Los trabajadores del Poder Judicial determinaron la suspensión de labores de brazos caídos en los órganos jurisdiccionales de todo el país este 31 de octubre.
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocó a una suspensión total de labores de “brazos caídos” en todos los juzgados y tribunales del país para este viernes 31 de octubre.
En un comunicado firmado por Juan Alberto Prado Gómez, secretario del Sindicato Nacional de Renovación, explicó que el paro laboral es en defensa de las condiciones laborales, salvaguardar el adecuado funcionamiento institucional y como último recurso ante la “omisión de la autoridad administrativa”.
Paro nacional: ¿Qué exige el Sindicato del Poder Judicial?
La molestia de los trabajadores del Poder Judicial surge por la “grave carencia de insumos esenciales” para el desempeño de sus funciones, desde la papelería hasta la falta de claridad sobre las plazas de personas que resultaron electas el pasado 1 de junio.
“Con motivo de la grave carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales — tales como impresoras, hojas, papelería y el suministro del líquido vital (agua), servicio de comedores, sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupados», acusaron en un comunicado.
También reprochan el incumplimiento de un aumento salarial anual y la retroactividad, pese a que el Órgano de Administración Judicial insiste en su entrega pero sin una fecha clara.
“El cese al despido masivo a servidores públicos, así como la falta de cumplimiento en el incremento salarial anual; el pago del aumento retroactivo correspondiente al mismo cuya entrega ha sido reiteradamente comprometida por el Órgano de Administración Judicial sin resultados a la fecha, este Sindicato ha determinado la suspensión total de labores de brazos caídos en los órganos jurisdiccionales de todo el país el 31 de octubre″.
Esta medidas, dijeron, se adopta en defensa de las condiciones laborales de los trabajadores, en salvaguarda el funcionamiento institucional y como “omisión reiterada de la autoridad administrativa para garantizar los recursos mínimos indispensables para la impartición de justicia”.
