El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, intervino para detener la clausura de la planta de José Cuervo, la tequilera más grande del mundo, luego de que el ayuntamiento de Tequila ordenara su cierre al exigir pagos de predial hasta 20 veces superiores a su valor real y multas por 60 millones de pesos, montos que posteriormente fueron declarados sin fundamento legal.
El municipio intentó apagar de inmediato las calderas de la planta —acción que representaba un riesgo de explosión—, por lo que el Gobierno estatal activó a Protección Civil y a Seguridad Pública para evitar un accidente. Tras la intervención, se instalaron mesas de diálogo entre la empresa, autoridades estatales y federales.
El caso escaló al ámbito federal: la Presidencia, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y el gabinete económico fueron informados ante la preocupación de que el incidente enviara un mensaje negativo a la inversión extranjera, especialmente en el contexto de negociaciones comerciales internacionales.
Lemus advirtió que la situación refleja un problema de gobernabilidad en Tequila, donde, aseguró, se han registrado al menos diez casos similares de presunta extorsión a tequileras, hoteles y comercios. El gobernador citó al presidente municipal a una reunión de trabajo para revisar el conflicto y pidió al ayuntamiento respetar la inversión privada.
Finalmente, los sellos de clausura fueron retirados y la planta reanudó operaciones. Las multas quedaron sin efecto y se acordó iniciar un procedimiento legal para regularizar la división de los predios y evitar nuevos conflictos sobre el pago de predial.
