Pese a que el grupo de hacktivistas Guacamaya realizó el hackeo de seis terabytes de información interna y confidencial que involucra desde correos electrónicos, videos, fotografías y documentos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y con ello, se dieran a conocer informaciones importantes como la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e incluso la idea de crear su propia aerolínea; este martes se define en el pleno del Senado, si el Ejército continuará haciendo labores de seguridad pública hasta 2028.
El periodista Salvador García Soto aseguró en su columna que escribe en El Universal, que la noche del lunes 03 de octubre, se negociaban los últimos cambios al nuevo dictamen que contiene las propuestas de la oposición y en el que se incluyen controles de vigilancia y fiscalización al Ejército desde el Congreso y una partida presupuestal para fortalecer a las policías civiles municipales y estatales a partir del 2024.
El columnista aseveró que la nueva redacción ya había sido avalada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y por los altos mandos militares a los que consultó el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal y solo se estaban afinando los números para garantizar la mayoría constitucional de dos terceras partes para aprobar este martes la reforma.
Entre los senadores que ya tendrían apalabrado su voto a favor del dictamen estarían al menos los ocho senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los 3 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como todos los de Morena y sus aliados; mientras que el Acción Nacional (PAN) se retiró de la mesa de negociación y Movimiento Ciudadano (MC) no se había presentado.
Con este panorama, la propuesta presidencial alcanzaría los 86 votos necesarios para su aprobación con lo que se lograría que las fuerzas armadas sigan patrullando las calles a lo largo y ancho del país.
Salvador García Soto recordó que entre la información dada a conocer tras el hackeo a la Sedena está la adquisición por parte de la Defensa Nacional -en 2019, ya en el gobierno de López Obrador- de un equipo de espionaje para vigilar a periodistas, activistas y opositores políticos.
Entre los espiados se encuentran los periodistas Ricardo Raphael y Daniel Moreno, quienes anunciaron que interpondrán una demanda legal en la Fiscalía General de la República en contra del Ejército y del gobierno de AMLO.
Pero también se sabe que se ha espiado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por su oposición al Tren Maya, así como al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez al que califican como “grupo de presión”.
García Soto destacó que estas revelaciones desmienten al presidente López Obrador quien, dijo, ha asegurado en varias ocasiones que su gobierno “ya no espía a opositores ni a políticos o periodistas, porque eso es cosa del pasado”.
Pero además -dijo el periodista-, confirma que el Ejército mexicano, junto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), comandado por otro general retirado, Audomaro Zapata, “volvieron a ser los espías políticos del gobierno de la 4T y junto con todo el poder civil y presupuesto que han adquirido de este gobierno, también está la información, el espionaje y la intromisión en la vida de líderes opositores, periodistas, activistas y cualquier otro ciudadano que el régimen identifique como ‘crítico’”.
Salvador García Soto finalizó su columna destacando que a pesar de estas revelaciones y de los hechos confirmados de que en 16 años realizando labores de seguridad pública sin que haya podido reducir la violencia generada por el crimen organizado, este martes se estará avanzando hacia la militarización de la vida civil del país.
Información de: Infobae
