Una exfuncionaria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) mantiene en su poder una computadora y una memoria USB con millones de registros de declaraciones patrimoniales de empleados del gobierno federal, tras alegar que su salida fue injustificada.
La investigación fue publicada por Milenio, que documentó que el dispositivo contiene datos sensibles y que el caso ya escaló a instancias judiciales y penales.
El episodio ocurre en un momento de inestabilidad dentro del sistema anticorrupción y abre preguntas sobre el resguardo de información pública, los procesos de entrega-recepción y los alcances de un juicio de amparo.
La persona señalada es Nancy Camacho, quien hasta julio de 2025 fue titular de la Unidad de la Plataforma Digital Nacional (PDN) dentro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el brazo técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde ese cargo tenía acceso a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales que alimentan la Plataforma.
¿Qué información está en la memoria USB?
De acuerdo con la investigación de MILENIO, la memoria USB contiene cerca de ocho millones de datos de declaraciones patrimoniales de empleados del gobierno federal, correspondientes a los años 2020 a 2024. Los registros incluyen nombres, domicilios, información de cuentas bancarias, ingresos anuales, deudas, inversiones y bienes, como automóviles, casas y departamentos.
Estos archivos forman parte de los insumos que deben cargarse a la PDN, la herramienta central del SNA para cruzar bases de datos y detectar posibles casos de corrupción. La exfuncionaria confirmó que sí posee la memoria, pero sostuvo que se trata de un respaldo de información que también tienen otros servidores públicos y que Camacho afirma que promovió un juicio de amparo por considerar que su salida fue irregular. Bajo ese argumento, dijo que no entregará su equipo de trabajo hasta que un juez lo ordene.
¿Por qué no ha entregado el equipo?
Camacho afirma que promovió un juicio de amparo por considerar que su salida fue irregular. Bajo ese argumento, dijo que no entregará su equipo de trabajo hasta que un juez lo ordene.
“Yo estoy en un proceso de amparo, por eso no he entregado mis cosas, porque si entrego las cosas querría decir que yo estoy consumando el hecho”, declaró. Y añadió: “En su momento, cuando así me lo diga el juez, que ordene que haga un acta de entrega, muy bien, así lo haré”.
En noviembre de 2025, dentro de ese juicio, obtuvo una suspensión definitiva para que el Órgano Interno de Control de la SESNA dejara de exigirle el acta de entrega-recepción y no iniciara procedimientos de responsabilidad administrativa mientras se analiza el fondo del asunto.
La denuncia penal
Pese a la suspensión, el 5 de noviembre de 2025 la SESNA presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. La acusación señala abuso de confianza y delitos contra los archivos de la institución, según el documento al que tuvo acceso MILENIO.
Este frente penal corre en paralelo al juicio de amparo que sigue sin resolverse.
¿Cómo fue su contratación y por qué no se renovó?
El último nombramiento de Camacho como titular de la Unidad de la PDN fue temporal, por seis meses, con posibilidad de renovación sujeta a una evaluación de desempeño. El contrato venció a finales de julio de 2025 y no fue renovado.
La exfuncionaria sostiene que nunca se le informó el resultado de la evaluación. Según su versión, el 29 de julio se le pidió realizar el acta de entrega-recepción porque el Órgano de Gobierno no había sesionado para ver su ratificación. Ella cuestionó ese procedimiento y, por esa inconformidad, promovió el amparo a inicios de agosto.
“Se ordenó hacer una evaluación, se dieron los insumos, se nos hicieron entrevistas. Se entregó todo en tiempo y en forma. A la fecha, no sabemos si se entregó la evaluación, a quién se la dieron, qué decidieron”, dijo. Y añadió que el oficio para entregar todo llegó antes de que venciera el contrato.
¿Qué hacía la Plataforma y qué resultados reportó?
La PDN está integrada por seis bloques de información: patrimonio de servidores públicos de todos los niveles de gobierno, sanciones, datos de contrataciones públicas y nombres de responsables, entre otros. Su función es cruzar datos y emitir alertas cuando detecta inconsistencias.
Camacho explicó que la herramienta no opera a plenitud porque varias instituciones federales, estatales y municipales no aportan información. Aun así, con los datos del gobierno federal, su equipo y otras áreas de la SESNA realizaron pruebas y, para febrero de 2025, ya tenían resultados.
El cruce identificó 151 registros de posibles irregularidades en contrataciones públicas, y en 53 casos hubo información suficiente para sostener la probable comisión de actos ilícitos, a reserva de lo que determinen las autoridades. También se detectaron 433 empresas proveedoras con algún nexo con empleados federales.
Según el análisis, en las contrataciones del sector Salud entre 2015 y 2024 se observaron conductas que podrían constituir faltas administrativas —como conflicto de interés o cohecho— o incluso delitos, como ejercicio abusivo de funciones o tráfico de influencias.
El informe fue entregado el 7 de febrero de 2025 por el entonces titular de la SESNA, Roberto Moreno, al Comité Coordinador del SNA. Camacho recordó: “Les entregamos la herramienta…” y dijo que no hubo respuesta institucional.
Cambios en la cúpula y un entorno de inestabilidad
Días después de presentar ese análisis, Roberto Moreno renunció a la SESNA, en medio de señalamientos de la entonces presidenta del sistema, Vania Pérez. Moreno ha sostenido que su salida obedeció a motivos personales y familiares y no a denuncias en su contra.
Camacho formaba parte de su equipo desde años atrás y ocupó distintos cargos: subdirectora de Control y Evaluación, directora de Diseño de Indicadores y Evaluación Anticorrupción y, en 2023, directora de Desarrollo y Evaluación de la Plataforma. En febrero de 2025 asumió la jefatura de la PDN con el contrato temporal ya descrito.
Tras la salida de Moreno, el proceso para nombrar sustituto se empantanó. El Comité de Participación Ciudadana no logró consenso sobre una terna y, de forma inédita, el Órgano de Gobierno desechó los tres perfiles. Desde entonces, la SESNA quedó con un encargado de despacho, lo que, según distintas fuentes internas, generó provisionalidad en decisiones clave.
¿Qué sigue en el caso?
Hoy el conflicto tiene dos vías: la administrativa y judicial, con el amparo que mantiene suspendida la exigencia de entrega-recepción, y la penal, con la denuncia ante la FGR. El punto central es el resguardo y la devolución del equipo que contiene millones de registros patrimoniales y la definición sobre si hubo o no responsabilidad en su retención.
Mientras un juez no emita una orden específica, Camacho sostiene que no entregaráel equipo. La SESNA, por su parte, ya llevó el caso a la Fiscalía. El desenlace marcará un precedente sobre cómo se protegen los datos y qué ocurre cuando un conflicto laboral se cruza con información pública de alto valor para el combate a la corrupción.
Información de: El imparcihttps://www.elimparcial.com/mexico/2026/02/14/exfuncionaria-del-sistema-nacional-anticorrupcion-retiene-computadora-y-usb-con-millones-de-declaraciones-patrimoniales-investigacion-de-milenio-revela-disputa-legal-en-la-secretaria-ejecutiva-del-sistema-nacional-anticorrupcion-denuncia-ante-la-fiscalia-general-de-la-republica-y-conflicto-por-datos-de-la-plataforma-digital-nacional-en-mexico/
