Genaro García Luna, quien en su día fue el máximo responsable de la seguridad en México y el encargado de la lucha contra los cárteles de la droga inició su juicio este martes 17 de enero en la Corte de Distrito Este de Nueva York, acusado de haber aceptado presuntamente millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar al cártel de Sinaloa al trasiego de droga y a evitar la captura de líderes criminales.
García Luna compareció en la primera jornada de selección del jurado que dirimirá su responsabilidad en las acusaciones de la justicia norteamericana.
García Luna, de 54 años, apareció en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York vestido con traje azul y corbata gris, una concesión autorizada por el juez a requerimiento de la defensa, que pidió se le eximiera del uniforme de presidiario.
El exsecretario de Seguridad (2006 – 2012), que lleva tres años preso desde su captura en 2019, apareció hoy con el pelo totalmente canoso, y con semblante serio. En un momento dado, miró hacia el público y se puso una mano en el pecho, como si saludara a un conocido.
Acompañado por sus abogados, en un equipo encabezado por el litigante César de Castro, el exfuncionario mexicano llevaba varias hojas en las que iba tomando notas.
Por razones de seguridad, ningún periodista fue hoy admitido en la sala principal donde estaba García Luna, y tuvieron que seguir el proceso por una pantalla colocada en una sala anexa.
En el exterior del tribunal, un puñado de mexicanos se acercaron con pancartas escritas a mano en los que pedían justicia con frases en español como: “García Luna, dí la verdad”; “México exige justicia”; “García Luna, no cubras a nadie” o “Calderón sí sabía”, en alusión al expresidente Felipe Calderón, en cuyo gobierno sirvió el hoy procesado.
La difícil selección del jurado
Tanto los fiscales como la defensa acordaron una preselección de 191 personas que podrían formar parte del jurado, del total de 400 que fueron convocadas inicialmente, de las cuales más de la mitad fueron objetadas por alguna de las partes.
Las 191 personas candidatas están siendo convocadas desde este martes 17 de enero a razón de treinta por la mañana y treinta por la tarde por la jueza Peggy Kuo, encargada del caso.
No es obligatorio que las 191 personas sean entrevistadas por la juez o por las partes, ya que en el momento en que aparezcan 15 personas que se consideran idóneas y sin prejuicios hacia el caso, se cierra el proceso y se considera completo el jurado.
Una de las preseleccionadas dijo a la jueza que “sentía un poco de miedo” y quiso saber si, en caso de ser elegida, estaría en la misma sala que el acusado, pues eso podría condicionar su propia opinión sobre el caso para tomar una decisión justa.
Cuando la jueza le confirmó que así sería y que tendría que compartir ese espacio con García Luna, se mostró visiblemente nerviosa, mientras que García Luna soltó una risa.
El proceso contra García Luna durará aproximadamente dos meses, aunque podría evadir el juicio si decide declararse culpable, de modo que pueda cooperar con información a las autoridades de EEUU y con ello negociar una pena reducida
García Luna enfrenta la justicia en EEUU
García Luna, descrito como un hombre de aspecto rudo encargado de dirigir la guerra contra el narco, ganó mayor reconocimiento como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio (2006 – 2012) de Felipe Calderón.
La fiscalía de Estados Unidos alega que el exfuncionario mexicano aceptó millones de dólares en sobornos, a menudo metidos en maletines. Las pruebas en su contra incluyen recibos, aunque no está claro si eran de trabajos oficiales, de consultorías del sector privado, de pagos del cártel o de otros sobornos.
Las autoridades norteamericanas afirman que siguió disfrutando de sus ganancias ilícitas incluso después de mudarse a Estados Unidos, donde fue arrestado en 2019, aunque su defensa alega que era un empresario legítimo.
En el tribunal de Brooklyn le espera un desfile de testigos gubernamentales, incluyendo miembros de alto nivel del cártel, nunca visto allí desde que el jefe del de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue condenado a cadena perpetua en 2019. Algunas de las acusaciones contra García Luna surgieron durante ese proceso.
El caso podría revelar cómo los cárteles de la droga han podido operar abiertamente durante tanto tiempo: con sobornos a la policía y al ejército hasta los cargos más altos.
“Desde hace décadas, las élites políticas en México, de todos los partidos, han buscado por todos los medios que generales, secretarios de Seguridad, comandantes de policía, secretarios de gobernación y altos funcionarios coludidos por el narco sean enjuiciados y encarcelados en cárceles mexicanas”, dijo el analista de seguridad en México, David Saucedo. “El juicio a García Luna en Estados Unidos rompe con ese esquema”.
El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tomado con satisfacción un juicio que se espera que arroje luz sobre la corrupción en el gobierno de Calderón, a quien el tabasqueño acusa de haberle robado la presidencia en la elección de 2006.
Se trata del exfuncionario federal de mayor rango que va a juicio ante las autoridades de EEUU.
Sin embargo, el propio López Obrador luchó para evitar que el exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, fuese juzgado en Estados Unidos por cargos similares en 2020, y llegó a amenazar con expulsar a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del país a menos que el general fuese devuelto a México, como acabó ocurriendo.
Los tiempos políticos del juicio
El juicio comienza días después de la reunión entre los presidentes,Joe Biden, y López Obrador, en la Ciudad de México. El pasado 9 de enero, los dos gobiernos se comprometieron a mantener la cooperación en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, especialmente frente al opioide sintético fentanilo, que contribuyó a más de 107 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2021.
Una vez que llegó al poder, en 2018, López Obrador eliminó a la Policía Federal que en su día dirigió García Luna y en su lugar puso al ejército a cargo de gran parte de la seguridad del país.
“No es lo mismo que tenemos, que no es un civil del gobierno panista, aunque se juzgue a otro como un secretario de la Defensa, cuando su proyecto político con inestabilidad nacional recae en las Fuerzas Armadas”, dijo Ana Vanessa Cárdenas, analista de seguridad internacional en la Universidad Anahuac, refiriéndose al PAN de Calderón.
“Mientras ocupaba cargos públicos, (García Luna) utilizó su posición para ayudar al cártel de Sinaloa, un conocido cártel mexicano del narcotráfico, a cambio de sobornos multimillonarios. En el juicio, el gobierno espera que numerosos testigos, incluyendo varios exmiembros de alto rango del cártel de Sinaloa, declaren acerca de los sobornos pagados al acusado a cambio de protección”, escribió el fiscal federal Breon Peace en un documento judicial la semana pasada.
“A cambio de estos sobornos, el acusado proporcionó al cártel de Sinaloa, entre otras cosas, un pasaje seguro para sus cargamentos de drogas, información confidencial de las autoridades sobre investigaciones al cártel e información sobre cárteles rivales”, apuntó Peace. “Estos pagos permitieron que, en ocasiones, el cártel recibiese avisos anticipados de las operaciones de las fuerzas de seguridad para detener a miembros y permitía que fuesen liberados si eran detenidos”.
Antes de condenar a Guzmán en 2019, los jurados del proceso en Nueva York escucharon como Jesús Zambada, un exmiembro de la organización criminal, declaró que él había realizado personalmente pagos por importe de al menos 6 millones de dólares a García Luna, en nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada.
En la actualidad se cree que el grupo está dirigido por Zambada y por al menos tres de los hijos de Guzmán, uno de los cuales fue detenido a principios de mes con base en una petición de extradición de Estados Unidos.
García Luna no es el primer alto cargo mexicano arrestado por su relación con el narcotráfico. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, que fue nombrado zar antidroga por el presidente Ernesto Zedillo en 1996, fue arrestado un año después tras descubrirse que vivía en un apartamento de lujo propiedad del líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes.
