Fuerza criminal

El episodio del domingo no fue solo un operativo militar; fue un termómetro para medir la capacidad del país frente al crimen organizado. ¿Aprobaron el examen las autoridades?

Es cierto que se abatió a un importante líder criminal. Sin embargo, el saldo de militares y elementos de la Guardia Nacional caídos, además de bloqueos e incendios, volvió a exhibir la crisis de seguridad que atraviesa el país y las debilidades del Estado mexicano. 

Una realidad que quedó expuesta hace apenas unos días, cuando la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional señalara a México como uno de los países con los mayores niveles de criminalidad en el mundo. De acuerdo con la clasificación 2025, el país ocupa el tercer lugar, solo por debajo de Myanmar y Colombia.

México se sitúa a la cabeza en el desarrollo de mercados criminales y figura entre los países donde las redes delincuenciales han alcanzado mayor capacidad de organización y control institucional. Por estas razones, el informe advierte sobre la creciente influencia de organizaciones criminales en instituciones y territorios. 

Al revisar con detenimiento, el diagnóstico encaja con lo ocurrido. Me refiero a que el caos desatado tras el abatimiento del objetivo no fue un evento aislado, sino la manifestación de un fenómeno que el informe ya había advertido: la expansión y fortalecimiento de estructuras criminales frente a las fisuras del Estado.  

¿Cómo explicar, más allá del alto perfil del objetivo abatido, una reacción tan violenta y coordinada? No se trata únicamente de fallas de planeación o deficiencias en la inteligencia operativa. La magnitud de las acciones que paralizaron las actividades civiles y desafiaron a la autoridad apunta hacia otras interpretaciones. 

Lo que enfrentan las autoridades mexicanas es un problema de vulnerabilidad frente a organizaciones que han acumulado poder económico, armamento, redes de protección y territorios. Una demostración de fuerza que, en ocasiones, parece rebasar la capacidad operativa de las corporaciones.  

El llamado “Culiacanazo” en 2019 ya había exhibido esa fragilidad. Entonces se ordenó liberar al objetivo capturado, quizá para evitar una escalada de daños. 

Más que una estrategia, ese repliegue evidenció la debilidad endémica del Estado mexicano. Tal vez la política de “abrazos” no fue un acto de prudencia, sino el temor a que el escenario se saliera de control.

La pregunta de fondo no es si un operativo logra sus objetivos inmediatos, sino cuál es la capacidad institucional del Estado para sostenerlos y aplicar la ley sin que cada golpe al crimen organizado detone una crisis como la del domingo. Esa es la verdadera prueba del examen. 

Mientras las acciones no se traduzcan en recuperación de territorios y blindaje institucional, informes como el de la Iniciativa Global seguirán siendo un reflejo de la realidad que enfrenta el país.