La mañana del 19 de febrero de 2026, la policía británica detuvo a Andrés de York, hermano del rey Carlos III y exmiembro activo de la familia real, en el marco de una investigación penal relacionada con sus vínculos con Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de operar una red de abuso sexual de menores.
El arresto fue confirmado por la Thames Valley Police, que informó la detención de “un hombre de más de 60 años” bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, un delito grave en el Reino Unido. De acuerdo con autoridades y medios internacionales, el ex príncipe permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales.
Un caso que nunca se cerró del todo
Aunque Andrés de York perdió títulos, funciones oficiales y patronazgos reales desde 2019, el vínculo con Epstein nunca dejó de perseguirlo. En 2022, el ex duque llegó a un acuerdo civil extrajudicial en Estados Unidos con una de las mujeres que lo acusó de abuso, sin admitir culpabilidad. Aquel episodio marcó su salida definitiva de la vida pública, pero no puso punto final al escrutinio judicial.
La nueva investigación se reactivó tras la publicación de documentos judiciales en Estados Unidos, que revelaron correos electrónicos y testimonios sobre el papel que Andrés habría desempeñado durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido. Las autoridades analizan si utilizó esa posición para compartir información sensible o favorecer intereses privados ligados al círculo de Epstein.
Un hecho inédito para la realeza
La detención del ex príncipe representa un momento sin precedentes en la historia reciente del Reino Unido: es la primera vez que una figura de tan alto rango de la monarquía británica es arrestada en una investigación penal de esta magnitud. El primer ministro británico subrayó que “nadie está por encima de la ley”, mientras que el Palacio de Buckingham se limitó a señalar que el caso corresponde exclusivamente al ámbito judicial.
Para organizaciones de derechos humanos y víctimas del caso Epstein, el arresto es un recordatorio de que el poder y los títulos no garantizan impunidad. También vuelve a colocar en el centro del debate el papel de las élites políticas, económicas y simbólicas en redes de abuso que durante años operaron sin consecuencias.
Lo que sigue
Por ahora, las autoridades no han presentado cargos formales adicionales, pero no descartan ampliar la investigación conforme se analice el material incautado en registros realizados en propiedades vinculadas al ex príncipe. El delito de mala conducta en un cargo público puede conllevar penas severas de prisión, dependiendo de los hallazgos del proceso.
El caso apenas comienza una nueva etapa. Y, una vez más, deja claro que la historia de Epstein no terminó con su muerte: sigue revelando cómo el silencio institucional y los privilegios permitieron que el abuso se sostuviera durante décadas.
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