Venezuela: democracia a conveniencia

Hay dos principios que sostienen a las democracias: que las balas no sustituyan a las urnas para deponer un régimen y que los mecanismos democráticos no sean convertidos en una simulación. Cuando se rompen, el sistema colapsa. En Venezuela, se fueron al carajo los dos.

La intervención militar de Estados Unidos para aprehender a Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo y otros delitos, erosionó el primer principio. Si bien los cargos que enfrenta no se refieren al funcionamiento de la democracia venezolana, los modos utilizados sí ponen en riesgo la voluntad popular para elegir a sus dirigentes.

El segundo principio ya había sido sepultado mucho antes por el propio régimen, llevando la ley a sus extremos y, sobre todo, utilizando al Estado como herramienta para neutralizar a la oposición y ganar elecciones cada vez más cuestionadas. La sospecha de fraude electoral se extendió en la comunidad internacional.

Con ambos principios socavados —uno degradado desde fuera y el otro destruido desde dentro—, el desenlace era previsible. Aunque, para muchos, la novela apenas comienza, pues consideran que la captura de Maduro es solo el primer capítulo y que lo más interesante está por escribirse.  

Por lo pronto, sorprende que algunos se digan sorprendidos. Donald Trump lo anunció con mucha anticipación; Nicolás Maduro fingió no escuchar, o fue condescendiente, incapaz de reaccionar frente a la avalancha que se le venía encima. Ambas actitudes se pagan caro en política.

Pero hay algo que sorprende aún más: la facilidad con la que en México el debate se ha reducido a dos posiciones irreconciliables. Negro o blanco, según convenga. De ahí que las versiones que circulan sobre Venezuela resulten, irremediablemente, parciales e incompletas.

Están quienes sostienen que la operación estadounidense no solo vulnera la soberanía de Venezuela, sino que también —al intervenir de manera directa en el gobierno de ese país— atenta contra los principios democráticos. El argumento es válido y merece ponderarse, pues expresa los límites de la acción internacional y el respeto a la institucionalidad de las naciones.  

El problema es de consistencia, ya que esa misma exigencia no se aplicó cuando el régimen de Maduro erosionó los mecanismos democráticos desde dentro, mediante la persecución, censura y elecciones cada vez más cuestionadas. 

Ciertamente, una lectura objetiva de la situación venezolana exige condenar con el mismo rigor la violación de ambos principios: la intervención externa y el deterioro de las libertades y de la voluntad popular bajo un régimen cuya democracia se debilitaba en forma progresiva.  

En el extremo, vale decirlo, también circula una lectura incompleta de la crisis. Si en su momento se condenaron con rigor los excesos de Maduro, hoy, por congruencia y madurez democrática, corresponde evaluar con la misma mirada crítica las implicaciones de una intervención externa sin restricciones en la democracia venezolana, incluidos sus futuros procesos electorales. 

La defensa de la democracia exige consistencia si quiere ser creíble; no admite excepciones, ni siquiera cuando el dilema o los personajes resultan inconvenientes.