Desde el 2009, comenzó un boom inmobiliario en la capital del país, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo; que implicó la especulación del suelo y desplazamiento de la población.
Desde hace por lo menos 12 años, en la entonces delegación Benito Juárez de la Ciudad de México comenzó a tejerse una red de corrupción entre servidores públicos y empresas que se dedican a la construcción de inmuebles, lo que desató un boom inmobiliarioen esa demarcación y con ello, una crisis de servicios a causa del éxodo de personas que llegaron a esta parte de la capital, conocida por su alta calidad de vida.
La operación abarcó las administraciones de tres delegados, todos ellos miembros del Partido Acción Nacional (PAN): Mario Palacios (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015) y Christian Von Roehrich (2015-2018). Jorge Romero es el actual coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, mientras que Von Roehrich es el coordinador de los panistas en el Congreso de la Ciudad de México.
Esta red de corrupción bautizada como “El Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez” comenzó a ser investigada en agosto de 2021 tras registrarse una explosión en un inmueble ubicado en Avenida Coyoacán y el pasado 30 de julio rindió sus primeros frutos.
Ese día, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico de la alcaldía, sobre quien pesaba una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.
Pero las autoridades también buscan a Nicias René Aridjis Vázquez, exdirector de obras y desarrollo urbano en Benito Juárez entre 2006 y 2018, a quien un juez le giró orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, no obstante, este ya tramitó una demanda de amparo para evitar su detención.
Este jueves, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, en su informe “Cero Impunidad” que se rinde los jueves en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detalló que tanto Luis VIzcaíno como Nicias Aridjis están acusados de formar parte de esta organización delictiva.
Destacó la detención de Luis “N” y señaló que presuntamente está involucrado en la demolición de un inmueble que estaba protegido por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Detalló que el pasado 4 de agosto se le vinculó a proceso con la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, al tiempo que se realizaron 42 cateos al mismo número de inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo en los cuales se ha recabado información que ha permitido fortalecer la investigación.
El modus operandi implicaba que ambos servidores públicos establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachada y otorgamiento de autorizaciones y licencias e incluso extorsiones a empresarios dentro de la demarcación. Señaló que de acuerdo con la investigación, habría 10 empresas fachada vinculadas con esta red de funcionarios.
Mejía Berdeja recordó que la investigación de la Fiscalía capitalina comenzó en agosto de 2021 tras registrarse una explosión en un inmueble ubicado en Avenida Coyoacán el cual recibió las manifestaciones de obra nueva del dictamen de habitabilidad en la gestión de Nicias “N”.
El subsecretario señaló que el exdirector de obras y desarrollo urbano en Benito Juárez posee un par de departamentos de ese inmueble, los cuales le podrían haber sido entregados como “contraprestación” a cambio de facilidades que se ofrecieron en la alcaldía para la construcción obras nuevas, por lo que sería un claro conflicto de interés.
Pero también habría autorizado la habitabilidad de un inmueble afectado durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, particularmente el habitado en Av. Emiliano Zapata tras considerar que cumplía con todas las disposiciones legales. Sin embargo, el edificio colapsó.
Además de otorgar permisos de construcción en la demarcación, Luis Vizcaíno y Nicias Aridjis también intervenían como gestores de ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del entonces Distrito Federal.
La indagatoria de la Fiscalía capitalina señala que ambos exfuncionarios serían copropietarios de otros inmuebles, entre ellos un edificio cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos.
De acuerdo con Mejía Berdeja, Nicias Aridjis adquirió el inmueble en 2011 a un precio muy por debajo de su valor comercial y en 2014 le vendió la mitad del edificio a Luis Vizcaíno por un monto de 1.4 millones de pesos. Las declaraciones patrimoniales de ambos funcionarios no corresponde con el patrimonio que poseían.
Las autoridades suponen que tanto Nicias como Luis contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos en la alcaldía para obtener beneficios ilícitos.
El “Cártel Inmobiliario”
El gobierno de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum y la Fiscalía capitalina bautizaron así a los presuntos actos de corrupción ocurridos tanto en la administración de la capital del país como en las alcaldías entre el 2009 y 2018 para favorecer a empresas que se dedicaron a construir de manera desproporcionada, tanto desarrollos de departamentos o de oficinas, siendo la Benito Juárez, una de las demarcaciones en donde se edificaron más inmuebles, los cuales no cumplían con las normas, y muchos de los cuales colapsaron en el sismo de 2017.
Incluso el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (2012-2018), hoy senador de la República, así como Raymundo Collins, quien fuera titular de la Secretaría de Vivienda, han sido señalados de ser parte de esta agrupación.
Y es que durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera ocurrió un boom inmobiliario en gran parte de la capital del país. La fuerza de las constructoras, apoyadas por el gobierno de Mancera, implicó la exclusión, especulación del suelo y desplazamiento de la población.
De acuerdo con organizaciones vecinales y especialistas, las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Medio Ambiente, el Sistema de Aguas, el Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; se dedicaron a justificar a las inmobiliarias, las cuales levantaron edificaciones de manera desmedida, principalmente, en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Cuajimalpa (Santa Fe), sin importar el uso de suelo y mucho menos, la calidad en los materiales.
La proliferación de enormes edificios trajo serios problemas para las zonas: falta de agua por acuíferos sobrexplotados, caos vial a toda hora, tala desmedida de árboles y falta de servicios.
Pero la magnitud del problema quedó dolorosamente expuesta tras el sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017. Ese día, la Ciudad de México sufrió una de las tragedias más grandes de su historia: 228 personas perdieron la vida en la capital del país, luego de que se cayeran 38 inmuebles, muchos de ellos prácticamente nuevos y cientos de edificaciones más resultaron dañados.
Uno de los casos más representativos fue el edificio ubicado en la calle Emiliano Zapata 56, en la colonia Portales Sur de la entonces Delegación Benito Juárez. El edificio tenía sólo 2 años de construido y el costo de cada departamento rondó los 2 millones de pesos. El 19 de septiembre de 2017 una parte del inmueble de seis pisos no aguantó la sacudida del sismo y se derrumbó, causando la muerte de dos mujeres.
La construcción fue realizada por Canada Building Group, empresa que vendió el proyecto como sustentable, resistente y de alta tecnología.
El sismo destapó la corrupción del gobierno de Miguel Ángel Mancera y su apoyo a cuatro inmobiliarias: Fibra Danhos, Grupo Gigante Inmobiliario, Ideal y Copri, los cuales desarrollaron megaproyectos de hasta 44 pisos, en donde conjuntaron casas habitación, oficinas y centros comerciales.
Por si fuera poco, las inmobiliarias cercanas al gobierno de Miguel Ángel Mancera vieron en la reconstrucción tras el terremoto, una oportunidad maravillosa para hacer negocios. Y nuevamente vinieron las acusaciones de corrupción.
Organizaciones vecinales como “Vecinos Unidos”, “La Voz de Polanco”, “SumaUrbana”, “Damnificados Unidos de la Ciudad de México” y “Va por mi Gente”, acusaron que el Programa Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, propuesto por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera,beneficiaba al llamado “Cártel Inmobiliario” de la Ciudad de México.
La jefatura de gobierno había encomendado parte de la reconstrucción a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que agrupa a Fibra Danhos, Grupo Gigante Inmobiliario, Ideal y Copri. Pero además otras empresas como Grupo Promotor Aries, encargada de auditar la reconstrucción del Multifamiliar Tlalpan.
Grupo Promotor Aries, está acusada de varios actos de corrupción y de estar “vinculada estrechamente” al grupo español OHL, el cual también ha sido señalado de diversos actos de corrupción.
Una vez que terminó el sexenio de Miguel Ángel Mancera, el nuevo gobierno capitalino encabezado por la morenista Claudia Sheinbaum, anunció que el programa de reconstrucción sería transparente. Después de reclamos y bloqueos del colectivo Damnificados Unidos por presuntas irregularidades de las constructoras, Claudia Sheinbaum prometió acciones en contra de los exfuncionarios involucrados.
En septiembre de 2021, las autoridades capitalinas detuvieron en calles de la colonia San Miguel Chapultepec, a Fernando Javier Linares Salvatierra, ex directivo del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México, acusado de daños por 21 millones de pesos a las finanzas públicas de la capital.
Linares Salvatierra se desempeñó como director ejecutivo de Asuntos Jurídicos cuando Raymundo Collins estaba al frente del Invi. Fernando Linares fue arrestado pero fue dejado en libertad en enero del 2020 al prescribir el ejercicio de la acción penal por acusaciones que lo implicaban en el desvío de 475 millones de pesos para adquirir un inmueble en la alcaldía Álvaro Obregón.
El propio Raymundo Collins, quien además de ser extitular del Invi fue secretario de Seguridad Pública capitalina, está acusado de la supuesta compra indebida de un inmueble con un valor superior a los 21 millones de pesos.
La Fiscalía también ha realizado cateos en dos de sus domicilios al sospechar de enriquecimiento ilícito: uno de ellos en la alcaldía Álvaro Obregón con un valor estimado de 60 millones de pesos y otro en Morelos, en donde se aseguraron pinturas y una colección de 41 autos de lujo.
El pasado mes de julio, Collins quien tiene una orden de aprehensión por parte de la Interpol, fue captado por las cámaras de Milenio TV en calles de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, durante la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a aquel país, con la finalidad de reunirse con su homólogo, Joe Biden.
El Cártel Inmobiliario de Benito Juárez
Según la Fiscalía de la Ciudad de México, esta agrupación estaría presuntamente encabezada por Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico y gobierno de la demarcación en las administraciones de Mario Palacios y Jorge Romero, así como por Nicias René Aridjis Vázquez, exdirector de obras y desarrollo urbano durante los periodos de Mario Palacios, Jorge Romero y Christian Von Roehrich; y quien estableció un esquema de enriquecimiento basado en el intercambio de favores, así como mediante extorsiones.
De acuerdo con el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, tan solo en el 2017, cuando Nicias Aridjis aún era el director de obras, se autorizaron más de 1,000 manifestaciones de construcción para obras nuevas en la alcaldía Benito Juárez, “lo que motivó diversas investigaciones de la Fiscalía”.
La fiscalía lo señala como el principal responsable de la construcción desmedida de inmuebles en Benito Juárez, pues incluso ya en la administración de Santiago Taboada, actual alcalde de la demarcación, se otorgaron más de mil manifestaciones de construcción solo de 2017 a 2021.
Pese a que ya le fue girada una orden de aprehensión, aún no ha podido ser detenido toda vez que le fue otorgado un amparo por un juez con sede en la Ciudad de México.
Información de: Infobae
