Política social y elecciones en Coahuila

Las próximas elecciones marcarán el inicio de un proceso de ajuste en varios rubros de la administración estatal de Coahuila, entre ellos deberá considerarse la revisión del actual modelo de inclusión y desarrollo social.

Coahuila se encuentra entre los estados con menores niveles de pobreza y con los más bajos índices de marginación y rezago social. Una nueva política de inclusión podría no considerarse tan importante o prioritaria frente a la necesidad de impulsar el crecimiento y garantizar la seguridad.

Pero las nuevas amenazas, entre ellas, la crisis económica provocada por la pandemia, el incremento en los precios de los alimentos y energéticos y la acelerada urbanización, vuelven urgente encontrar soluciones creativas y eficaces frente a las restricciones presupuestarias y las crecientes y cada vez más complejas problemáticas sociales.

De 2018 a 2020, CONEVAL registró un crecimiento de 82 mil coahuilenses en pobreza extrema, al pasar de 200 mil a 282 mil. Así sucedió en todo el país. La pandemia, entre otros factores económicos, problematizaron el tema social en Coahuila. Pobreza laboral, rezago educativo y de salud, cierre de pequeñas empresas y marginación urbana fueron diferentes indicadores sociales que se agudizaron debido a la crisis sanitaria.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, de la misma manera que la violencia sufrida en el estado hace poco más de ocho años aceleró la definición y puesta en marcha de una nueva política de seguridad, de la cual, por fortuna, hoy se cosechan sus frutos, este sería el momento oportuno para que los aspirantes a la gubernatura incluyan el tema social como una de sus prioridades de campaña.

Es sabido que el aspirante de la coalición PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas, estuvo a cargo de la secretaría de Inclusión y Desarrollo social del estado, por lo que no tendrá problema para presentar una propuesta realista, pero innovadora que atienda las problemáticas sociales. Será interesante, además, conocer cómo logrará conciliar las propuestas cimentadas en los derechos del PAN y el progresismo del PRD.

Asumo que, por su parte, Armando Guadiana Tijerina, como aspirante de Morena, partido de izquierda que gobierna el país, cuya propuesta programática se centra en el combate de la pobreza, considerará a la política social, probablemente soportada en los programas federales, como la pieza toral de su oferta de gobierno.

Los antecedentes familiares y la experiencia como alcalde de Ciudad Acuña, junto a la alianza que la UDC formó con el PVEM, dan a Lenin Pérez Rivera la plataforma para realizar una propuesta social respaldada en los conceptos del desarrollo sustentable.

De Ricardo Mejía Berdeja se conoce poco respecto a su experiencia con los temas sociales, se le ubica más en el rubro de la seguridad.  No obstante, el Partido del Trabajo sí puede presumir de acciones exitosas a favor del sector social, tales como las estancias infantiles, preparatorias y hospitales que impulsa en varios estados de la República.

A decir verdad, un punto de partida sería que los aspirantes hagan una propuesta concreta respecto a los alcances competenciales, presupuestarios y los objetivos estratégicos del nuevo modelo de la gestión social estatal.

Deberán tomar en cuenta que la política social se diseña y opera desde el Gobierno Federal, dejando poco espacio y presupuesto para que los estados impulsen sus propios programas. Al mismo tiempo, las restricciones presupuestarias se agudizan en el ámbito estatal debido a la necesidad de destinar mayores recursos para la infraestructura y el servicio de la deuda. Además, las demandas sociales crecen y se diversifican al ritmo que se acelera la urbanización e industrialización de las grandes ciudades.

Dentro de este triángulo de restricciones, los aspirantes deberán dibujar una propuesta viable, robusta e innovadora, que además sea creíble y comprensible para la gente.

¡Una clave!: cuando escasean los recursos y abundan las necesidades, la concurrencia y la transversalidad funcionan.