“No les gusta la palabra militarización, pero no hay otra forma de llamarlo”: seguridad, migración, obra pública y programas sociales en manos de las fuerzas armadas, considera analista.
Una de las constantes críticas a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum (ella apenas con un mes en el cargo) es el tema de la militarización. Más allá de las respuestas de la presidenta y del debate por el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y delencargo de la seguridad pública a militares, expertos destacan que más de 300 tareas civiles fueron dadas a las Fuerzas Armadas.
“Para los que critican que esto no es militarización, es totalmente falso. En nuestro país no hay Estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos”, lanzó Claudia Sheinbaum en sus primeros días de gobierno.
Sin embargo, el tema va más allá de la seguridad nacional. Al menos así lo indica René Gerez López, licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana e investigador de la organización Causa en Común.
“El problema no es nada más de la estrategia de seguridad, sino del gobierno que se implementó. Le entregaron a las Fuerzas Armadas muchas otras atribuciones civiles para las cuales tampoco fueron capacitadas: se habla de más de 300″.
Además de la seguridad pública, la construcción de obra pública y el control de las aduanas, uno de los temas más sensibles y cuestionados es la integración de perfiles militares al Instituto Nacional de Migración (INM).
“No nada más es la atribución civil, sino los presupuestos que conllevan esas actividades. El poder que les están entregando a las Fuerzas Armadas es gigante y va más allá de la seguridad nacional e interior”.
Migrantes, “enemigos” en la mira de armas militares
En su informe sobre la militarización del Instituto Nacional de Migración (INM), la Universidad Iberoamericana señaló la construcción simbólica del “migrante” como un “enemigo externo” al que se le ataca de manera cultural, legislativo y gubernamental.
Además de la utilización de lenguaje ofensivo y xenófobo para calificar a los migrantes como “invasores” o “delincuentes”,desde el ámbito gubernamental se concedió un cambio de armamento para “frenar” a las personas que transitan por el país en busca de mejores condiciones.
“A pesar de que en la legislación la Guardia Nacional no ha sido reconocida como una institución militar, y que, por el contrario, discursivamente se le presenta como una institución civil, la evidencia demuestra que esta institución posee elementos que la ubican como una institución de carácter predominantemente militar con alto poder de fuego”.
Además del armamento militar (no propio de una policía civil) utilizado por la Guardia Nacional, el informe de la Universidad Iberoamericana recalca el acompañamiento dado por los agentes a las personas en situación de migración, en donde en múltiples casos se han detectado intimidaciones y sometimiento, entre otras violaciones a sus derechos humanos. El documente enfatiza en que:
- La Ley de Migración ha facultado a los agentes de migración a realizar “presentaciones” de las personas que se encuentran en situación irregular, lo cual es el equivalente a una detención. Esto implica un constante uso de la fuerza por parte de agentes de migración, incluso con uso de armas como tasers
- Las personas migrantes no son delincuentes, sino personas con necesidades de protección internacional, por lo cual, desde el derecho internacional, no habría una justificación válida para utilizar la fuerza en contra de ellas, mucho menos para el empleo de armas de ningún tipo
- En los procesos de detención hay una constante presencia de armas de uso militar, empleadas por agentes de la Guardia Nacional, lo cual impacta en la forma en la que se realizan las detenciones, es decir, con constantes abusos de la fuerza y violaciones a derechos humanos
¿Por qué no les gusta la palabra militarización?
Al menos 15 de los secretarios de seguridad estatales son militares; más de 2 mil funcionarios dentro de los institutos de seguridad son militares: “No les gusta la palabra militarización, pero no hay otra forma de llamarlo”, señala René Gerez.
El rechazo hacia la palabra -recalca el especialista- tiene sus orígenes en el imaginario colectivo que lo relaciona con violaciones a los derechos humanos, falta de transparencia y riesgos de corrupción.
“No les gusta porque tiene una connotación negativa. Nadie conoce una acepción positiva de la palabra militarización, principalmente porque tenemos antecedentes donde las Fuerzas Armadas han participado y violado los derechos humanos”.
El experto recalca que previo al paso de la Guardia Nacional a manos de la Sedena, aún había cabida para la discusión respecto a la militarización (de la seguridad pública): “Pero después de la reforma constitucional ya no hay elementos para discutir; se eliminó el carácter de una policía civil: los agentes de la Guardia Nacional son militares y cobran en la Sedena”.
Aquí una lista pequeña de las atribuciones civiles dadas a las Fuerzas Armadas:
- Construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
- Construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar
- Construcción del Aeropuerto de Tulum
- Apoyo en la emergencia por la pandemia de Covid-19
- Traslado de vacunas
- Limpieza de sargazo en Quintana Roo
- Combate al robo de hidrocarburos
- Construcción de acueducto para abastecer de agua potable a Nuevo León
- Administración del aeropuerto en Chetumal y el de Palenque, Chiapas
- Apoyo al programa Sembrando Vida
- Traslado de mercancía decomisada a comunidades pobres a través del “Tianguis del Bienestar”
- Entrega de medicamentos
- Custodia de pipas de Pemex
- Vigilancia a la entrega de recursos de programas sociales
- Entrega de libros de texto gratuito
- Vigilancia de la frontera norte y sur para el control migratorio
Información de: Infobae
