Aunque la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos promete simplificación administrativa, expertos advierten riesgos de ciberseguridad y filtraciones de datos.
Este martes, con 75 votos de Moreno y aliados a favor y 37 votos en contra, el Senado aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que digitalizará trámites y centralizará datos personales y biométricos mediante la Llave MX.
Aunque la legislación promete simplificación administrativa, expertos advierten riesgos de ciberseguridad, filtraciones de datos y un posible uso indebido de la información por parte del gobierno, generando preocupación sobre la privacidad y autonomía ciudadana.
En teoría, la nueva legislación permitiría crear una plataforma para transformar la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un documento donde se concentren los datos personales, fotografías y datos biométricos, como huellas dactilares o escaneo de iris, de toda la población representa un riesgo para los mexicanos.
“Es cierto que tener una identidad digital más moderna, segura y útil es una buena idea, el problema que tenemos es que vivimos en México, donde no contamos con un marco legal claro, instituciones sólidas y medidas estrictas de protección digital”, advirtió Gonzalo Rojon, director y socio principal de la consultora The CIU.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum buscaba incorporar datos biométricos a la CURP y que esta sea reconocida como identificación oficial para toda la población, así como sea obligatoria para realizar trámites y permita nutrir la Plataforma Única de Identidad, que posiblemente estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
“Esta Ley concentra facultades de regularización y de ejecución en una sola dependencia, la ATDT, la desaparición de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y su reemplazo por la Agencia, es una acción centralista, porque además esta dependencia será quien emita los lineamientos para cada trámite y se califica a sí misma”, explicó Alma Carolina Viggiano Austria, senadora por el PRI.
¿Qué características tendrá la nueva ley?
Esta plataforma se conectará con los sistemas informáticos de cualquier institución pública que tenga datos identitarios de las personas. Además, la iniciativa contempla utilizar la información relacionada con la CURP para la búsqueda en tiempo real, generar alertas de búsqueda de personas y labores de seguridad.
“El aspecto más negativo, el más tóxico de la Ley, es la creación de un expediente ciudadano que concentra la CURP digital, y los datos personales y biométricos de todos los ciudadanos. En dicho expediente se van a registrar todos y cada uno de los trámites de las personas, lo cual va a generar un riesgo de filtraciones y robo de datos ante un gobierno que no es capaz de cuidar los datos del propio gobierno”, advirtió la senadora priista.
A la propuesta para que el gobierno recopile los datos biométricos de los ciudadanos, se suma una propuesta en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) para revivir el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, más conocido como PANAUT, cuyas implicaciones prácticas y sus efectos sobre el mercado de telecomunicaciones son alarmantes.
“La propuesta obligaría a todos los operadores móviles -tradicionales y virtuales- a recopilar y almacenar datos personales de sus usuarios y compartirlos con las instituciones de seguridad. El impacto operativo sería enorme, dado que las empresas tendrían que implementar sistemas robustos de verificación”, explicó Gonzalo Rojon.
¿Cuál será la responsabilidad de las compañías?
Además, las compañías deberán asegurar el almacenamiento seguro de datos sensibles y modificar los procesos de activación de líneas móviles, por lo que requerirán una inversión significativa en tecnología, personal y cumplimiento normativo, lo que según el analista se traduciría en mayores costos para los operadores y, eventualmente, para los usuarios.
“Más allá de los costos, preocupa la afectación a la privacidad. El almacenamiento centralizado de datos personales plantea riesgos evidentes porque el gobierno tendría más datos que podrían estar expuestos, dado que las inversiones de TIC y ciberseguridad de esta administración han crecido muy poco”, agregó el analista de The CIU.
Entre 2019 y 2023, el presupuesto público destinado a la adquisición de servicios TIC creció a una tasa real de 3 por ciento. Sin embargo, el número de e-Ciudadanos (personas mayores de edad que interactuaron con el gobierno a través de medios electrónicos) creció 54.8 por ciento, según un estudio realizado por The Social Intelligence Unit.
“El gobierno ha evidenciado su incapacidad para resguardar los datos personales. Las secuelas de comprometer datos biométricos pueden ser irreparables, ya que sustituirlos es prácticamente imposible. A esto se suman los peligros del uso indebido de esa información por parte de las autoridades”, explicó Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad SIlikn.
Información de. El Financiero
