“Se acabó la corrupción”, “como se barren las escaleras, de arriba para abajo”, “si el presidente es honesto, todos los demás van a ser honestos”, fueron algunas de las consignas con las que Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña, hasta ahora en su administración como presidente de la República, ha prometido terminar con uno de los males que aquejan al país desde tiempos postrevolucionarios: la corrupción. Actividad que, durante el sexenio de Peña Nieto “había alcanzado niveles agraviantes y escandalosos por los montos desviados y por los mecanismos de ocultamiento”.
Sin embargo, cuando López Obrador presentó sus 50 compromisos para luchar contra la corrupción, se reveló también “su peculiar concepción del fenómeno como los ejes de su propuesta para enfrentarlo”, dice Jaqueline Peschard, en el capítulo “El dudoso combate a la corrupción” del libro Balance Temprano, editado por Grano de Sal, y coordinado por Ricardo Becerra y José Woldenberg, que presenta una análisis de los dos primeros años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
“Si algo ha caracterizado al gobierno de AMLO es que las políticas que diseña y despliega no se abren a la deliberación con voces y posiciones distintas, en primer lugar por su vocación concentradora del poder, pero también porque no lo necesita, debido a que cuenta con la mayoría en el Congreso y porque, hasta ahora, el presidente de la República ha mantenido un alto nivel de respaldo popular.”
En su análisis, destaca el desinterés que el fundador de Morena mostró por retomar el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en los 4 años anteriores y que promovía un diálogo estrecho entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y algunas organizaciones de la sociedad civil. Además, apunta a que “los compromisos identificaban la corrupción como un acto individual, propio de personas carentes de valores morales y sin integridad”, por lo que, para resolver el problema, bastaría con remover a los funcionarios públicos. El énfasis se ubica en la “falta de cualidades morales de las personas como origen de la corrupción” y deja fuera la atención a las redes que actúan al interior de las instituciones.
Peschard escribe sobre los tres grandes lineamientos, inscritos en los 50 compromisos de AMLO:
1. Las acciones para reducir los privilegios y la estructura de apoyos de la presidencia de la República, que incluyen acciones como la venta del avión presidencial y la flotilla del Ejecutivo, la eliminación del Estado Mayor Presidencial y la apertura al público de Los Pinos, como parte del Bosque de Chapultepec, entre otros.
2. La reducción de la estructura burocrática, eliminando el 70% de los empleados de confianza y la extensión de sus días laborales para los que permanezcan; así como la disminución de salarios.
3. Planteamiento de reformas legales para incrementar las sanciones por actos de corrupción, muchas de las cuales ya se contemplaban en legislaciones previas.
Según la exconsejera del Instituto Federal Electoral, en aquel entonces, los lineamientos “subrayaban la idea de adelgazar al máximo el aparato del servicio público, primero para convertir dicha acción en sinónimo de integridad y, posteriormente, para aprovecharla y obtener recursos adicionales para los programas prioritarios del gobierno”.
El divorcio del gobierno de Andrés Manuel y las organizaciones de la sociedad civil
Desde el 2015, el Sistema Nacional Anticorrupción, fue creado como una instancia de coordinación entre entidades encargadas de combatir la corrupción y el Comité de Participación Ciudadana, compuesto por organizaciones de la sociedad civil, con el fin de vigilar tanto a los servidores públicos y particulares, como a las instituciones. Sin embargo, “con la llegada de AMLO al poder se modificó la relación sociedad civil-gobierno en materia de combate a la corrupción”.
El clima de confrontación, provocado por la polarización animada desde el discurso presidencial que rechazó todo lo que no viniera desde su trinchera, o estuviera alineado con su proyecto de nación, dejó a la sociedad civil fuera del espacio público.
El gobierno de López Obrador evitó nombrar al titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, argumentando que significaría gastar en la creación de nuevos cargos públicos, a pesar de que existía una resolución judicial para cumplir con los principios básicos de transparencia.
En consecuencia, la Secretaría de la Función Pública se convirtió en la cabeza del Comité Coordinador, circunscribiendo las actividades del SNA a lo propuesto por el AMLO en el documento titulado Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión pública 2019 – 2024.
Por otro lado y contrario a todo lo que debería de promover el combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, promovió la cancelación de los formatos de declaración patrimonial para los funcionarios públicos, “con el argumento de que había que aligerarlos y asegurar que correspondieran mejor a los cálculos y los objetivos del nuevo gobierno”. La declaración se retrasó un año y, aún así, se señalaron omisiones de diferentes funcionarios, incluyendo a la misma Secretaria, quien tiene distintas propiedades inmobiliarias no declaradas que, según dijo John Ackerman, su esposo, son fruto de “obsequios” de sus familiares.
Ya con la pandemia, Jaqueline Peschard apunta que, a pesar de que por ley el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción debe reunirse cada tres meses, la Secretaría de la Función Pública “ha sido renuente” a que se convoque a una reunión virtual.
Otro problema que enfrenta el SNA, es que, por incumplimiento del Senado, el proceso de renovación del Comité de Participación Ciudadana se encuentra detenido, “por lo que en lugar de contar con cinco integrantes, solo tiene tres y, si no se cubren las vacantes, la agencia ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, puede caer en inoperancia por falta de quórum en febrero de 2021, cuando su actual presidenta deje el cargo”, apunta Peschard.
Más allá del discurso, según la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental de 2019, “que mide la satisfacción de los ciudadanos al realizar trámites y pagos, o requerir servicios públicos”, tuvo un alza del 7.5% en el el número de víctimas de corrupción en al menos un trámite. Por su parte, en ese mismo año, el costo de la corrupción incrementó en 64.1%, al ubicarse en $12,769 716 766 pesos.
A este resultado se suma el hecho de que no se ha cumplido con la promesa que hizo al inicio del sexenio Eréndira Sandoval como titular de la SFP, sobre reducir al 30% las adjudicaciones directas que, además, estaban prohibidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. Al contrario, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el gobierno de López Obrador las adjudicaciones directas han representado 78.2% de los contratos firmados.
Información de: Infobae
