Los jueces electrocutan a la reforma eléctrica y alumbran la democracia
En esta ocasión, el aviso de curva fue instalado desde el Palacio Nacional. A pesar de ello, los jueces que recibieron los amparos promovidos por la iniciativa privada para suspender los efectos de la reforma a Ley de la Industria Eléctrica, no frenaron ni tampoco disminuyeron la velocidad. Al contrario, cumpliendo puntualmente el calendario, esta semana ambos juzgadores emitieron sendas suspensiones definitivas en contra de los cambios a la legislación promovida por el presidente y aprobada en ambas Cámaras por la mayoría de Morena y sus aliados.
Más allá de los efectos económicos que podrían derivarse de la nueva ley y de su posible impacto en el precio de la energía eléctrica, llama la atención el debate periodístico y académico que estas medidas han provocado acerca de la participación del Poder Judicial en la conjugación y materialización de un Estado de Derecho en México.
¿Se puede considerar democrático que dos personas, en este caso representadas por los jueces que dictaron sentencias definitivas en contra de la citada ley, atendiendo la solicitud de amparo de algunas empresas particulares, puedan declarar inconstitucional una norma que contiene una visión en materia de energía configurada por un poder político mayoritario que representa a más de 30 millones de electores?
La respuesta es sí. La ley puede ser legítima, y sus fines indiscutibles para el bienestar de la población, pero, si al implementarla, se sospecha que lesiona o limita un derecho consagrado en el texto constitucional, por ejemplo, la libre competencia y el cuidado al medio ambiente, la acción de suspensión de los jueces es la vía adecuada para determinar si las razones políticas sostenidas por el presidente, hechas realidad en una norma legislativa, atentan contra las garantías constitucionales de las empresas privadas, al limitarse o abolirse la libre competencia en el sector energético; o de la población en general, al privársele de la generación de energías limpias amigables con el medio ambiente.
En otras palabras, el presidente y el Legislativo, sobre la base de la legitimidad democrática que les fue otorgada en las elecciones, hacen política: aglutinan intereses y construyen acuerdos o simplemente imponen su mayoría para establecer políticas públicas y acciones de gobierno. Mientras que el ejercicio y la deliberación técnica para determinar la compatibilidad de las manifestaciones políticas con los derechos constitucionales, aun de grupos minoritarios, así sean empresarios, funcionarios públicos, partidos políticos o ecologistas, corresponde a los jueces.
Resulta que, en un interesante ejercicio de división de poderes, el togado, especializado en competencia económica, argumentó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica pone en riesgo la libre competencia, al propiciar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retome el papel monopólico del que gozó en el pasado. Al mismo tiempo, señaló que, al fomentar el uso de energías convencionales, se podría afectar el medio ambiente y, por lo tanto, el bienestar de la población.
Por su parte, el argumento político a favor de la reforma lo puso el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, al establecer que el propósito de las modificaciones a la ley es lograr soberanía energética y recuperar la rectoría del Estado en esta materia.
¿Qué es más sustantivo para el bienestar de la población en materia energética, soberanía o libre competencia? Pregunta difícil, ya que cualquier respuesta podría interpretarse como una inclinación ideológica a favor de la izquierda o derecha de nuestro país. Ambos bandos han planteado sus argumentos respecto al impacto en los precios, medio ambiente y en los apagones. Por supuesto que, en términos políticos, nadie está dispuesto a ceder, y tanto uno y el otro, aseguran tener la “razón”.
Por ello, en un Estado democrático, se trata de encontrar la forma de dirimir estas cuestiones lejos del campo tumultuoso, tenso y conflictivo de la política. El Poder Judicial, en este sentido, le corresponde desempeñar esa función de cribar los asuntos públicos, sacudir los intereses políticos y determinar si las normas legislativas son compatibles con la Constitución.
En el caso concreto de la legislación eléctrica, las pasiones subirán de nivel. El presidente y su partido no están conformes con el fallo del juez; seguramente el asunto terminará en la corte.
Y es aquí en donde, por la salud de la República, el poder presidencial necesita de un opuesto. Hasta la más amplia mayoría, requiere de un control constitucional concreto que le prohíba coquetear con el absolutismo.
