Entre los aspirantes denunciados figuran el exprocurador regional Francisco Herrera Franco, vinculado con el asesinato de dos periodistas en Michoacán, y Silvia Delgado, parte de la defensa legal del líder del Cártel de Sinaloa.
La fallas en los comités de evaluación para la elección judicial siguen dejando, recién iniciada la campaña, un reguero de candidaturas señaladas por el polémico pasado de los aspirantes. En un giro de 180 grados, por ejemplo, Silvia Delgado ha pasado de ser parte en 2016 de la defensa legal de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, a ser aspirante a jueza en materia penal en el Estado de Chihuahua. En un documental realizado por la cadena alemana DW sobre los abogados de los cárteles de la droga en México y Colombia, Delgado defiende que el juicio al capo, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por al menos 10 delitos, “fue una farsa”. “Fue un tributo a Donald Trump, un tributo al rey. […] Aquí se violentó el Derecho en su máxima expresión”, alega, y concluye más tarde: “Lo que siempre el señor Guzmán pedía, porque me lo decía, era nada más que se le tratara como a los demás internos. Él no tuvo un juicio justo”.
La actual candidata a jueza, sin experiencia previa en el Poder Judicial, no solo no considera que este antecedente suponga un conflicto con el cargo que aspira a desempeñar sino que lo considera una virtud. “Todos mis clientes son igual de importantes, no fue necesario resaltar ninguno, sin embargo, esto demuestra que tengo el carácter y el temple que se necesitan para juzgar”, ha manifestado en una publicación en su cuenta de Facebook en la que comparte una nota donde se señala su relación con el narcotraficante.
No es la única candidatura de alto riesgo que ha observado Defensorxs en las últimas semanas. La organización civil se ha echado a los hombros la tarea de localizar aspirantes no aptos para ser magistrados o jueces, que serán elegidos mediante voto popular por primera vez en la historia el próximo 1 de junio. Sus investigaciones continúan revelando la inclusión en las listas de personas con episodios polémicos en su historial, en el mejor de los casos, o con vínculos con el crimen organizado, en el peor. En este último escenario se encuadra la candidatura a juez de distrito en materia penal en Michoacán de Francisco Herrera Franco, exfiscal regional del Estado, señalado por su presunto vínculo con el asesinato de dos periodistas del portal Monitor Michoacán: Roberto Toledo, en enero de 2022, y Armando Linares, director del medio, dos meses después, en marzo. Ambos habían recibido amenazas en el último año por sus investigaciones sobre la corrupción del fiscal.
En un comunicado conjunto firmado por ocho organizaciones, entre ellas Artículo 19, denuncian que Herrera Franco, apodado el “fiscal del terror”, cuenta con un historial de “violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales”. Esto último salió a la luz de forma más notoria tras la filtración de una grabación en la que se le escucha presuntamente colaborando con un líder del crimen organizado en el oriente del Estado, Edwin Rivera Padilla, conocido como El Barbas. Francisco Herrero Blanco ha negado las acusaciones y también que sea él a quien se oye en el audio. “Me atribuyeron la voz a mí. Todos sabemos que en la actualidad cualquier voz puede ser simulada. Existe inteligencia artificial que está probado que puede modificar esa voz. No soy yo”, se ha justificado en una entrevista con W Radio esta semana.
La hemeroteca, sin embargo, sigue poniendo el dedo sobre el antiguo fiscal. En un vídeo difundido en Facebook y recogido por la prensa en 2021, se ve a un representante de las poblaciones mazahuas de la región acusarle de presionar a su comunidad para integrarse en uno de los cárteles que operan en la zona. “Acabamos de enterarnos de que está del lado de un cártel, y que llega a instruir a nuestro pueblo a que se integre a un bando. Señor fiscal, asuma su responsabilidad como funcionario”, le increpa, y luego advierte: “Espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que les pasó a los de Ayotzinapa. Ya no puede uno hablar, porque luego el funcionario que lo debe cuidar a uno es el que lo manda desaparecer. En su cara se lo decimos: si no va a trabajar, renuncie”.
Este es uno de los casos que más preocupan a las organizaciones civiles, pues no solo implica un conflicto de interés a la hora de tomar decisiones judiciales sino que lo consideran una persona peligrosa para los periodistas y los defensores de los derechos humanos. En el comunicado, las entidades exigen al INE y al Tribunal Electoral que revisen la candidatura, y piden a la Fiscalía federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atraigan las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los dos periodistas. “Estamos no solo molestos sino preocupados por el trabajo que estamos haciendo. Las autoridades no lo hicieron y ahora nos pasan este trabajo y nos ponen en riesgo”, lamenta Miguel Meza, fundador de Defensorxs.
El problema de fondo, han advertido los expertos, estuvo en unos sistemas de evaluación mal diseñados desde un inicio y ejecutados después de forma irresponsable. El único comité de los tres poderes que contaba con unas pautas más claras y definidas era el Poder Judicial, pero tras un tira y afloja que implicó la paralización de sus labores por orden de un juzgado de Michoacán, fue finalmente el Senado quien le sustituyó en la elaboración de su lista, antes de que el comité hubiera terminado el cribado de perfiles. La prisa con la que se hizo y la falta de investigaciones previas continúan arrojando un goteo de casos que cuestionan la idoneidad de algunos aspirantes y ponen en entredicho el trabajo de los comités.
“Hemos impugnado estas candidaturas”, dice Meza, “pero el Tribunal Electoral dijo que no era el momento. Interpretamos esto como que simplemente están siguiendo una instrucción política de no invalidar las candidaturas, porque si abren esa puerta van a tener que invalidar muchas más. Ya no solo es una cuestión jurídica, sino política, y por eso lo queremos llevar a la presidenta”, indica.
Entre los demás casos conflictivos observados por la asociación hay además al menos dos que involucran delitos sexuales. Francisco Martín Hernández Zaragoza, candidato a magistrado de circuito en materia penal en Jalisco, fue destituido en 2015 como juez penal del Estado por una denuncia de abuso y acoso sexual presentada en 2013 por una trabajadora del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal inició un procedimiento disciplinario de oficio a raíz de la denuncia, que contaba con una prueba grabada, y terminó por removerlo del puesto. Ahora, sin embargo, podría volver a ostentar un cargo similar.
Algo parecido sucede con Edgar Rodríguez Beiza, aunque tuvo un desenlace más afortunado. Candidato como Hernández Zaragoza a magistrado penal en Jalisco, esta vez para el primer circuito, este juez fue acusado de abuso sexual en 2017 por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. En 2018 fue vinculado a proceso por este caso, pero en 2019 la víctima le otorgó un perdón que cerró la carpeta sin que se resolviera el fondo, según recoge la hemeroteca de la prensa.
Unos años después, en 2023, la defensa legal de Amarande Riojas, víctima de violación, pidió la recusación de Rodríguez Beiza como juez de control de su caso, pues había asegurado previamente que no vincularía a proceso a los acusados, según los testimonios de la víctima recogidos por Defensorxs. El suceso llegó también a la Mañanera del entonces presidente López Obrador a través de una periodista que agradeció a la secretaria Rosa Icela Rodríguez su ayuda con el caso.
Los últimos hallazgos se suman a casi una decena que ya habían sido reportados. Hay al menos cuatro candidatos vinculados a la iglesia evangélica de la Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín, ha sido condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil. Semanas antes, se descubrió la inclusión de otros candidatos problemáticos, como el excoordinador de las prisiones de Sonora Nicollino Cangiamilla, con graves negligencias en su historial, o como uno de los abogados ligados a la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, líder del cártel de los Zetas recién extraditado a Estados Unidos. A menos de dos meses de la elección, con casi 900 cargos judiciales en juego y el tiempo en contra para escrutar a cada aspirante, las organizaciones civiles se mantienen vigilantes y en alerta.
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