La Cámara de Diputados podría entrar a un segundo round con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, para que acuda a San Lázaro a rendir cuentas por el hackeo masivo.

Así lo dio a conocer el legislador Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), quien mandó formalmente la solicitud de comparecencia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a fin de que el Secretario General ahonde en el ciberataque, así como en las soluciones ante el ciberataque.

A finales de septiembre, el grupo centroamericano de hacktivistas, Guacamaya, logró extraer miles de documentos confidenciales del Ejército mexicano tras burlar su ciberseguridad. Sin embargo, a casi cuatro semanas de lo acontecido, ninguna autoridad militar ha rendido cuentas de ello, ni de las acusaciones por corrupción, irregularidades y nexos con el narcotráfico que han surgido del ataque.

La única petición de diálogo de los Diputados fue condicionada y pospuesta por Luis Cresencio: la primera, al solicitar que el encuentro se llevara acabo en su oficina ubicada en Campo Militar no. 1 y no en San Lázaro; y la segunda por “el tono irrespetuoso” con el que un legislador rechazó acudir al recinto militar, según lo declarado por Adán Augusto López, Secretario de Gobernación.

Bajo ese tenor, el emecista Álvarez Máynez replicó que una verdadera falta de respeto es que se le hayan atribuido a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de “las omisiones de autoridades civiles pusilánimes”.

La negativa de Luis Cresencio para comparecer por las irregularidades del Ejército despertó la incertidumbre respecto a la verdadera magnitud del fortalecimiento de la institución otorgado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que, cabe recordar, ambas cámaras (Diputados y Senadores) recién aprobaron la extensión legal hasta el 2028 de las Fuerzas Armadas en las calles, en lo que la Guardia Nacional (GN) termina de consolidarse.

Según analistas, dicha resolución abonó al empoderamiento que el Ejército ha obtenido en la administración obradorista, donde su presencia ha sido desplegada incluso en índoles ajenas a la seguridad pública, tales como construcción de Megaproyectos, vigilancia en puertos aéreos, apoyo en la vacunación del COVID-19, etcétera.

De ahí que resulta inquietante que desde el nivel Federal se abogue por el fortalecimiento de los cuerpos castrenses aún con las revelaciones del caso Guacamaya Leaks – las cuales se suman a otras polémicas, como las filtraciones del caso Ayotzinapa, las violaciones a Derechos Humanos, señaladas por ONG’s o colusión con el crimen organizado.

Esto, sin mencionar su presupuesto, el cual, según Leonardo Núñez González, ha sido aumentado hasta en un 30% por mandato presidencial; evadiendo así el filtro del Legislativo: “Los militares ni tienen que preocuparse porque sus aumentos presupuestales ya no pasan por ahí”, señaló el jefe de investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Pese a ello, el presidente López Obrador aseguró en su mañanera de este 18 de octubre que el rechazo del General Secretario no debería ser de importancia para la opinión pública. Por el contrario, acusó que cuestionar los posibles privilegios detrás de su negativa incentiva a “la politiquería”.

En su lugar – y como suele ser costumbre del tabasqueño – culpó a sus opositores de que la magnitud de este caso haya escalado tanto: “Son nuestros adversarios conservadores. No hay que enojarse. Hay que estar contentos, alegres felices. Que se serenen; que se tranquilicen”, atajó entre risas.