Funcionarios estatales del gobierno de Sonora participaron en negocios donde vidas humanas fueron la mercancía; Mediante el proceso de adopciones los sujetos cobraron sumas que van desde los 50 mil a los 80 mil pesos.
Al momento ya se giraron órdenes de aprensión y el caso se sigue por la procuraduría de Sonora, teniéndose ya consignadas al menos 16 personas.
Los menores objeto del comercio fueron vendidos mayormente a ciudadanos de Estados Unidos quienes gracias a la flexibilidad de las nuevas leyes mexicanas y a la corrupción operante dentro de los gobiernos pudieron adquirir niños; La mayoría de los infantes fueron concebidos dentro del centro de atención integral para menores de Sonora por lo que se presume la complicidad de mayor número de funcionarios.
Uno de los detenido confeso participar en al menos trece casos de venta por que derivado de sus declaraciones podría presumirse que más de cincuenta infantes fueron entregados en adopción bajo el esquema de comercio.
