De acuerdo a la organización de derechos Human Right Watch, la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es una iniciativa que pondría en riesgo las elecciones libres de la ciudadanía. Según explicó el análisis, las modificaciones de la Reforma Electoral limitan la independencia de las autoridades del órgano, lo cual las hace vulnerables a intereses de poder.

La organización de derechos recomendó a los legisladores rechazar los cambios constitucionales que propone la Reforma, ya que atentan contra los derechos universales.

El proyecto en materia electoral tiene dentro de sus objetivos eliminar los organismos y tribunales electorales, autoridades que controlan las elecciones en cada entidad de la República, lo cual dejaría en manos de sólo dos responsables la vigilancia de las votaciones de todo el país.

Ante este punto, la organización de derechos explicó que el partido que estuviera al poder podría tomar ventaja de las elecciones, las cuales estarían a disposición de autoridad en curso para mantener la gobernanza.

“Los cambios constitucionales propuestos por el presidente López Obrador facilitarían que cualquier partido que esté en el poder coopte las instituciones electorales del país para mantenerse en el poder”, indicó el investigador de Human Rights Watch, Tayler Mattiace.

El académico también puntualizó que la propuesta presidencial al Instituto Nacional Electoral (INE) resulta alarmante considerando la disminución de las autoridades, sobre todo después de haber superado el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como aquel que gobernó y controló a la ciudadanía por más de medio siglo.

“Considerando la larga historia de elecciones amañadas en México durante los más de 70 años de gobierno unipartidista, resulta sumamente alarmante que los legisladores consideren una propuesta tan regresiva que debilitaría la independencia de las autoridades electorales”

La Reforma Electoral pasaría las delegaciones estatales al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales serían los únicos encargados de las arbitrariedades de las elecciones estatales y locales, dejando a un lado los actuales organismos independientes.

A esto se le suma que la designación de los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral, sean seleccionados al mismo tiempo, proceso que, según el análisis de Human Rights Watch, facilitaría que las autoridades en turno influyeran en la su decisión “debilitando la independencia de las autoridades electorales”.

Otro punto que destaca la organización de derechos en su investigación es el hecho de que el padrón electoral ya no sea administrado por el Instituto Nacional Electoral y pase a manos del gobierno, lo cual podría vulnerar la protección de datos de las y los ciudadanos, pues contaría con información personal como huellas, nombres, fotografías, etc. Todo como solía hacerse en la época del priismo.

La discusión sobre la iniciativa en materia electoral se ejecutará este 6 de diciembre en el pleno del Senado, la cual fue pospuesta el pasado 30 de noviembre por legisladores de Morena. De acuerdo a la oposición, esta decisión fue tomada para prolongar el debate ante la incertidumbre de los votos.

En la mañanera de este 5 de diciembre, el presidente Andrés Manuel, al propósito de la discusión de su iniciativa, indicó que pasará a los diputados de Morena su “plan B”, el cual contiene una serie de reformas a la ley electoral con el fin de cambiar algunos puntos.