Explicó que los casos de desaparición no responden a incidentes aislados, sino a una problemática estructural que requiere un abordaje multidisciplinario e interinstitucional.

⇒ El Congreso debe dejar de ser un espectador ante una crisis humanitaria que exige respuestas contundentes. enfatizó Torres González. ⇐

Actualmente, la capital es la segunda entidad del país con más personas desaparecidas. Solo en el primer semestre de este año se registraron mil 027 casos, y en lo que va de la actual administración local, la cifra ya alcanzó los mil 221. Esto representa un incremento del 96% frente a los primeros ocho meses del gobierno anterior, cuando se contabilizaron 309 desapariciones.

Informes como el publicado por Evalúa México en 2023 advierten que el crecimiento de estas cifras está estrechamente vinculado con la expansión de grupos delictivos y disputas territoriales, en las que los jóvenes y las mujeres se han convertido en las principales víctimas. El mismo estudio alerta que la impunidad en estos casos es absoluta, con un 100% de los casos sin resolución efectiva.

Ante este panorama, la Jefatura de Gobierno ha puesto en marcha algunas acciones institucionales, como la instalación del Gabinete de Personas Desaparecidas y la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030. Sin embargo, desde el Congreso se considera que estas medidas no pueden ejecutarse únicamente desde el Poder Ejecutivo, y que es necesaria la intervención de todos los actores políticos.

La propuesta de Movimiento Ciudadano (MC) ya fue remitida a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, órgano encargado de autorizar la creación de comisiones especiales. Esta nueva instancia legislativa tendría como función principal vigilar y evaluar el desarrollo de la Estrategia 2025-2030, así como fortalecer los mecanismos de búsqueda, atención a víctimas y coordinación entre dependencias.