de los testimonios recabados, porque Gámez Mendívil no se encontraba en condiciones de soportar la presión, mientras Inzunza reapareció el 25 de junio en una sesión virtual de la Comisión Permanente del Senado.
La acusación contra el grupo político
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Rocha Moya, Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de vínculos con “Los Chapitos” , además de delitos relacionados con ametralladoras y artefactos explosivos. En el caso del gobernador con licencia, sostiene que recibió apoyo de esa facción para ganar la elección de 2021 y que a cambio habría prometido protección e impunidad.
Rocha asegura que sigue en Culiacán
Después de 69 días sin presentarse públicamente, Rocha Moya difundió el 9 de julio un mensaje en X en el que aseguró que desde el 1 de mayo ha permanecido “sin moverme” en su domicilio de Culiacán. También negó encontrarse bajo protección de fuerzas federales y confirmó que compareció ante el Ministerio Público de la Federación para responder por las acusaciones.
El gobernador con licencia calificó los señalamientos estadounidenses como falsos y sostuvo que enfrenta una “embestida mediática de calumnias”. Atribuyó el caso a un ataque promovido desde la ultraderecha para afectar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de la Cuarta Transformación.
Inzunza reaparece a distancia
Enrique Inzunza tampoco ha retomado una actividad pública presencial regular. El senador de Morena reapareció mediante videoconferencias en trabajos legislativos, mientras su bancada reconoció que evitó convocarlo físicamente para impedir que su presencia fuera utilizada por la oposición. Debido al congelamiento preventivo de sus cuentas, el Senado ha tenido que entregarle mediante cheques el pago de su dieta.
El 10 de julio, Inzunza publicó imágenes desde Badiraguato y afirmó que permanecerá en el Senado hasta 2030, con lo que descartó buscar la gubernatura de Sinaloa. El legislador también compareció ante la FGR y sostiene que continuará ejerciendo el cargo, mientras permanece abierta la acusación presentada en Nueva York.
Los otros coacusados
El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se entregaron a las autoridades estadounidenses.
En México permanecen Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal acusado también de secuestro con resultado de muerte.
Los ocho que permanecían en el país comparecieron ante la FGR, que afirma no contar hasta ahora con las pruebas mínimas para solicitar su detención con fines de extradición.
Información de: políticoMx
