Fueron seis veces las que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la palabra “corrupción”, aunque con contextos distintos, durante su discurso ante cientos de simpatizantes y militantes de Morena en el Zócalo de la Ciudad de México en el mitin del sábado 18 de marzo por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.
El presidente López Obrador afirmó, ante el vitoreo de sus simpatizantes, que en su mandato se combate la corrupción y que ello permitió a su gobierno evitar la deuda.
“Ahora no hay simulación, de verdad se combate la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción, no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie”, lanzó el tabasqueño.
Sin embargo, durante su sexenio se ha registrado una disminución en la apertura de carpetas de investigación y sanciones por el delito de corrupción, lo que se ha traducido en un frente que no se ha traducido en “una política de Estado coherente, articulada y efectiva que contribuya a revertir el problema de la impunidad”, afirmó un informe publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Ello, ha llevado a que entre 2020 y 2021, el número de personas llevadas a prisión por delitos de corrupción pasaron de mil 942 a 857. Esto es una reducción de 55.88 por ciento en solo un año, de acuerdo con un censo del Instituto Nacional Estadística, Geografía (INEGI).
En el último índice de Transparencia Internacional citado por el Instituto, en su edición más reciente de 2022, indica que México ocupó el lugar 126 de entre un total de 180 países evaluados.
Mientras que de acuerdo con el INEGI, en el año 2021, el 57.1 por ciento de la población en México consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en sus entidades.
Esta encuesta, publicada en diciembre de 2022, consideró que el costo promedio de la corrupción, esto es los montos por generación de dinero, regalos o favores, por persona fue equivalente a los 3 mil 044 pesos por persona y a 7 mil 419 en cuanto a empresas.
Una revisión de datos del Instituto Belisario Domínguez encontró que las sanciones administrativas a funcionarios de la Administración Pública Federal han disminuido notablemente desde 2016 y hasta 2020, datos que comprende el Censo Nacional de Gobierno Federal del INEGI.
Se encontró que entre 2016 y 2020 se sancionó a 22 mil 824 servidores públicos por faltas administrativas, varias de ellas por faltas no graves y que involucran negligencia. De estas sanciones, 7 mil 656 se realizaron en el año 2016, luego 7 mil 303 en el año 2017; 3 mil 197 en 2018 y ya durante la administración del presidente López Obrador, bajaron a 2 mil 747 en 2019 y mil 921 en el año 2020.
Las sanciones aplicadas a los funcionarios públicos fueron desde una amonestación pública o privada, la suspensión del cargo, la destitución, la inhabilitación temporal y la aplicación de sanciones económicas.
Por ejemplo, solo en el caso de las suspensiones en el cargo, en el año 2016 fueron 2 mil 743, presentaron un aumento y se colocaron en 2 mil 910 en el 2019 y desde entonces presentaron una disminución para posicionarse en mil 074 en 2018, y baján aún más en 2019 para situarse en 697 y llegar a 2020 a 390 sanciones.
Mientras que respecto a la apertura de averiguaciones previas por corrupción, es decir, su combate por la vía penal, por parte de la extinta Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República (FGR), estas también han presentado una reducción.
Estas alcanzaron su punto más alto durante la actual administración federal en el año 2019, con 3 mil 661, y cayeron drásticamente para el año 2020, cuando se abrieron 2 mil 554. Mientras que, en cuanto a las imputaciones, estas cayeron para todos los delitos, pero el cambio más importante se dio en el relacionado con el de abuso de autoridad, que pasó de 2 mil 563 en el año 2014 a los 527 en el año 2020.
De acuerdo con los informes que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, presentó al Senado, en el año 2021 las carpetas de investigación y las imputaciones por este delito también presentaron una caída, al pasar de 773 indagatorias en 2019, 794 para el año 2020 y solo 121 en el año 2021.
Mientras que en cuanto a las personas imputadas, la reducción fue aún más marcada pues se pasó de 6 mil 111 en el año 2014 a solo 22 entre los años 2019 y 2021.
¿Por qué se sanciona menos la corrupción con la 4T?
El Instituto Belisario Domínguez advirtió que algunos de los factores que intervienen en que este delito sea menos sancionado es la menor cantidad de auditorías y fiscalización de los recursos públicos en la Administración Pública Federal, pues estos también registraron una disminución durante el gobierno del presidente López Obrador.
De tener 4 mil 042 auditorías en el año 2017, pasaron a 2 mil 610 en el año 2018; posteriormente en el año 2019, aumentaron a 2 mil 919 para caer nuevamente hasta 2 mil 209 en el año 2020, esto, con datos del Censo del Gobierno Federal del INEGI.
Aunque las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han logrado un aumento en las revisiones de la Cuenta Pública. Por ejemplo en el caso de la correspondiente al año 2021, se realizaron 2 mil 050 auditorías, desde mil 617 realizadas en el año 2020.
No obstante, las muestras fiscalizadas han caído. Estas pasaron de un 79.7 por ciento en el año 2019 a solo 42.1 por ciento para el año 2021, lo que ha generado una caída también en las recomendaciones emitidas a la Administración, las cuales pasaron de 5 mil 299 a 4 mil 446.
Otro factor que se señalaron son los recortes presupuestales a las instituciones fiscalizadoras, esto es, a la Secretaría de la Función Pública (SFP). De acuerdo con el informe, esta dependencia, que inició el sexenio a cargo de Irma Eréndira Sandoval y que actualmente se encuentra a cargo de Roberto Salcedo, pasó de tener un presupuesto de mil 824.3 millones de pesos para el año 2018, a solo tener mil 533.4 para el año 2023.
Mientras que para el caso de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, se mencionó que la problemática no solo radica en la reducción de presupuesto, sino también en el subejercicio de este.
También se suma a la imposibilidad de combatir la corrupción el desmantelamiento de instituciones relacionadas a ello. Por ejemplo, en el año 2020 se eliminó la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, la cual estaba a cargo de Luis Gutiérrez Reyes.
Y para junio de 2021, el subsecretario de Fiscalización y Combate a la Impunidad, Roberto Salcedo, ascendió a titular de la SFP, en sustitución de Irma Eréndira Sandoval. Sin embargo, el cargo que el funcionario dejó vacante permanece así.
Por otro lado, se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que actualmente sesiona con solo cinco de siete integrantes de su Pleno y cuyo futuro es incierto, ante la próxima salida del comisionado Javier Acuña Llamas, que dejaría a este órgano autónomo con solo cuatro comisionados, esto, si el Senado no logra acuerdos para el nombramiento de dos personas.
Información de: Infobae
