Sin novedad en el frente 

Tras más de dos décadas de crecimiento en la violencia, no se generaron cambios significativos respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en México.

Fue indispensable su participación en el 2000, cuando el presidente Vicente Fox decidió profundizar la militarización heredada por los gobiernos emanados del PRI, estableciéndose como la estrategia para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. 

Lo fue también en el sexenio de Felipe Calderón, quien continuó la misma línea de su antecesor privilegiando los operativos militares en las regiones más conflictivas del país. 

Asimismo, bajo el mando de Enrique Peña, el Ejército y la Marina se desplegaron para cumplir labores de seguridad ciudadana en la mayoría de las entidades federativas.

Con el avance de la iniciativa para extender hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, misma que incluye la creación de un fondo para el fortalecimiento de la policía civil, el presidente López Obrador hace suyo el diagnóstico establecido por sus antecesores. 

Al mismo tiempo, frente al aumento de la violencia y los bajos niveles de confianza en los cuerpos policiales, la presente administración arribó a la misma conclusión a la que llegaron las tres anteriores: la “mano dura” como la única alternativa para resolver el embrollo de la inseguridad. 

Es decir, la participación del Ejército y la Marina en el ámbito de la seguridad pública, incluso superponiéndose a las funciones policiales, asumiendo labores de inteligencia, prevención, detención, patrullaje y recuperación de territorios. 

En aquellos tiempos, cuando se estableció que la violencia se incrementaba a raíz de la descomposición de los cuerpos de seguridad pública, se pensó que, al paso de los años, los policías federales, estatales y municipales estarían lo suficientemente organizados, equipados, capacitados y coordinados para enfrentar plenamente las amenazas y dificultades de la seguridad interna.

La realidad, sin embargo, quedó evidenciada con la iniciativa aprobada recientemente en el Senado de la República y enviada a la Cámara de Diputados para su validación: la alta percepción de inseguridad y el crecimiento en el número de asesinatos dolosos continúan imponiendo, igual que hace más de veinte años, la participación de los militares y los marinos en labores policiales en la mayor parte del territorio nacional. 

Cuatro administraciones sin novedad en el frente; no obstante, haberse creado la Guardia Nacional en el presente sexenio. Incluso, aún se discute la necesidad de invertir mayores recursos en la profesionalización y equipamiento de la policía civil.

Es cierto que algunos estados y ayuntamientos han logrado avances importantes en la profesionalización y recuperación de la confianza ciudadana en sus policías, destacan los casos de Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur y Ciudad de México. 

Sin embargo, en términos generales, según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, levantada por el INEGI en el segundo trimestre de 2022, la confianza ciudadana en la Policía Preventiva Municipal (45.5 %) y Policía Estatal (50.3 %), se encuentra lejos de la confianza en la Marina (86.6 %) y el Ejército (83.3 %). 

Frente a este cúmulo de circunstancias y calamidades, suena ilógico pensar que los servicios de las Fuerzas Armadas ya no son requeridos. 

A menos que alguno de los legisladores viva dentro de un armario o debajo de la cama, sin duda es consciente de que los cuerpos policiales en México, incluyendo a la Guardia Nacional, lamentablemente no cuentan con las capacidades para enfrentar al crimen organizado, teniendo en cuenta que los grupos delincuenciales fortalecen consistentemente su organización y equipamiento.  

Esta es la realidad, frente a ella se toman las decisiones. Los desacuerdos políticos no deberían interponerse en el camino de la seguridad ciudadana. Incluso el presidente López Obrador, reconoció que se había equivocado al anunciar en su campaña electoral que el Ejército regresaría a los cuarteles durante su administración. 

Me hubiera gustado, eso sí, que la discusión de la iniciativa se hubiese dirigido hacia el diseño de una nueva estrategia integral de seguridad, en donde el Ejército y la Marina complementaran, no sustituyeran a los policías civiles. 

Veremos si esa quimera se logra en lo que resta del sexenio. Ojalá la 4T conserve al senador Ricardo Monreal para corregir la plana cuando se necesite, como lo hizo con la iniciativa de “Alito”.