El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió un proyecto que podría representar una de sus primeras grietas como Alto Tribunal electo en las urnas.

Durante la sesión, los ministros debatieron un asunto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que establece que la acción de anular un juicio concluido es improcedente, inclusive bajo el supuesto de un proceso fraudulento.

Ortiz Ahlf votó en contra de su propio proyecto, debido a que desde la antigua conformación del Pleno de la SCJN sostuvo, “junto a una minoría de ministros”, que sí existen mecanismos procesales que permiten tramitar acciones de nulidad de cosa juzgada.

En el debate, la ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió que la cosa juzgada representa una de las instituciones jurídicas de mayor importancia de derecho pues, afirmó, a través de ella se da confianza a los gobernados de que las decisiones del sistema de justicia adquieren vigencia y eficacia.

“Con ello se asegura que la decisión de los tribunales, una vez agotada las instancias, adquieran firmeza de carácter inamovible. Representa la seguridad jurídica en nuestro país, la certeza”, subrayó.

Sin embargo, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cruzó un umbral peligroso este miércoles al pronunciarse, con cinco votos a favor y tres en contra, para que los nuevos ministros puedan anular juicios concluidos. El pretexto: que los ministros de la anterior Suprema Corte pudieron haber incurrido en actos indebidos.

“Podríamos decir: hay cosa juzgada si nosotros mismos advertimos ciertos indicios o, en algunos casos, pruebas que hacen evidente que se llegó a la cosa juzgada mediante acuerdos, mediante acciones indebidas”, declaró Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN.

Para algunos especialistas, esto abre la puerta para eliminar de tajo el principio de cosa juzgada, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.