El día de ayer brigadas de ciervos de la nación que son pagados con los impuestos de todos salieron a los cruceros de la ciudad de Saltillo para entregar panfletos promocionales de un servidor público en funciones que pretende ser el candidato por la gubernatura por Morena, pese a que él mismo conoce la ley actual contradice a la misma, sin recato y mostrando un total desprecio por el derecho, el sujeto además de violentar la ley electoral igual pisotea reglamentos que deben cumplir los servidores públicos, reglamentos incluso que fueron propuestos por el Propio López Obrador.
La burla del asunto es que además de publicitar su imagen personal presume que con el se terminara la impunidad en Coahuila, casi lo mismo a que un sujeto que te roba en una esquina te asegura que lo hace porque pretende luchar en contra de los asaltos, en verdad muy temerario y riesgoso el que los ciudadanos permitan o apoyen a un personaje con esas características y gusto por violar la ley.
Sabemos cómo se las gastan estos tipos para encontrar cualquier laguna legal y utilizarla en su favor para delinquir con impunidad pero incluso aun que argumentara estar dando un informe de actividades es claro que dado su puesto la ley no lo contempla, además siendo un funcionario público federal no tendría por qué hacerlo solo en el Estado de Coahuila ello sin conceder que bajo el argumento de dar un informe de actividades dichos actos resultaran procedentes de modo legal.
Así, el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regula lo relativo a los informes de labores de los servidores públicos, establece que no serán considerados como propaganda, siempre y cuando: a)Se limiten a una vez al año; b) Se lleven a cabo en estaciones y canales …
En la misma manera dicho sujeto contraviene las directrices dictadas por el propio Presidente López obrador quien al texto decreto lo que a continuación se cita :
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 41, fracción III, Apartado C, 90 y 134, párrafos séptimo y octavo de la propia Constitución, y 27 al 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
CONSIDERANDO
Que en nuestro marco jurídico nacional, existen diversas disposiciones, tanto a nivel Constitucional, como a nivel legal, que garantizan la debida imparcialidad de las autoridades durante los procesos electorales, con lo cual se ha buscado fortalecer la vida democrática en el país a través de la equidad que debe observarse durante los procesos electorales y con el fin de respetar la soberanía popular;
Que en ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 41, fracción III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público, siendo las únicas excepciones a lo anterior, las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;
Que por su parte, el artículo 134 constitucional, mismo que regula el manejo de recursos públicos, en su párrafo séptimo previene que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos;
Que asimismo, el párrafo octavo, del artículo a que se refiere el considerando anterior, establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público;
Es evidente que lo que más se difunden el los panfletos citados lo es el nombre y la imagen del servidor público federal quien realiza además de los evidentes actos anticipados de campaña una propaganda tanto para su persona, su nombre e imagen,
Recordemos que la ley electoral marca tiempos precisos y fechas para que dado el caso de contiendas internas los interesados a competir dentro de algún partido político hagan publicidad dirigida a sus simpatizantes pero ello siempre y cuando se encuentren bajo el supuesto de una contienda de las denominadas internas y respetando los momentos que para ello expresa la propia ley electoral.
El sub Secretario de Seguridad quien se supone garante de procurar la ley no solo traiciona la encomienda dada y por la cual recibe jugoso salario, también defrauda a los ciudadanos al demostrar un desprecio por la legalidad y lo peor aun es que pisotea a propios compañeros de partido al abusar de su cargo y recursos para propiciar inequidad en los procesos de selección de candidatos de su partido, se burla de las bases de Morena y contraviene los discursos de su dirigencia.
Por si fuera poco y ante el beneplácito mostrado en las políticas de seguridad a favor de la delincuencia crea una suspicacia fundada con respecto al origen de los cientos de Millones que lleva gastados en su publicidad al igual que en la realización de eventos, viajes, comidas, reuniones, fiestas, traslados, renta de equipos de sonido, pancartas, folletos y otras actividades de claro fin electoral.
Si las autoridades electorales tanto locales como federales no actúan en consecuencia de estas violaciones a la ley estaran abriendo las puertas a una generalización del desprecio a la legalidad y ello solo provocara el fin de la democracia en México.
