La reciente propuesta de Morena ante la Cámara de Diputados ha puesto el tema sobre la mesa en relación a los derechos humanos y la ética médica.
El tema de la muerte asistida ha retomado relevancia en el debate público y legislativo en México, particularmente en el ámbito de la salud, tras la presentación de una iniciativa que busca despenalizar esta práctica bajo una regulación estricta del Estado. La propuesta fue impulsada por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del grupo parlamentario de Morena, y plantea modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.
Actualmente, en México la eutanasia, el suicidio asistido y el llamado homicidio por piedad se encuentran prohibidos por la ley. Sin embargo, la iniciativa propone permitir la muerte asistida en condiciones específicas, sin que ello constituya un delito o genere responsabilidad civil, siempre que se realice conforme a normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de Saludy bajo supervisión institucional.
Desde el enfoque sanitario, el debate se centra en el respeto a la dignidad de las personas con enfermedades graves o en situación terminal, especialmente aquellas que experimentan sufrimiento persistente a pesar de recibir cuidados paliativos. La iniciativa establece que la muerte asistida solo podría aplicarse a personas mayores de 18 años que lo soliciten de manera expresa y por escrito, y cuya solicitud sea evaluada por un Comité de Bioética para determinar su aptitud y la procedencia del procedimiento.
La propuesta también subraya el papel de la Secretaría de Salud como autoridad responsable de emitir la normatividad correspondiente, incluyendo requisitos, procedimientos, formatos y tiempos de reflexión, con el objetivo de garantizar que cualquier decisión se tome de manera informada, libre y bajo estrictos protocolos médicos. Asimismo, se contempla que únicamente personal médico autorizado pueda intervenir, respetando en todo momento el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud.
En el ámbito médico, uno de los puntos centrales del debate es el equilibrio entre la autonomía del paciente y la responsabilidad ética del personal de salud. La iniciativa reconoce ambos aspectos al establecer que los médicos pueden negarse a participar, pero que las instituciones deberán garantizar la continuidad del proceso mediante otro profesional no objetor, si la solicitud cumple con los requisitos legales.
El debate también se apoya en datos de opinión pública. De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, una proporción significativa de la población considera que las personas en fase terminal deberían tener la opción de adelantar su muerte en casos de sufrimiento inevitable, lo que ha sido señalado como un indicador del cambio en la percepción social sobre este tema.
A nivel internacional, la discusión sobre la muerte asistida ha derivado en regulaciones en países como Canadá, España, Países Bajos y Colombia, lo que ha servido como referencia en el análisis legislativo mexicano. No obstante, especialistas señalan que cualquier avance en la materia debe priorizar la protección de los derechos humanos, la ética médica y la prevención de abusos.
La iniciativa se encuentra actualmente en análisis en las comisiones de Salud y de Justicia, donde continuará el debate sobre el papel del Estado, el sistema de salud y la sociedad frente a uno de los temas más complejos y sensibles del ámbito sanitario contemporáneo.
Información de: Infobae
