SAN SALVADOR (apro).- El mes de enero de 2015, aún sin concluir, es ya trágico en El Salvador. Como muestra palpable está la ejecución de siete agentes de la policía por presuntos pandilleros, así como cuatro masacres de pandilleros por supuestos hombres de la seguridad estatal.
La esperanza acerca de que los comienzos de año implicaran renovación en el tema de la seguridad se ha desdibujado en el país más pequeño de la América continental, y uno de los más violentos y peligrosos del mundo, según agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El Salvador, de apenas 6 millones de habitantes en 21 mil kilómetros cuadrados, tiene una larga historia de convulsiones sociales y políticas. Durante casi todo el pasado siglo imperó una férrea dictadura militar que se sucedió a través de golpes de Estado o por medio de escandalosos fraudes electorales. Los intentos democráticos y libertarios, incluso las reivindicaciones por tierras y contra el hambre, fueron reprimidos por medio de masacres.
Dos grandes acontecimientos violentos marcan la vida de El Salvador: la rebelión indígena en 1932 por las tierras arrebatadas por militares y familias oligárquicas, y la cual fue ahogada con la sangre de 30 mil campesinos indígenas y líderes revolucionarios de la época, como Farabundo Martí.
El otro acontecimiento que mantiene heridas sin cicatrizar fue la guerra civil (1980-1992), que cobró la vida de más de 70 mil personas, en su mayoría civiles, y de relevantes personalidades como el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, quien actualmente es objeto de un proceso de canonización en el Vaticano.
“La violencia en El Salvador no es nueva; además de la violencia política, siempre la criminalidad ha sido la noticia. He revisado los diarios más importantes del país, de las décadas de los años 50 y 60, del siglo pasado, y los titulares son iguales a los de hoy. Un fulano que mató a su abuelita, otro que masacró a una familia”, aseguró a Apro el reconocido novelista Horacio Castellanos Moya, quien reside en Estados Unidos y que realizó una breve visita a su tierra natal.
La mayoría de analistas locales y extranjeros consideran la violencia actual como parte de una guerra de “nuevo tipo”, con abundante armamento –se habla de un arsenal no registrado de medio millón de armas de fuego en manos civiles–, además de un sistema judicial corrupto e ineficiente, que conlleva a la impunidad.
“La situación es desesperada para la población. Desde mi punto de vista lo que hay que hacer es sacar al Ejército a las calles y que le permitan actuar como es debido contra la delincuencia”, apunta el exministro de Transporte, Julio Valdivieso, de pensamiento conservador, quien en la actualidad es un destacado comentarista político en programas de la televisión local.
A Valdivieso lo secundan otros que piden la “pena de muerte” para los asesinos, violadores y secuestradores, o cuando menos la “cadena perpetua”.
Acerca de los grupos de exterminio o de “limpieza social”, existen políticos que hasta han expresado su apoyo y simpatía de manera pública, como por ejemplo el diputado derechista Guillermo Gallegos, quien en declaraciones a la prensa local expresó que frente a la incapacidad del Estado, la gente tenía que defenderse.
