La aprobación del Plan B de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desató un sinfín de críticas. Un grupo de exconsejeros electorales señalaron en una carta el impacto que podría tener para la democracia en México.
Durante la madrugada del pasado 7 de diciembre, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) usó el método de la vía rápida, también conocido como fast track, para que se discutieran y aprobaran las propuestas de modificaciones a leyes secundarias en materia electoral, luego de que el partido y sus aliados no alcanzaran la mayoría calificada para ratificar la versión inicial de la Reforma.
Aquel día, con 267 votos a favor, el pleno aprobó reformas a las leyes General de Comunicación Social, General de Responsabilidades Administrativas, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, se consintió la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama se pronunciaron rápidamente en contra de la aprobación del Plan B. A esta postura se sumaron, además, exintegrantes del Consejo General del INE y del extinto Instituto Federal Electoral.
A través de una carta dirigida a Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República, y a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y militante de Morena, 19 exconsejeros electorales advirtieron los posibles riesgos de estas reformas.
“Tras revisar las cinco reformas en materia electoral aprobadas por la Cámara de Diputados la madrugada del día 7 del presente mes, quienes suscribimos externamos nuestra percepción de que, de aprobarse por el Senado en sus términos, no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables”, pudo leerse al inicio del escrito.
Y es que San Lázaro fue apenas el primer filtro para el paquete de reformas impulsado por López Obrador, pues aún es necesaria su discusión en el Senado.
“El rediseño que sufrirán las autoridades electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones”, continuaron las exconsejeras y exconsejeros que emitieron el comunicado, entre quienes se encuentran José Woldenberg, Virgilio Andrade, Margo Antonio Baños y Jacqueline Peschard.
Conviene especificar que la Reforma Electoral propuesta inicialmente por AMLO contemplaba modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), como una reducción en el número de diputados, senadores y consejeros electorales.
No obstante, las reformas a leyes secundarias no pueden interferir en lo establecido por la CPEUM, así que tales disminuciones no serían posibles.
Algo que sí podría concretar el Plan B sería la reorganización y delimitación de las tareas administrativas del INE y de los Organismos Públicos Locales, con lo que AMLO pretende conseguir un ahorro de hasta tres mil millones de pesos anuales para el Estado mexicano.
“Advertimos muchos más riesgos y retrocesos que beneficios. Por ello hacemos un respetuoso llamado para que activen foros y mecanismos de consulta y deliberación para desahogar de la mejor manera tan trascendentes iniciativas. Ofrecemos nuestra disposición a participar en dicho ejercicio”, concluyeron las y los exconsejeros electorales en la carta dirigida al Senado.
Dicha petición responde a la manera en que las reformas fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, pues la premura con la que se entregó el Plan B a la Mesa Directiva y a la asamblea fue un factor determinante para que no se agotara su revisión y discusión, por lo que muchos consideraron que se aprobó “sin análisis” alguno.
Información de: Infobae
