Si bien aun no se determinan los montos concretos referentes a los gastos erogados por los partidos políticos en las pasadas elecciones resulta prácticamente un hecho que los triunfos logrados quedaran firmes en todas las entidades federativas, si bien las normas para fiscalizar podrían determinar un exceso en los gastos ello no redundara en la anulación de ninguno de los comicios.

Las medidas adoptadas por las unidades fiscalizadoras resultan muy simples y ello genera iniquidad, si bien se puede sentar precedente para el 2018 anular una elección resultaría en un exceso, evidentemente no es posible tabular el costo de un espectacular en el centro del Estado de México que alguno localizado en una zona rural de Coahuila, como este ejemplo existen otros donde los costos cargados a los partidos son muy altos y no reflejan a realidad de lo erogado.

En el punto medular que es lo referente al pago o compensación para representantes de casilla existe un formato donde se manifiesta la actuación voluntaria por parte de los participantes y con ello el gasto queda exento o se demuestra su inexistencia, en lo especifico para Coahuila el PRI aporto dichos formatos caso contrario al PAN quien al parecer no los ha presentado.

Derivado de los excesos o las consideraciones para estipular los supuestos gastos se tomo la decisión de iniciar un procedimiento oficioso a fin de intentar aplicar tabuladores mas justos y considerando cuestiones particulares pues generalizar bajo la premisa del gasto más alto encontrado vulnera de cierta forma la legalidad.

Para el caso particular de Coahuila el tema referente al pago de representantes ocasionaría  que tanto el PAN como el PRI superaran los topes pero evidentemente ello no seria una causal de anulación pues la igualdad de circunstancias impide afirmar que el aumento en gastos fuera el elemento trascendente para lograr una victoria o la derrota de cualquiera de los dos.

Ahora lo que los partidos defienden es el monto que se considere como exceso de gasto pues de ello depende la multa que se aplique como sanción.

En la sección de ayer incluso el Partido Acción Nacional defendió el punto referente a dicha aplicación de gastos por parte del órgano fiscalizador pues le perjudica en lo económico así como en la valides de su triunfo obtenido en Nayarit,

Derivado de las distintas intervenciones así como de las determinaciones que fueron consideradas es evidente que la anulación de las elecciones no sucederá pero que ello no va a librar a los partidos de recibir alguna sanción.

Lo rescatable de este proceso es sin duda una propuesta efectuada por uno de los representantes en donde solicitaba que para el 2018 el INE sea quien maneje el total de los gastos y que ellos realicen los pagos que sean solicitados por los partidos, de esa manera resultaría prácticamente imposible que se cometan excesos en los topes estipulados pues solo se pagaría hasta el limite que cada partido o candidato tenga además con ello se genera una competencia entre los proveedores de servicios y una seguridad de que el dinero que se entrega es gastado justamente en la campaña, así mismo dentro de dicho presupuesto se tabularía el pago por concepto de representantes y ello pondría en igualdad de circunstancias a todos los participantes.