AVISO DE CURVA Rubén Olvera Marines

19 febrero 2021
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Apagones, vacunas y Estado frágil

Las bajas temperaturas presentadas recientemente en el sur de los Estados Unidos y en el norte de México parecen haber congelado la capacidad del Estado mexicano para garantizar el funcionamiento de uno de los servicios públicos esenciales: el suministro de la energía eléctrica. Lo mismo ocurre con las vacunas cuando a más de un mes que dio inicio la estrategia nacional, nuestro país no ha alcanzado a inmunizar ni siquiera al 1% de la población.

A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad dice tener la capacidad para enfrentar la crisis (siempre y cuando se reciba el gas proveniente del vecino del norte) y, al mismo tiempo, no obstante se afirma que México cuenta con los recursos suficientes para adquirir las vacunas (a condición de que alguna empresa esté dispuesta venderlas), la realidad es que las imágenes de las termoeléctricas bajo hielo, ductos vacíos de gas, fábricas paralizadas, niños sin clase por falta de electricidad y el personal médico reclamando la vacuna, reflejan, indiscutiblemente, la fragilidad del Estado y de sus instituciones.

Además de las considerables implicaciones económicas y sociales que arrastra consigo, la vulnerabilidad del Estado frente a las crisis también trae de vuelta la polémica discusión surgida en los noventas respecto a la presencia de un Estado fallido o a la fragilidad del Estado para garantizar, entre otros aspectos relacionados con la seguridad y el bienestar, el funcionamiento de los servicios básicos.

Por supuesto que a los estadistas y a las agencias gubernamentales de Latinoamérica les causa escozor hablar de un Estado fallido. Consideran, equivocadamente, que este concepto aplica solo a aquellos Estados en donde la falta de autoridad, ausencia de capacidad institucional y descontrol del territorio, son evidentes.  Situaciones que, aseguran, traen aparejadas guerras civiles, violaciones flagrantes a los derechos humanos, inflaciones desbordantes o emergencias humanitarias. En este sentido, alegan, con cierto grado de desorientación, que en esta hipótesis caben apenas un grupo “selecto” de países: evocan a naciones como Yemen, Somalia, Siria o Etiopía.

Sin duda que, algunas veces, a la luz de intereses políticos, quienes aspiran a gobernar, abusan de este concepto llevándolo al extremo para homologar las más mínimas deficiencias de una institución pública con la imagen de un Estado fallido. Generalmente, esos grupos políticos o de interés, injurian y radicalizan, por lo que, terminan ensombreciendo la utilidad analítica del término.

En realidad, al menos durante las últimas dos décadas, diversos organismos internacionales han realizado análisis educados y útiles a la luz de este enfoque, utilizando el concepto como una herramienta que permite, a todo tipo de países, independientemente de sus nivel de desarrollo y forma de gobierno, identificar las presiones externas e internas y sus tendencias, las cuales podrían transformarse en tensiones que, de no atenderse de inmediato, mutan en conflictos y éstos, a su vez, en emergencias sociales.

De entre los distintos instrumentos y organismos internacionales, destaca la batería de doce indicadores analizados por el Fondo para la Paz, con los cuales se configura, desde el 2006, el denominado Índice de Estados Frágiles (IEF) para 178 países.

Con esta herramienta, se analizan y comparan, en el tiempo y entre países, aspectos como la seguridad, el desarrollo económico, las presiones demográficas, movimientos migratorios, derechos humanos, protestas sociales y, por supuesto, la capacidad del Estado para la prestación de servicios públicos.

Evocando los recientes cortes de energía eléctrica y la falta de vacunas, podríamos preguntarnos cuál es la posición de México en el ranking mundial en el indicador de fragilidad para la prestación de servicios públicos. El IEF toma en cuenta la provisión de servicios esenciales a la comunidad, destacando la salud, educación, electricidad, energía, conectividad, infraestructura, entre otros. Puede incluir, por ejemplo, la capacidad del Estado para constituir reservas energéticas como el gas que le permitan hacer frente a la crisis de suministro de electricidad.

En este sentido, para 2020, el Fondo para la Paz ubica a México en la posición 98 de 178 naciones, otorgándole un IEF de 67.2, junto a naciones como Perú y Maldivas. Lejos de Yemen, que es el país más frágil con un índice de 112.4. Pero también bastante arriba del Estado con mayor éxito que, según este organismo, es Finlandia con una baja fragilidad de 14.6.

Respecto a la prestación de servicios públicos esenciales, nuestro país se ubica por debajo de la media, con un índice de 5.9, en el corte de las naciones con mayores dificultades para hacer frente a las presiones externas, al nivel de Nicaragua, Bolivia y Filipinas. Los países más destacados en este indicador son Finlandia, Islandia y Canadá con 0.6, 0.7 y 0.8 respectivamente, prácticamente libres de riesgos. De nuevo, la nación con mayor fragilidad es Yemen con 10.0.

Prestar atención especial a las distintas amenazas, reales e hipotéticas, constituye el pilar fundamental en la estrategia para solventar las posibles fallas del Estado mexicano, pues haría más fácil impulsar aquellas reformas que verdaderamente el país necesita, y posponer las que los corazones ideologizados mandan.

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