Los diputados de las ocho fracciones y asociaciones parlamentarias del Congreso local han aprobado reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para prevenir la deserción escolar en la orfandad.
El dictamen que condujo a esta reforma fue presentado por la presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, Polimnia Romana Sierra Bárcena, y recibió el apoyo unánime de la legislatura. Sin embargo, es relevante subrayar que este dictamen incluyó modificaciones a la iniciativa original, la cual fue promovida por la propia congresista Sierra Bárcena junto con su compañero coordinador de la bancada perredista, Víctor Hugo Lobo Román.
La reforma ahora incorporada a la ley establece que los niños y adolescentes en situación de orfandad se considerarán como uno de los sectores prioritarios para la implementación de acciones afirmativas en el ámbito de la educación.
Este enfoque tiene como objetivo abordar el problema de la deserción escolar, ya que en la mayoría de los casos, estos menores se ven forzados a abandonar su educación para asumir responsabilidades laborales o de cuidado hacia sus hermanos.
Niños huérfanos
Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de un millón 600 mil menores de edad viven en la ciudad sin sus padres debido a diversas circunstancias, tales como fallecimiento, privación de la libertad, desaparición o emigración de sus progenitores, dejándolos al cuidado de familiares o incluso en situaciones de abandono.
La pandemia de COVID-19 ha agravado esta problemática, incrementando los índices de orfandad. Durante el año 2021, 788,704 menores quedaron huérfanos de madre, padre o de ambos. Además, 73,661 perdieron al menos un abuelo con custodia, y 355,283 perdieron al menos a un abuelo o algún pariente que residía con ellos.
México se encuentra entre los países con un alto número de niños que han perdido a sus cuidadores principales debido a muertes relacionadas con el COVID-19, junto con Sudáfrica, Perú, Estados Unidos, India y Brasil.
Es importante señalar que México lidera en América Latina en cuanto al número de huérfanos de padre, madre o ambos debido al COVID-19, con un total de 131,325 menores en esta situación. Frente a esta realidad, varios países han implementado políticas para abordar esta problemática.
En la India, se ha establecido la educación gratuita y pensiones para familiares de niños en situación de orfandad. Brasil, por su parte, ha propuesto el apoyo a la educación universitaria de los huérfanos por COVID, y Estados Unidos ha destinado recursos para la educación primaria y secundaria, así como otros aspectos permanentes.
¿Cuáles son los derechos de los infantes en México?
Los derechos de las niñas y niños en la Ciudad de México están protegidos por diversas leyes y regulaciones que buscan garantizar su bienestar y desarrollo integral. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación para todas las personas, incluyendo a los menores, independientemente de su origen étnico, género, discapacidad u otras características personales.
La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México es fundamental para proteger los derechos de los menores. Esta ley reconoce el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, la identidad, la no violencia y la participación activa de los niños. Además, establece mecanismos para prevenir y sancionar el abuso y la explotación infantil.
Uno de los derechos más cruciales es el derecho a la educación. La Constitución de la Ciudad de México garantiza el acceso a la educación básica y obligatoria para todos los niños. Esto implica que el gobierno debe proporcionar escuelas de calidad y los recursos necesarios para que puedan aprender y desarrollarse plenamente.
La salud de los menores también es un derecho protegido, lo que incluye el acceso a servicios médicos adecuados y atención integral. Además, se prohíbe cualquier forma de trabajo infantil y se busca proteger a los menores de la explotación laboral.
En el ámbito de la justicia, se establecen medidas especiales para garantizar la protección de los derechos de las niñas y niños que sean víctimas o testigos de algún delito. Se promueve activamente la participación de los menores en asuntos que les afecten, fomentando su voz y opinión en decisiones que les conciernen.
La Ciudad de México ha implementado programas y políticas públicas para asegurar la plena realización de estos derechos, como la entrega de becas, el fortalecimiento de programas de atención a la salud infantil y la promoción de espacios seguros y libres de violencia.
