Con el dinero que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha ofrecido como indemnización a Vanessa Dib Velázquez, de 31 años, ella no podría siquiera comprar una de las prótesis que necesita para solamente una de sus piernas amputadas en esa institución en 2018, en el Estado de Querétaro. Los 88.257 pesos (unos 4.300 dólares o 4.230 euros) no cubren ni siquiera una cuarta parte de los gastos que durante estos cuatro años la mujer y su familia han tenido que afrontar, después de que recibiera un diagnóstico incorrecto que derivó en tres infartos, nueve días en coma, la extracción de su útero y un ovario, y la amputación de sus piernas. Además de que ningún funcionario del IMSS se ha comunicado con ella ni le ha dado una respuesta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que le ha hecho un llamado a asumir su responsabilidad y resarcir el daño.
En septiembre de 2018, Vanessa Dib Velázquez, de entonces 27 años, acudió a la clínica familiar número 9, en el Estado de Querétaro, por un dolor abdominal provocado por la posición en la que tenía colocado un dispositivo intrauterino (DIU). Recibió un diagnóstico erróneo y terminó con su salud deteriorándose día tras día, hasta que fueron necesarios varios procedimientos como la reanimación o la extracción de algunos de sus órganos para salvarle la vida. Ese mismo año, Dib Velázquez y Víctor Herrera, su abogado, interpusieron una queja por la violación a sus derechos humanos y negligencia ante la CNDH, y otra dentro del órgano administrativo del IMSS. Ha sido hasta el pasado 5 de julio cuando finalmente la Comisión publicó un llamado a la principal institución de salud pública en el país para que enmiende de la mejor forma a la víctima.
La CNDH consideró “que el pronóstico de vida de la víctima es grave por las complicaciones derivadas de la inadecuada atención médica que le dejaron secuelas permanentes” y llamó a atender de manera íntegra a Dib Velázquez. En respuesta, el IMSS emitió una tarjeta informativa en la que se dijo “dispuesto a cooperar con los propósitos del órgano garante de los derechos humanos”, y afirmó estar “comprometido con el cuidado de la salud oportuna y adecuada” hacia sus derechohabientes.
La cantidad ofrecida por el IMSS, esos 88.257 pesos, ya le había sido comunicada el pasado 22 de junio, a Herrera, quien la recibió junto con una resolución administrativa del Consejo técnico del IMSS en la que reiteraba que la queja que ellos habían interpuesto desde 2018 sí procedía. Sin embargo, para Herrera y Dib Velázquez el ofrecimiento les pareció irrisorio y hasta una falta de respeto. “Ningún funcionario del IMSS, ni de la delegación en México ni en Querétaro, se han puesto en contacto con Vanessa o conmigo. Y lo que haremos es que impugnaremos esa resolución interna”, ha asegurado el abogado.
Existe ya, según ha contado Herrera a EL PAÍS, una carpeta de investigación en contra de cuatro médicos que participaron en la atención negligente que recibió Vanessa en 2018. En una reunión conciliatoria hace solo unas semanas, ha contado, uno de los señalados ha dicho que no tiene responsabilidad sobre lo ocurrido y que, en todo caso, el IMSS ya ha dado una indemnización a la víctima y una pensión vitalicia: se refiere a que Vanessa recibe mensualmente la cantidad de 2.800 pesos (137 dólares o 134 euros) como parte de esa “compensación” de por vida.
Para poder solventar sus gastos y los de sus dos hijos, de 9 y 11 años de edad, Vanessa, que es madre soltera, vende dulces por las tardes, se paga la carrera de belleza y pone uñas y pestañas en su casa. Todos los días se despierta muy temprano por la mañana para llevar a sus hijos a la escuela; intenta salir siempre con mucha anticipación porque tarda en moverse más tiempo de lo usual. El suelo de la calle es empedrado, por lo que le resulta doblemente doloroso y difícil poder caminar. Desde 2018 ha tenido cuatro amputaciones en total, está en espera de una quinta, pero, hasta ahora, no tiene un médico asignado ni una fecha para esa operación.
Vanessa Dib Velázquez ha sido revictimizada una y otra vez cuando acude al servicio de urgencias o a algún procedimiento al hospital. Ha relatado que tan solo el domingo pasado, fue de urgencia a que le atendieran por las heridas que le producen sus prótesis, y la mandaron a otra clínica en donde tampoco le dieron la atención que necesitaba. Y eso se repite una y otra vez. “Ella no tiene un médico o un grupo de médicos que la estén tratando y que le estén dando seguimiento a toda esa mala praxis de lo que le ha pasado desde hace cuatro años. Nadie quiere responsabilizarse de la situación que ellos mismos provocaron”, cuenta Herrera.
Vanessa se ha convertido en un ejemplo para muchas personas que, como ella, de un momento a otro se han convertido en ciudadanos con distintas formas de discapacidad física. Ha contado que “dentro de sus posibilidades” ha ayudado a gente que tampoco cuenta con las posibilidades económicas que requieren para salir adelante. Quiere crear una asociación civil para poder atender, ayudar y acompañar a todas ellas. Tiene fe en que podrá hacerlo.
Información de: El País
