En 5 meses, matan policías a 385 personas en todo EU
En un callejón de Denver, policías abatieron a tiros a una menor de 17 años que paseaba en un automóvil robado. En los bosques de Carolina del Norte, policías abrieron fuego contra un vendedor ilegal de licor que portaba un arma. Y en un apartamento en un alto edificio de Birmingham, Alabama, policías le dispararon a un adulto mayor cuyo hijo les pidió asegurarse de que estuviera bien. Douglas Harris, de 77 años, abrió la puerta llevando una pistola.
Los tres se cuentan entre un mínimo de 385 personas a quienes policías dispararon con consecuencias fatales durante los primeros cinco meses del presente año, más de dos diarias, según análisis de The Washington Post. Dicha cifra representa más del doble del índice de tiroteos policiales fatales que el Gobierno federal registró en el transcurso de los últimos 10 años, conteo que funcionarios admiten es incompleto.
“Muchos de estos disparos se quedan sin reportar”, dijo Jim Bueermann, ex jefe policiaco y presidente de la Fundación de la Policía, organización sin fines de lucro con sede en Washington dedicada a mejorar a las fuerzas del orden. “Nunca vamos a reducir el número de balaceras policiales si no empezamos a medir de manera precisa esta información”.
A nivel nacional está intensificándose la polémica en torno al uso de la fuerza letal por parte de los policías, especialmente contra miembros de las minorías. Para comprender cómo y con qué frecuencia ocurren tales incidentes, el Washington Post está recopilando una base de datos de todos los tiroteos fatales que la Policía hizo en el 2015, así como de cada agente que murió por armas de fuego en el cumplimiento de su deber.
El Post sólo analizó las balaceras, no las muertes por otros medios, como pistolas eléctricas y decesos durante el resguardo policial.
A través de entrevistas, reportes policiales, versiones noticiosas locales y otras fuentes, el Post rastreó más de 12 pormenores acerca de cada muerte por disparos registrada hasta este viernes, incluyendo la raza de la víctima, si la persona se hallaba armada y las circunstancias que condujeron al fatal encuentro. El resultado es un examen sin precedentes sobre dichos tiroteos, muchos de los cuales empezaron como incidentes menores que de súbito subieron de tono hasta volverse violentos.
Estos son algunos de los hallazgos del Post:
–Alrededor de la mitad de las víctimas eran blancas, la mitad pertenecía a alguna minoría. Pero los datos demográficos cambian drásticamente entre las víctimas desarmadas, cuyo 66 por ciento eran afroamericanas o hispanas. En general, se dio muerte a los afroamericanos a un índice de tres veces más que el de los blancos y otras minorías si los datos se ajustan según la población de los datos censales donde ocurrieron las balaceras.
–La vasta mayoría de las víctimas –más del 80 por ciento– estaban armadas con objetos potencialmente letales, sobre todo pistolas, pero también navajas, machetes, vehículos automotores y, en un caso, una pistola de clavos.
–Cuarenta y cinco personas no tenían arma, mientras que las pistolas que otras 13 blandían resultaron ser juguetes. En total, el 16 por ciento o portaba un juguete o estaba desarmado.
–Las edades de los muertos oscilaron entre 16 y 83 años. Ocho eran menores de edad, incluyendo Jessie Hernández, de 17, a quien unos policías de Denver dispararon en tres ocasiones a raíz de que con un automóvil ella y sus amigos presuntamente trataron de atropellarlos.
El análisis del Post arroja asimismo luz sobre las situaciones que con mayor frecuencia conducen a disparos fatales. Alrededor de la mitad del tiempo, los policías acudían en auxilio de personas que pedían ayuda por problemas domésticos y otras complejas situaciones sociales. Un indigente que se comportaba de manera errática. Un novio que amenazaba con ponerse violento. Un hijo tratando de suicidarse.
La Policía o familiares identificaron como enfermos mentales a 92 víctimas –casi la cuarta parte de a quienes se dio muerte.
En Miami Gardens, Florida, Catherine Daniels marcó a Emergencias tras no poder persuadir a su hijo, Laval Hall, un hombre afroamericano de 25 años, de entrar a casa durante las primeras horas de una fría mañana de febrero. Diagnosticado como esquizofrénico, Hall medía 5 pies 4” (1.63 metros) y pesaba tan sólo 120 libras (54 kilogramos), cuando los policías llegaron él sólo vestía unos boxers y una camiseta y agitaba un palo de escoba. Los agentes intentaron inmovilizarlo con una pistola eléctrica y luego le dispararon.
La otra mitad de los tiroteos tuvieron que ver con delitos no domésticos, como robos, o las tareas rutinarias en las cuales se ocupan los patrulleros, como ejecutar órdenes de arresto.
En marzo se dio muerte a Nicholas T. Thomas, un hombre afroamericano de 23 años, cuando la Policía de Smyrna, Georgia, intentó arrestarlo con la orden en mano por no pagar 170 dólares en cuotas de libertad condicional por delito mayor. Thomas huyó de la tienda de llantas Firestone donde trabajaba como mecánico, y los agentes dispararon hacia su automóvil.
Si bien la raza marcaba una diferencia, a menudo quienes perdieron la vida por fuego policial tenían mucho en común. La mayoría eran pobres y tenían antecedentes de incidentes con las corporaciones policiacas casi siempre por delitos de poca monta, en ocasiones debido a padecer trastornos mentales.
Ambos factores estaban presentes en el caso de Daniel Elrod, un hombre blanco de 39 años. Elrod había sido arrestado al menos 16 veces en el transcurso de los últimos 15 años; el año pasado en dos ocasiones fue detenido como medida de protección debido a que la Policía de Omaha temía que se lesionara a sí mismo.
El día de febrero cuando murió, Elrod robó una sucursal de Family Dollar. La Policía dijo que corrió a la llegada de los agentes, saltando sobre un BMW en el estacionamiento y gritando “dispárenme, dispárenme”. Elrod, quien se encontraba desarmado, recibió tres disparos cuando “saltaba en el aire” para sortear una malla con alambre de púas, según archivos policiales.
Docenas de otras personas han fallecido asimismo tratando de huir de la Policía, muestra el análisis del Post, incluyendo una proporción considerable –20 por ciento– de quienes estaban desarmados. Correr representa un acto tan provocador que expertos policiales dicen que existe un nombre para la lesión que los agentes hacen a los sospechosos: “impuesto de a pie”.
La Policía está autorizada a recurrir a la fuerza letal sólo cuando los agentes temen por su vida o las vidas de otros. Hasta ahora, sólo en tres de las 385 balaceras fatales se han levantado cargos por algún delito contra un policía –menos del uno por ciento.
El bajo índice refleja los hallazgos de la investigación que el Post realizó en abril en la cual se determinó que de miles de tiroteos policiales registrados en el transcurso de los últimos 10 años, sólo en 54 hubo cargos penales. Por lo general, en dichos casos había profundas evidencias que cuestionaban la versión del agente. De los casos resueltos, la mayoría de los policías fueron exonerados o declarados inocentes.
En los tres casos del 2015 en los cuales se interpusieron cargos, surgieron videos donde se aprecia a los policías disparándole al sujeto durante o después de una persecución a pie:
–En Carolina del Sur, el agente Michael Slager fue acusado de homicidio por el deceso de Walter Scott, un hombre de color de 50 años, quien corrió después de marcársele el alto por una infracción vial. El abogado de Slager rehusó hacer comentarios.
–En Oklahoma, el policía de reserva Robert Bates fue acusado de homicidio de segundo grado sin premeditación 10 días después de que matara a Eric Harris, un afroamericano de 44 años. El abogado de Bates, Clark Brewster, describió los disparos como un “accidente legítimo”, señalando que Bates tomó erróneamente su pistola en vez de su taser.
–Y en Pennsylvania, la agente Lisa Mearkle fue acusada de homicidio penal a seis semanas de dar muerte a tiros a David Kassick, un hombre blanco de 59 años que se negó a orillarse al marcársele el alto por una infracción de tránsito. El abogado de Mearkle no contestó las llamadas en las cuales se le pedían comentarios.
En muchos otros casos, las corporaciones policiacas han determinado que los disparos se justificaron. Pero numerosos líderes de las fuerzas del orden están haciendo un llamado a que se haga un examen más exhaustivo.
Tras casi un año de protestas por la brutalidad policiaca y con un reporte de un equipo especial de la Casa Blanca proponiendo reformas, más de 10 jefes y ex jefes policiacos señalaron que la Policía debe empezar a aceptar responsabilidad por la matanza. Argumentan que gran número de las muertes que el Post examinó pueden atribuirse a malos hábitos de vigilancia policial.
“Tenemos que ir más allá de lo que es legal y empezar a concentrarnos en lo que se puede prevenir. La mayoría se pueden prevenir”, dijo Ronald L. Davis, ex jefe policiaco que dirige la oficina de Servicios Policiales Orientada a la Comunidad adscrita al Departamento de Justicia.
Los policías “necesitan dejar de perseguir a los sospechosos, saltando bardas y cayendo encima de alguien con una pistola”, dijo Davis. “Cuando hacen eso, no tienen más opción que disparar”.
Como comienzo, criminólogos dicen que el Gobierno federal debe analizar sistemáticamente las balaceras policiales. En la actualidad, el FBI tiene dificultades para recolectar los datos más elementales. Reportar los hechos es voluntario y, desde el 2011, menos del tres por ciento de las 18 mil corporaciones policiacas estatales y locales han reportado ante el FBI los disparos fatales que han realizado sus agentes. En consecuencia, en los archivos de la última década del FBI sólo aparecen cerca de 400 tiroteos policiales al año –un promedio de 1.1 muertes al día.
De acuerdo con el análisis del Post, en lo que va del 2015 el saldo diario de decesos es de cerca de 2.6. A ese ritmo, la Policía habrá hecho disparos y matado a casi mil personas para cuando concluya el año.
“Tenemos que entender los fenómenos que hay detrás de estos encuentros fatales”, dijo Bueermann. “Existe una imperiosa necesidad social de esto, pero falta voluntad política para hacer que suceda”.
Para la vasta mayoría de corporaciones, una balacera fatal constituye algo raro. Sólo 306 instancias policiacas han registrado alguna durante el 2015, mientras que en la mayoría sólo se dio una, según muestra el análisis del Post.
Sin embargo, 19 corporaciones locales se vieron involucradas en un mínimo de tres tiroteos fatales. La Policía de Los Angeles encabeza al país con ocho. La última tuvo lugar el 5 de mayo, cuando Brendon Glenn, un indigente de color de 29 años, recibió un disparo tras un altercado en el exterior de un bar en Venice.
La Policía de Oklahoma City ha matado a cuatro personas, incluyendo un hombre blanco de 83 años que blandía un machete.
“Queremos hacer lo más que podamos por no acabar con la vida de alguien, inclusive en las peores circunstancias”, dijo el jefe de la Policía de Oklahoma City, William Citty. “Simplemente va a haber algunos tiroteos que sean inevitables”.
Jimmy Ray Robinson presuntamente robó cinco minisúpers en la zona central de Texas, sustrayendo varios simones enmielados. Robinson, un afroamericano de 51 años, huyó cuando descubrió unos policías de Waco apostados fuera de su casa.
Robinson aceleró de reversa en una Ford Explorer verde. Se atascó en el lodo, mientras que cuatro agentes de Waco abrieron fuego.
Los casos más inquietantes empezaron con un grito de auxilio.
Alrededor de la mitad de los tiroteos ocurrieron a raíz de que familiares, vecinos o extraños pidieron ayuda a la Policía debido a que alguien quería suicidarse, se comportaba de manera errática o amenazaba en forma violenta.
Tomemos el caso de Shane Watkins, un hombre blanco de 39 años, quien murió en la entrada para vehículos de la casa de su madre en Moulton, Alabama.
Watkins nunca había sido violento, y sus familiares no temían por su propia seguridad cuando llamaron en marzo a la Policía del Condado Lawrence. Pero Watkins, quien padecía trastorno bipolar y esquizofrenia, no había tomado sus medicinas. Días antes, se había declarado el “dios del quinto elemento” y exigió whiskey y cerveza a fin de poder “limpiar la Tierra con ellos”, dijo su hermana, Yvonne Cote.
Entonces empezó a amenazar con dispararse a sí mismo y dispararle a su perro, Slayer. Su madre llamó a Cote, quien marcó el 911. Cote volvió a comunicarse por teléfono con su madre, que vio a Watkins salir a la banqueta sosteniendo una navaja para cartón en el pecho. Una patrulla se acercó, y Cote oyó a su madre gritar: “¡no disparen! ¡No trae pistola!”
“Después oí los disparos”, dijo Cote.
Funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado Lawrence rehusaron hacer comentarios y dar a conocer documentos relacionados con el caso. (Kimberly Kindy/The Washington Post. Reporteada por Julie Tate, Jennifer Jenkins, Steven Rich, Keith L. Alexander y Wesley Lowery)

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