Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ganó un amparo definitivo que le permitiría librar la prisión preventiva, luego de que ha pasado más de dos años encerrada por omisiones en el desvío de dinero público mediante el esquema de la Estafa Maestra.

La resolución ha dictaminado que sea evaluada la medida cautelar que mantiene tras las rejas a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues se desechó el argumento de que pudiese huir del país.

Fuentes conocedoras del caso confirmaron a Infobae México que el juzgador debe revisar la medida cautelar y ello no significa una modificación inmediata ni en automático. Si se decide mantener la prisión preventiva habrá de sustentarse con base en los alcances del amparo concedido por el Tribunal y desestimando los alegatos definidos en la sentencia.

En caso de ser favorecida, la ex funcionara podría enfrentar su proceso fuera de Santa Martha Acatitla y llegar al arraigo domiciliar, con el uso de un brazalete electrónico o al acudir a una firma periódica. El juez deberá valorar si impone una de esas medidas o dos.

Epigmenio Mendieta Valdés, abogado de Rosario Robles, dijo en entrevista radiofónica que magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal confirmaron la resolución emitida inicialmente por el juez tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda.

Los fiscales lograron que la ex funcionaria se mantuviera presa porque alegaron posibles evasiones a la justicia derivado de su capacidad económica y la de familiares, pero los juzgadores desestimaron esos argumentos.

Además, se había planteado que no estaba claro el domicilio de Rosario Robles, pero a decir del abogado, eso es falso porque su clienta sí tiene un arraigo y no cuenta con los recursos para fugarse. La defensa demostró que era falso que la ex titular de Sedesol hubiese tramitado dos licencias con direcciones diferentes.

Por unanimidad, tres magistrados federales ratificaron la protección de la justicia a Robles Berlanga luego de dos apelaciones, dos audiencias de revisión de medida cautelar, cinco peritajes, un amparo y una revisión, según dijo el defensor a Radio Fórmula.

En las próximas 24 horas se habrá de notificar sobre el amparo y después será programada una audiencia en el Centro de Justicia del Reclusorio Sur para que el juez de control encargado de resolver confirme el desistimiento de prisión preventiva y se imponga otra medida cautelar que no viole los derechos de Rosario Robles ni sea un exceso en su caso.

Pero como no se trata de una situación emergente, es probable que la notificación ocurra este viernes 8 de octubre y la comparecencia sea citada para el próximo lunes o martes, según las fuentes consultadas por Infobae México. Pues además serán revisadas las audiencias programadas para asignar un espacio. Aún queda tiempo para que las partes acusadoras actúen en respuesta al amparo.

Y es que la ex secretaria federal podría quedarse encerrada, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una orden en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, con los cuales sí se amerita la prisión preventiva oficiosa por ser considerados cargos graves.

Si ese mandamiento judicial es cumplimentado, se evitaría la eventual liberación. Consultada al respecto del amparo concedido a Robles Berlanga, la FGR no respondió de manera oportuna a este medio.

Hasta la fecha ha transcurrido la audiencia intermedia y falta la etapa del juicio, donde se demostrará la inocencia o culpabilidad de la acusada.

La Estafa maestra fue un mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.

Robles Berlanga había ofrecido colaborar luego de múltiples presiones, delatar a supuestos cómplices y obtener un castigo menos severo, pero retiró la oferta porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público calculado en poco más de 5 mil millones de pesos.

Fue arrestada el 13 de agosto del 2019, con lo cual lleva más de dos años privada de su libertad, en tanto se amplían las investigaciones. Unos cinco días antes de aquella detención, había acudido a comparecer por voluntad, pues dijo que no tenía nada qué esconder y prepararía su defensa.

Otros ex colaboradores están bajo proceso, unos presos y algunos implicados más se mantienen prófugos, pero ella es la funcionaria de más alto nivel que ha sido detenida por este caso.