Por la compra improcedente de muebles, artículos de línea blanca, la realización de tómbolas, compra de playeras, viseras, eventos, servicios musicales, vestuario y estudios de mercado, además de pagos irregulares a personal inexistente en escuelas, estímulos discrecionales y pago a personal comisionado en labores electorales o sindicales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió a los gobiernos estatales reintegrar más de 11 mil 366 millones de pesos a la Tesorería nacional.
Las irregularidades detectadas en el pago de la nómina a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) son 13.5% más recursos que los detectados en la Cuenta Pública de 2012.
En la revisión de la nómina, la Auditoría observó una “alta incidencia de las organizaciones sindicales en aspectos diversos de la gestión educativa”.
Esa injerencia la destaca en particular en los casos de Michoacán y Oaxaca, donde las dirigencias sindicales simpatizan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo que “ha generado importantes áreas de opacidad y de falta de transparencia que dificultan la fiscalización de los recursos” que se destinan al pago de la nómina magisterial.
Al hacer la revisión al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), la Auditoría detectó que de los 10 mil 7 millones de pesos observados en 2012, la cifra se incrementó en más de mil 359 millones de pesos para 2013, al llegar a 11 mil 366 millones de pesos.
Para darle seguimiento a la nómina magisterial, se realizaron 63 auditorías federales y estatales en todas las entidades y como consecuencia se emitieron 16 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Del monto total a recuperar, la Auditoría cuestionó el pago de mil 273.7 millones de pesos que los gobiernos estatales y la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregaron a los comisionados del SNTE, esto es, a los líderes seccionales de 26 estados y a los del Comité Ejecutivo que encabeza Juan Díaz de la Torre.
El documento afirma que la opacidad y la falta de transparencia está generando “la debilidad de las finanzas estatales”, y ello “propicia un entorno que incide de manera importante en el uso de recursos del fondo” y con fines que no cumplen con los objetivos del mismo.
Después de emitir una docena de recomendaciones asegura que si bien hay avances con la reforma, “aún queda pendiente una clara definición de la calidad educativa”.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 se plantea que los estados ejercieron incorrectamente 2.8% de las aportaciones federales transferidas para la educación básica y normal, siendo Michoacán “la entidad con mayor vulnerabilidad hacia la incorrecta aplicación de los recursos del fondo”.
Entre una lista de 30 conceptos observados, se tienen entre las principales irregularidades ubicadas en la operación de la nómina el pago de más de mil 343 millones de pesos de prestaciones que los gobiernos estatales concedieron a las secciones sindicales; la incompatibilidad del empleo de personal adscrito a diferentes centros de trabajo [767.1 millones de pesos]. Pagos en exceso o improcedentes a docentes registrado dentro del Programa de Carrera Magisterial por un monto de 673.9 millones de pesos.
También se halló el pago de 303.1 millones de pesos a “personal no localizado” en las escuelas o centros de trabajo de 19 estados, entre ellos Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Adicional a esas anomalías fueron los cobros indebidos [157.4 millones de pesos] y el pago a personal que no acreditó su situación laboral [93.1 millones de pesos] en seis estados.
