Luego de que hace unos días Jesús Murillo Karam, ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), dejó el Reclusorio Norte para ser trasladado y hospitalizado en el Instituto Nacional de Cardiología, este sábado trascendió que el artífice de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se encuentra en terapia intensiva.

Así lo aseguró la mañana de este sábado a través de su cuenta de Twitter el ministro Arturo Nalhe García, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Zacatecas.

Por ello, solicitó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, que en caso de que Murillo Karam se recupere, cambie la medida cautelar para que no regrese a prisión, debido a su delicado estado de salud.

“Ministro Arturo Zaldívar, el Lic. Jesús Murillo Karam está en terapia intensiva después de una cirugía urgente en el Hospital de Cardiología, si todo sale bien es impensable que regrese a prisión, ruego su intervención para que se resuelva el cambio de medida cautelar”

Y es que debido al precario estado de salud del ex funcionario del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), el pasado 19 de octubre fue trasladado del penal al al Hospital General de Xoco, en la alcaldía Coyoacán, donde fue internado por presentar elevados niveles de presión.

Aunque abandonó el nosocomio la mañana jueves, solo fue para ser trasladado al Instituto Nacional de Cardiología, en la alcaldía Tlalpan, ingresando a las 11:15 horas.

Incluso, las cámaras de El Heraldo TV captaron el momento en que salió de Xoco con un fuerte dispositivo de seguridad. En el video se observa cómo viste una bata característica de los pacientes y por minutos se le colocó una mascarilla de oxígeno.

De acuerdo con el portal LatinUS, ahí fue intervenido quirúrgicamente y tuvo que ser atendido por tener trombos.

Hasta el momento las autoridades penitenciarias no se han pronunciado al respecto.

No es la primera vez que Murillo Karam es llevado a un hospital, ya que en septiembre pasado también fue conducido al Hospital Balbuena para la realización de una tomografía de tórax con el fin de dar seguimiento a su estado de salud debido a un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión y obstrucción vascular cerebral.

Fue el pasado 19 de agosto cuando fue detenido al salir de su domicilio ubicado en una torre de Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Las autoridades llevan a cabo la investigación en contra del funcionario por presuntamente haber participado en los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.

Cabe mencionar que esta noticia se dio justo un día después de que el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) reconoció que no hay indicios de que los normalistas desparecidos en septiembre de 2014estén con vida, además de que se trató de un crimen de Estado,desacreditando la versión de los hechos de la entonces PGR.

Y es que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, señaló este 18 de agosto, sin decir nombres, que las autoridades federales del más alto nivel fueron “omisas y negligentes”.

Pero fue el ex procurador fue quien encabezó las investigaciones sobre los hechos de aquella noche de Iguala, conocida como “La verdad histórica”, la cual echó abajo por distintos peritajes nacionales e internacionales.

Dicha versión señalaba que los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” fueron secuestrados por la organización criminal Guerreros Unidos, y posteriormente, quemados en el basurero de Cocula.

Durante esta conferencia, un periodista le hizo una pregunta, pero lo que trascendió fue su lamentable respuesta: “Ya es suficiente. Ya me cansé”,frase que irritó a una sociedad horrorizada por la desaparición de los jóvenes.

Hace unos días, dos jueces federales se declararon incompetentes para resolver los amparos que interpuso el ex titular de la Procuraduría General de la República contra la detención ilegal, la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.