Agitación en el poder

Un nuevo conflicto entre el jefe del Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha vuelto a agitar el sistema de división de poderes, que es un pilar fundamental del Estado mexicano.

La razón de esta hostilidad entre los dos poderes, que marcharon juntos mientras el ministro Arturo Zaldívar presidió la Corte, fue la invalidación del “plan B” para la reforma electoral impulsada por el presidente.

Sin embargo, el conflicto escaló cuando el Poder Judicial (ahora presidido por la ministra Norma Piña) declaró invalido el decreto que clasificaba las obras y proyectos emblemáticos del Gobierno de la República como de interés público y seguridad nacional. Esto llevó al titular del Ejecutivo a desplegar una de sus armas favoritas: la votación popular.

En respuesta al control constitucional ejercido por el Legislativo, el presidente, a través de su partido, presentó una iniciativa para modificar la Constitución. El objetivo es que los ministros sean elegidos mediante voto directo y universal, al igual que el jefe del Ejecutivo y los legisladores.

Al presentar la iniciativa, el diputado de Morena, Alejandro Robles, afirmó que, a diferencia del modelo actual, donde “los ministros terminan debiendo el favor al presidente de la República que los propone y a los senadores que los eligen, la reforma implicaría que se deberían al pueblo que los eligió”.

De ser aprobada la reforma, se sacudirían las estructuras políticas establecidas hace siglos para prevenir la concentración del poder público y asegurar la existencia de pesos y contrapesos dentro del gobierno.

Mientras algunos ven esta medida como una reacción espontánea al revés judicial, otros creen que es una táctica del presidente (quien suele ser bastante eficaz en este ámbito) para alinear las posturas jurídicas de los ministros con los objetivos de su gobierno.

En este caso, es posible que la propuesta termine archivada. Además, el actual mandatario no cuenta con la mayoría necesaria para llevar a cabo una reforma constitucional.

Ambas perspectivas son comprensibles, considerando la complejidad del proceso de una reforma constitucional de gran alcance y el estilo poco convencional y simbólico del presidente para hacer política.

Sin embargo, algunos predicen que esta es una discusión para la que debemos estar preparados en caso de que Morena y sus aliados obtengan una mayoría calificada en las elecciones del próximo año con el respaldo del llamado “plan C”. En ese contexto, es muy probable que el actual presidente o su sucesor recuperen la iniciativa con el apoyo de la nueva legislatura.

Las discusiones que podría surgir se antojan interesantes e interminables. Imaginemos un debate entre quienes creen que el voto popular democratizará al Poder Judicial y aquellos que defienden el sistema actual de designación porque aseguran que la reforma propuesta convertiría a la Corte en una arena donde se impondría la mayoría política en lugar de la razón jurídica.

Más allá de aclarar las distintas posturas con respecto a la iniciativa que permitiría a los ciudadanos elegir a los ministros de la SCJN mediante su voto, me interesa resaltar en esta columna las luchas políticas que libran los Poderes de la Unión. En vez de trabajar en conjunto para cumplir los fines del Estado, han optado por debilitarse mutuamente.

Una combinación de diversas razones jurídicas y distintas posiciones políticas impedirán, una vez más, que los tres poderes desarrollen una perspectiva común para abordar de manera coordinada los desafíos que enfrenta el país.