El fiscal general de California, Rob Bonta, argumentó que la Ley conocida como Posse Comitatus prohíbe a los cuerpos militares hacer tareas de fuerzas de seguridad civiles como los de la policía. “Esta autoridad se reserva para circunstancias muy específicas, las cuales no se cumplen ahora”, señala el texto, de 22 páginas. Los límites a las fuerzas armadas en las tareas dentro del propio suelo estadounidense, dicen los letrados, se origina desde los tiempos de los padres fundadores, quienes “desconfiaban de los gobiernos militares”.

El fiscal Bonta acusó a la Administración de agravar la situación con el movimiento de las tropas. “Desde que el presidente anunció su plan, la situación ha escalado rápidamente y el malestar en las calles ha crecido, lo que ha llevado al cierre de vías y pone a la gente en peligro”, dijo el lunes. A día siguiente, la alcaldesa Karen Bass decreto el toque de queda en parte del centro para asfixiar las protestas y reducir el vandalismo que dejó decenas de pintas de grafiti y comercios saqueados.

Esta es la demanda número 24 que California presenta contra del Gobierno en la segunda presidencia de Trump. Este jueves, las autoridades estatales han presentado la 25 por la revocación de Washington del plan local para acelerar la transición a los coches eléctricos.

El fiscal Bonta subrayó que el gobernador sabe cómo pedir el apoyo federal. Newsom solicitó a la Guardia Nacional a inicios de 2025 para apoyar a las autoridades locales tras los incendios en Los Ángeles y lo hizo también en el verano de 2020, cuando las movilizaciones sociales en repudio al asesinato de George Floyd amenazaron el orden público. “Esta es la primera vez desde 1965 en las que un presidente ha activado a la Guardia sin que lo solicite un gobernador”, añadió Bonta.

La Administración de Trump respondió el miércoles a la demanda de Newsom. “Un ardid político”, la calificaron los abogados del Gobierno. Estos reviraron al gobernador recordándole que Trump movilizó a los militares invocando poderes de emergencia discrecionales. Con ellos no es necesario que un Ejecutivo estatal dé el visto bueno al uso de tropas en su territorio.

“Este estatuto [el título 10] empodera al presidente para que este determine qué fuerzas considera él que son necesarias para suprimir una rebelión o para ejecutar las fuerzas armadas”, asegura la demanda. Los letrados dicen que no darle la razón al Ejecutivo en este caso sería un hecho “peligroso” y “sin precedentes”.

En una contestación, los fiscales de Sacramento han calificado el intento de Trump como un avance en su intento de ejercer un “poder sin límites” que no pueda ser sujeto a revisión de parte de los otros dos poderes.

El juez Charles Breyer, un magistrado que llegó al cargo nombrado por Bill Clinton, dio la razón a California. “Los quejosos parecen haber probado en su argumento que la invocación del presidente no fue legal, pues se ha excedido en su autoridad violando el Título 10″, señala el juez. Este se negó el martes a emitir un fallo de emergencia a petición de Gavin Newsom. Breyer aplazó la audiencia para esta tarde, y después escuchó los argumentos de las partes durante 70 minutos.

“Estos hombres y mujeres están entrenados para combate en el extranjero, no para tareas de seguridad. No queremos nuestras calles militarizadas con nuestras propias fuerzas armadas”, aseguró el abogado del gobernador en referencia a los marinesdesplegados. Por ahora, el juez le ha dado la razón.

Los militares que ya han arribado están desperdigados en ocho puntos de la vasta geografía angelina. Más que en movimiento, están estáticos custodiando un puñado de edificios federales. Casi 150 elementos están vigilando las instalaciones de Seguridad Interior en la ciudad de Paramount, cerca de donde se registraron protestas el sábado contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Unos 300, el grupo más nutrido, están cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Un centenar está acompañando a elementos del ICE mientras estos cumplen con órdenes de aprehensión de indocumentados sobre los que penden fallos de deportación. Y unos 32 están en Santa Ana, en el condado de Orange. Todos ellos conocerán un nuevo destino la tarde del viernes cuando cambie el control de su mando. El pulso legal, sin embargo, continuará.