Entre 2018 y 2024, la Cámara de Diputados entregó un promedio de 15 contratos diarios por un total de 6.8 millones de pesos, mientras que la Cámara de Senadores gastó 6.9 millones de pesos en 12 contratos cada día. La adjudicación directa fue el mecanismo más utilizado para realizar estas compras: se usó en 81 de cada 100 contratos asignados por los diputados y en 90% de las contrataciones del Senado.
Entre 2018 y 2024, la Cámara de Diputados entregó un promedio de 15 contratos diarios por un total de 6.8 millones de pesos, mientras que la Cámara de Senadores gastó 6.9 millones de pesos en 12 contratos cada día. La adjudicación directa fue el mecanismo más utilizado para realizar estas compras: se usó en 81 de cada 100 contratos asignados por los diputados y en 90% de las contrataciones del Senado.
Esto muestra que la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos no es exclusiva del Poder Ejecutivo, donde en el mismo periodo, 8 de cada 10 contratos también se entregaron por dedazo. El foco de atención del análisis del gasto pocas veces se ha colocado de manera sistemática en el Poder Legislativo, donde hay fenómenos tan preocupantes como que 100% de los contratos de comunicación social y publicidad se han entregado por adjudicación directa. Pero este déficit de revisión de sus contratos también puede entenderse por la opacidad reinante dentro de estos órganos legislativos.
Para poder conocer los contratos legislativos, el punto de partida deberían ser las páginas de transparencia de cada una de las cámaras, en donde la ley mandata que debe encontrarse toda la información correspondiente a las compras y adquisiciones. Sin embargo, estos sitios son muy deficientes y opacos. Llegan al extremo de no transparentar un solo contrato por períodos completos. Otra de las fuentes es la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que antes estaba administrada por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y ahora por la institución denominada Transparencia para el Pueblo, pero que tampoco presenta toda la información de las cámaras.
Con el objetivo de dimensionar el tamaño de la opacidad en las compras y adquisiciones de los diputados y senadores, nos dimos a la tarea de construir la Base de Contratos Legislativos 2018-2024 MCCI, en la que utilizamos diversos métodos de extracción y análisis de datos para recolectar toda la información disponible de las múltiples fuentes de información. Así construimos la base de datos más completa posible sobre las compras de la Cámara de Diputados y la de Senadores, que contiene información de 70,836 contratos que representan en total 35,734.1 millones de pesos.
De este universo de contratos, no pudimos encontrar 39,332 en ninguno de los sitios de transparencia de las cámaras, que sí identificamos en la PNT. Estos corresponden a 10,882 millones de pesos. Es decir, 55% de las contrataciones y 31% del dinero que se gastó no están transparentadas en ninguna página de las cámaras.
Este problema únicamente se agravará después de la extinción del INAI, pues a partir del 19 de junio de 2025, cualquier inconsistencia con la información pública del Poder Legislativo o cualquier inconformidad con las solicitudes de información que los ciudadanos le hagan será resuelta por la propia institución responsable de la omisión. La Contraloría Interna de los diputados y de los senadores será quien resolverá las inconformidades sobre su propia información, a diferencia del modelo anterior en que el INAI podía obligar que se cumpliera con la ley. Así, la Cámara de Diputados y la de Senadores serán juez y parte de su opacidad. En cierto sentido, la destrucción del INAI les trajo a los legisladores el escenario que describió Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación y hoy presidente de la Junta de Coordinación del Senado: “un mundo ideal”.
Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, el órgano clave en los procesos de compra es precisamente la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dirigida en ambos casos por el coordinador del grupo parlamentario de Morena. También en ambas cámaras los titulares de los principales órganos administrativos, quienes son responsables de asignar y firmar los contratos, forman parte del equipo político de los coordinadores.
Es relevante destacar el caso del Senado de la República. Su normativa señala que la Mesa Directiva es el principal órgano que interviene en las decisiones administrativas de la Cámara. No obstante, la Junta de Coordinación Política de la actual legislatura impulsó un acuerdo para que todas las decisiones relevantes cuenten primero con su aprobación.
El reporte Las contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores de 2018 a 2024. Poder, opacidad y discrecionalidad, que puede descargarse al final de esta página, es un esfuerzo por documentar con evidencia concreta las prácticas de contratación de las dos cámaras del Congreso y advertir sobre el retroceso, ahora inevitable, que implica la desaparición del INAI y la transformación del modelo de transparencia.
Además de los análisis que hemos realizado para este reporte, la Base de Contratos Legislativos 2018-2024 MCCI también se encuentra disponible para su descarga libre y gratuita, para que la información pueda ser aprovechada por cualquier ciudadano, investigador o periodista que desee profundizar en los gastos del legislativo. Nuestro reporte revela apenas la punta del iceberg de los contratos entregados durante las legislaturas en que Morena ha tenido el control absoluto de las instituciones parlamentarias.
Lejos de estar resueltos, los problemas de transparencia en el Poder Legislativo se agravarán. En un país donde el gasto público debe ser vigilado con rigor, es inadmisible que uno de los poderes de la federación escape al escrutinio ciudadano. Peor aún, cuando una de sus responsabilidades es vigilar el gasto público del resto del gobierno, a través de la Auditoría Superior de la Federación.
La alta proporción de contratos entregados sin competencia, la limitada información disponible sobre estos procesos y la creciente debilidad de los mecanismos institucionales de control configuran un escenario de alerta. En este contexto, es fundamental no perder de vista que la transparencia no puede depender únicamente de la voluntad política, sino que debe estar garantizada por instituciones robustas que permitan a la ciudadanía mantenerse informada y vigilante de cómo gastan el dinero público.
Información de: contra la corrupción
https://contralacorrupcion.mx/8-de-cada-10-contratos-del-congreso-sin-competencia-y-con-opacidad/
