El IEC y el INE: un balance preliminar

Más allá de las cifras y las implicaciones políticas que se derivan de los resultados, las recientes elecciones en Coahuila abren algunas ventanas para la discusión de temas relevantes y de interés periodístico en la vida democrática del estado. 

Uno de ellos se refiere a la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en la organización de las elecciones que renovaron la gubernatura y el Congreso del Estado.

En mi opinión, cuando la atención del público se enfoca en los candidatos, las campañas y los resultados, y las autoridades electorales pasan desapercibidas, es una clara señal de que la gestión de las elecciones fue eficaz y adecuada. 

Ciertamente, esto fue lo que ocurrió en Coahuila. De lo contrario, el IEC habría sido cuestionado. 

Dentro de sus responsabilidades, el organismo registró en tiempo y en apego a la ley a los 254 candidatos que compitieron para la gubernatura y las diputaciones (titulares y suplentes) de mayoría relativa y representación proporcional.

Asimismo, el IEC y el INE, en el marco de sus respectivas atribuciones, gestionaron etapas esenciales del proceso electoral. Entre ellas, se asignaron más de 80 millones de pesos de financiamiento público a los ocho partidos contendientes; se organizaron dos debates; se capacitó a los ciudadanos que instalaron más de 4, 000 casillas y levantaron más de 8, 000 actas de escrutinio y cómputo; se implementó con éxito el sistema de resultados preliminares; y, se contabilizaron dos millones 691, 496 votos para ambas elecciones. 

La participación ciudadana fue del 56.56 %, ligeramente menor al 57.58 % de 2021. Una participación por debajo del 50% habría convertido al IEC en el villano de la historia. 

No fue el caso. Por el contrario, los buenos resultados alcanzados en cada fase del proceso generaron en Coahuila una característica peculiar de los sistemas electorales consolidados: las autoridades electorales pasan inadvertidas y se habla poco de su esfuerzo y logros en medio de una elección exitosa y sin grandes controversias. 

Estos resultados refuerzan la confianza ciudadana en la gobernanza electoral y en los procedimientos democráticos para renovar los cargos de elección popular en el estado.  

En esta coyuntura, cobra importancia el debate sobre las actuaciones del INE, IEC y su similar en el Estado de México, ya que este puede convertirse en el referente más actual para nutrir la discusión nacional acerca de la eficacia y eficiencia de la configuración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y del INE. 

Aunque no existen razones de peso para cuestionar la eficacia y legitimidad de estas instituciones en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, el denominado Plan B ha generado algunas dudas entre la ciudadanía respecto al presupuesto, las facultades y el número de personas que laboran en el INE y los OPLEs. 

Por ello, la experiencia de Coahuila y el Estado de México, donde Morena y la Alianza PRI-PAN-PRD se repartieron triunfos con la actuación profesional y hasta ahora incuestionable de las autoridades electorales, debe enriquecer el debate y apuntalar las modificaciones normativas en el futuro. 

Es cierto que los procesos e instituciones electorales son perfectibles. Pero, corresponde a los ciudadanos de ambos estados, tanto a los que votaron como a los que recibieron los sufragios, incluyendo a los partidos políticos, aportar sus puntos de vista para identificar los aspectos que deberán permanecer y los que deben corregiste en los organismos electorales rumbo a las elecciones federales y locales del próximo año.

Usted, ¿qué calificación le otorgaría al desempeño del IEC y el INE?