Mediante un comunicado, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revoque la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán contra el Plan B de Reforma Electoral.

La medida dictada por Pérez Dayán implica que las modificaciones contempladas por el Plan B a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas no sean aplicables para los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila.

Cabe recordar que los cambios a la Ley General de Comunicación Social incluidos en el Plan B permiten, entre otras cosas, que las y los servidores públicos se manifiesten “en uso de su libertad de expresión” y en el ejercicio de sus labores sin que sus pronunciamientos sean considerados propaganda gubernamental.

Es decir, la promoción e información sobre funcionarios, programas, obras y otras acciones relevantes para la población no es considerada “propaganda”, sino una “campaña de comunicación social”.

Por otro lado, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se estableció que las y los funcionarios incurrirán en una falta “no grave” cuando se abstengan “de realizar propaganda gubernamental con recursos públicos que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

La suspensión de estas reformas para los procesos electorales del Edomex y Coahuila fue considerada por el Gobierno de México como “preocupante”, pues este tipo de medidas cautelares “sólo pueden otorgarse respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos”, estableció en un comunicado la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Pérez Dayán fue acusado de “violar la Constitución” al suspender aplicación de la Ley General de Comunicación Social.

Además, el Ejecutivo Federal acusó a Pérez Dayán de haber concedido dicha suspensión “sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectaciónirreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados”.

En este mismo sentido, el Gobierno de México consideró que la suspensión del ministro Pérez Dayán no se ajusta a las atribuciones que le corresponden como integrante de la SCJN, pues “carece de facultades para anular un valor constitucional superior”, ya que este tipo de acciones deben ser dictaminadas por el pleno de la Suprema Corte y votadas por ocho ministros.

El Ejecutivo Federal aseveró que “la legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales”, aludiendo que la suspensión concedida por Pérez Dayán no está apegada a lo establecido en la ley.

Adicionalmente, el comunicado oficial recordó que la reforma a la Ley General de Comunicación Social realizada por el Congreso de la Unión se realizó “en cumplimiento a una sentencia firme de la Primera Sala de la SCJN”.