AVISO DE CURVA Rubén Olvera Marines

14 enero 2022
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La inflación aprieta el nudo de la economía mexicana

La tormenta económica provocada por la pandemia continúa afectando gravemente a las familias de escasos recursos en México.

Primero fue el cierre de las actividades productivas lo que dejó sin empleo y menores ingresos a una gran parte de la población, sobre todo a los trabajadores pertenecientes al sector informal que no cuentan con seguridad social.

Luego, cuando parecía que la reapertura económica y el repunte del crecimiento bastarían para reducir los efectos adversos de la crisis y, en la medida de lo posible, recuperar los niveles de bienestar prepandémicos, hizo su aparición la inflación, fenómeno económico no previsto, o del que se habló poco durante el clímax de la pandemia, pero cuyas consecuencias en el poder adquisitivo suelen ser devastadoras.

La tasa de inflación anual de 2021 alcanzó un 7.36%, ubicándose como la más alta desde 2001. El indicador superó considerablemente el rango de inflación objetivo proyectado por el Banco de México que fue fijado en un máximo del 4%. Perceptiblemente, los precios de los productos alimenticios y del sector energético fueron los más afectados por los incrementos.

Más que un indicador del desempeño de la economía mexicana, la inflación debería ser una llamada de atención para las autoridades. Junto a la caída de la inversión, la pérdida de empleos y el lento crecimiento, el alza en los precios podría cancelar en forma definitiva el propósito de combatir la pobreza que se fijó la presente administración. Por principio de cuentas, es posible que los nuevos costos de la canasta básica (que por lo general superan a la inflación) se coman al incremento en el salario mínimo decretado en 2021.

En un estudio reciente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que las repercusiones de la inflación sobre los pobres en la época del COVID-19 podrían resultar considerables. El modelo propuesto por el organismo internacional estima que un incremento de la inflación en 1% aumenta el porcentaje de hogares con bajos ingresos en un 7%.

Si lo anterior es correcto, ¿cuántos hogares mexicanos se verán en la necesidad de adquirir menos alimentos o consumirlos de menor calidad con una inflación del 7% y con un incremento de los precios en los productos de la canasta básica mayores al 20%? El resultado sería que el consumo de las familias con menores recursos en México se volvería todavía más precario. Probablemente, los efectos en la pobreza provocados por el pico inflacionario resultarán imposibles de revertir durante los próximos tres años.

La pandemia, además, forzó a los hogares de bajos ingresos a gastar sus ahorros o a endeudarse con un prestamista. Lo anterior para enfrentar la eventualidad del desempleo o la difícil circunstancia de atender un familiar enfermo.

En México, la disminución del poder adquisitivo se convierte en una pesada carga para las personas de escasos recursos, cuyo consumo ya es precario. Incluso pequeños incrementos en los precios de los artículos de primera necesidad, tienen implicaciones negativas en la cantidad y calidad de la despensa semanal.

Pero, en el contexto de la pandemia, la problemática no se reduce al incremento en los precios del tomate. En realidad, las calamidades se entrelazan formando un nudo gordiano, sólo que, en esta ocasión, no será lo mismo cortarlo que desatarlo.

Por lo tanto, frente a la multiplicidad de factores (inflación, bajo crecimiento, desempleo, caída de la inversión, pérdida de ingresos y aumento de la pobreza), las autoridades están obligadas a replantear la estrategia, pasar del triunfalismo político al realismo económico. Reconocer las dificultades por las que atraviesa el país, la cuales implican desarrollar una política económica integral, que promueva la inversión y el empleo en un marco de estabilidad de precios y fortalecimiento de los programas sociales.

Elevar la tasa de interés, por ejemplo, cuyo objetivo sea bajar la presión inflacionaria podría también desalentar las inversiones e impactar negativamente en el crecimiento. Para compensar, las autoridades tendrían que incrementar la inversión pública, sin embargo, esto implicaría disponer de recursos etiquetados a otros rubros, entre ellos los relacionados con los programas sociales.

Frente a problemas complejos, a los líderes renuentes a profundizar en el complejo tema de la economía, les daba igual cortar el nudo de un golpe que desatarlo. En consecuencia, muchos de los rezagos que padecemos hoy en día provienen de decisiones del pasado escasamente sopesadas (imprimir dinero, cerrar las fronteras, congelar los precios, nacionalizar la banca e incluso restringir el gasto público o privatizar a ultranza).

En esta ocasión, como en todas las tormentas económicas, la gestión de la recuperación demanda un pensamiento fuera de lo ordinario, alejado de los populismos del pasado y de los cabezas huecas neoliberales.

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