AVISO DE CURVA Rubén Olvera Marines

27 noviembre 2020
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Primer tercio de AMLO, balance democrático

La democracia no inició o se instauró en México con el cambio de Gobierno el primero de diciembre de 2018. Sin embargo, el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República significó un viraje ideológico y político importante, llegando a considerarse como la más grande oportunidad para emprender un salto cuantitativo y cualitativo, no sólo en la democracia procedimental, identificada por la celebración de elecciones libres y por la práctica de una efectiva división de poderes, sino también en la sustantiva, caracterizada por la libertad y soberanía popular, respeto a los derechos humanos, la igualdad y el desarrollo compartido.

Por lo tanto, es inevitable que, al cumplirse el primer tercio de la alternancia hacia un gobierno de izquierda, realicemos algunos balances respecto al empuje que el Presidente de la República ha dado para consolidar un Estado plenamente democrático y próspero.

En este propósito, comparar la grafía política actual con respecto a la forma en la que los denominados gobiernos neoliberales transitaban hacia la democracia, puede aproximarnos a establecer algunos balances preliminares.

Comencemos explorando la división de poderes. Al respecto, se puede decir que la balanza se encuentra ligeramente inclinada hacia el “pasado”, aunque sea más por elementos simbólicos que efectivos.

Todo inició a mediados de 2019 cuando, a base de filtraciones, incluyendo algunos escarceos de la Unidad de Inteligencia Financiera, prácticamente se le condicionó la renuncia al entonces magistrado Eduardo Medina Mora, personaje identificado con las administraciones panistas y priistas que antecedieron a AMLO.

La extraña renuncia, seguida del arribo de Margarita Ríos-Farjat, cercana a la Cuarta Transformación, como nueva magistrada, levantó algunas suspicacias respecto a lo que podría ser, en lo sucesivo, la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Más recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se vio envuelta en la polémica, al considerar constitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes planteada e impulsada por el Presidente de México.

Por lo que, siendo la consulta un asunto político de primer orden, la independencia del Poder Judicial respecto a los intereses del Ejecutivo, fue cuestionada, sobre todo en los círculos académicos y periodísticos. El Presidente obtuvo una herramienta poderosa en términos políticos, a cambio del desgaste, al menos mediático, de la Corte.

No obstante, como dije, en realidad no existen elementos objetivos y fehacientes que nos inviten a pensar que López Obrador está maniatando o tiene captado a la SCJN. Lo que sucede es que el Presidente ejerce su poder, forja política, y lo hace públicamente.

Respecto a la relación con el Legislativo, la balanza se inclina a favor de AMLO, ya que, si bien ha utilizado la mayoría que su partido y aliados tienen en ambas Cámaras, como medio para asegurar algunas de sus iniciativas, sobre todo la desaparición de los fideicomisos que, a la fecha, se entiende como la acción presidencial más polémica, no significa que haya violentado algún principio de la democracia procedimental.

En democracia, la mayoría tiene el derecho de imponerse hasta donde la ley se lo permita. Si eso, como es natural, incomoda a la oposición, pues entonces, en vez de señalar un supuesto autoritarismo, habrá que trabajar para el 2021.

Las elecciones son un elemento democrático que el actual régimen ha señalado como un punto negro de las pasadas administraciones. La imagen del fraude en 2006 y los gastos excesivos de campaña en 2012 constituyen en ingrediente utilizado para marcar distancia del pasado. En este sentido, la balanza, al menos desde la perspectiva de los simpatizantes de la 4T, muestra una importante inclinación a favor del Presidente.

En lo que va de su administración, dos jornadas electorales en el ámbito local se han llevado a cabo (junio de 2019 y octubre de 2020), en ninguna de ellas han aparecido señales de una intromisión evidente y total del Gobierno Federal a favor de los candidatos de Morena y sus aliados; de hecho, en las más recientes elecciones celebradas en Coahuila e Hidalgo, el partido de López Obrador cargó con la derrota.

La crítica hacia el Presidente de la República se presenta en dos sentidos. Por una parte, el trato irreverente e inquisitorio para los partidos de oposición y para los gobernadores que conforman la Alianza Federalista. Lo cual, por cierto, AMLO tendrá sus razones. Pero de ello, junto a los retos en la democracia sustantiva, hablaremos en otra ocasión.

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