El polémico Pacto de Migración y Asilo alcanzado este miércoles por la Unión Europea, con el que se pretende gestionar de manera previsible y ordenada los flujos de inmigrantes, ha generado el rechazo generalizado de las organizaciones no gubernamentales al considerar que se traducirá en un “aumento de las detenciones, más devoluciones y acuerdos dudosos con países no pertenecientes al bloque”. El acuerdo tampoco ha gustado a partidos como el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, pues asegura que “ha convertido en ley la vulneración de derechos de las personas migrantes”.
Firmado por la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo tras ocho años de intensas negociaciones, el pacto reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la UE. Se someterá a controles más estrictos a las personas que lleguen a las fronteras externas -en cuanto a la identificación, controles sanitarios y de seguridad- durante un máximo de siete días. Después, los migrantes serán trasladados a centros de detención, incluyendo los menores de edad, si bien el acuerdo indica que “se tendrán en cuenta las necesidades específicas de los niños” y cada Estado miembro dispondrá de un mecanismo de control independiente para “garantizar el respeto de los derechos fundamentales”. Las personas que no reúnan las condiciones de asilo, serán expulsadas de forma más rápida y podrían ser deportadas a países no seguros.
En cuanto al asilo, se establece un procedimiento común en todo el bloque para conceder y retirar la protección internacional, en sustitución de varios procedimientos nacionales. La tramitación de las solicitudes de asilo ahora será más rápida, un máximo de seis meses para una primera decisión, y los plazos “serán más breves para las solicitudes infundadas o inadmisibles y en las fronteras de la UE”.
Para el eurodiputado Miguel Urbán, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, el acuerdo supone una “nueva deriva de recorte de derechos en la Unión Europea” y critica tanto al bloque como al Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez por “ceder a la ultraderecha” de países como Italia o Hungría, que pedían endurecer la política migratoria. El político recuerda que si bien el asilo nació en el Viejo Continente producto de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, “ahora con este pacto ese derecho muere en Europa”.
“El acuerdo es una auténtica salvajada. Europa ha volado por los aires el derecho al asilo”, resume Urbán, al tiempo que critica la “escasa transparencia” con la que se han llevado a cabo las negociaciones en estos tres últimos días. El pacto, asegura, tampoco servirá para acabar con la migración forzada, ya que “solo institucionaliza la violencia, la persecución y el racismo”.
Para Amnistía Internacional el acuerdo también supone un “importante retroceso” en materia de asilo, pues no aborda las condiciones de acogida seguras y dignas, y asegura que las personas migrantes serán sometidas a “procedimientos fronterizos de asilo deficientes”, en lugar de recibir una evaluación “justa y completa” de sus solicitudes. “El acuerdo alcanzado puede incrementar el sufrimiento de las personas migrantes y refugiadas en fronteras y nos preocupa especialmente que se incorpore el reglamento de crisis con los conceptos de instrumentalización y de fuerza mayor para que los Estados puedan establecer excepciones y derogaciones a la normativa de asilo”, explica a Infobae Verónica Barroso, portavoz de Refugio e Inmigración de Amnistía Internacional en España.
“Solidaridad a la carta”
El pacto también ofrecerá a los gobiernos una ‘solidaridad a la carta’ que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado, dos medidas especialmente preocupantes para las organizaciones que trabajan por los derechos de estas personas. El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
En ese sentido, organizaciones como Intermón Oxfam denuncian que el acuerdo “no garantiza que todos los países del bloque reciban a las personas de manera equitativa y les permite pagar su parte en lugar de acoger”, lo cual abre la posibilidad a que los Estados construyan más vallas y muros “en lugar de puentes, alimentando el ciclo de devoluciones y negligencia en materia de búsqueda y rescate”.
“Desprotección a la infancia”
Por su parte Save the Children también advierte que el acuerdo “pondrá en peligro a los niños que migran y producirá una mayor separación de las familias”. Según explica Andrés Conde, director de la organización, las nuevas medidas facilitarán “la detención y permanencia en instalaciones policiales de niños y niñas en las fronteras de Europa”, y es especialmente preocupante la situación en la que quedarán los niños que viajan solos, pues la posibilidad de reunirse con sus familias, incluidos sus hermanos, “queda descartada”.“El pacto no lo contempla y eso introduce una mayor desprotección contra la infancia”, asevera Conde.
Las organizaciones de derechos humanos también lamentan que el proceso de identificación a través de huellas dactilares y recogida de datos faciales mediante sistemas biométricos incluya a menores a partir de los seis años.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aseguran que el acuerdo político alcanzado por Europa “socava aún más el derecho de asilo y los derechos humanos” al imponer aún más obstáculos para acceder al procedimiento de protección internacional y lamentan que “haya fracasado la oportunidad que suponía la Presidencia española de la UE para alcanzar un pacto justo”.
Las organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes siguen insistiendo en la necesidad de crear y ampliar vías legales y seguras para que nadie tenga que arriesgar su vida al tratar de buscar un futuro mejor en Europa. De momento, el acuerdo logrado este miércoles aún debe ser aprobado formalmente por mayoría cualificada en el Consejo de la UE y en el Parlamento.
Información de: infobae
